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Mano tendida del Gobierno hacia las comunidades del PP de cara a la conferencia sectorial de mañana, en la que se debatirá el reparto de niños inmigrantes para aliviar la presión de Canarias. A la espera de que cada autonomía concrete su postura, los populares mantienen sus reticencias porque no hay una concreción exacta de la financiación en el nuevo sistema pactado entre el Estado y el Ejecutivo de las islas, que Coalición Canaria comparte con el PP, para que la acogida en la Península deje de ser voluntaria y se convierta en obligatoria.
El Gobierno no esconde su inquietud porque este cambio en la ley de Extranjería requiere del voto del grupo popular o de su abstención y en estos momentos no está garantizado nada. Por eso este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tanto la portavoz, Pilar Alegría, como el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, han pedido al PP "responsabilidad" y "altura de miras" ante la situación de estos menores, más de 6.000, que se encuentran en Canarias.
El Ejecutivo contempla con sorpresa la existencia de divergencias entre las comunidades del PP, con un discurso en las islas y en Ceuta y Melilla y otro muy distinto en el resto". Pero aún así, espera poder llegar a un acuerdo porque la fórmula actual ha sido un fracaso y la solidaridad con Canarias ha sido muy poco. Históricamente, los que más se han implicado han sido catalanes y vascos.
El apoyo del PP es fundamental porque gobierna la mayoría de autonomías en España y sin su concurso la modificación del modelo puede resultar inaplicable. Pero también porque se necesita su voto. Junts ha reclamado que la distribución de niños por todo el territorio peninsular no afecte a Cataluña porque tiene pendiente la delegación de las competencias en inmigración. El Gobierno se niega a esta demanda y eso impide que pueda contar con su respaldo. "La petición que ha hecho Junts no es aceptable", aseguran fuentes gubernamentales.
El propio ministro de Política Territorial garantizó hoy públicamente que el reparto de menores se realizará por el "conjunto de todas las comunidades". Todas las autonomías, dijo la portavoz, "tenemos que ser solidarias". Es una cuestión de "humanidad" que "afecta de una manera muy importante a niños y a niñas".
Génova se enfrenta a la vez a la amenaza de Santiago Abascal de romper los gobiernos donde el PP cuenta con su aval . Los populares ignoran el órdago de Vox y sus discurso es que están dispuestos a seguir acogiendo a los menores inmigrantes en sus comunidades, pero con el método actual y no mediante una reforma de la Ley de Extranjería para forzar el reparto. Eso sí, como ha especificado el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, la "solidaridad" de sus territorios tiene un límite, y exige al Gobierno que tenga en cuenta la saturación de las distintas regiones y se habiliten "más medios" materiales y económicos.
De hecho, Sémper ha vinculado el visto bueno de sus CCAA a seguir acogiendo inmigrantes a que el Ejecutivo habilite un "fondo de contingencia" para hacer frente a la "emergencia migratoria" por la que atraviesan especialmente Canarias, Ceuta y Melilla. El portavoz nacional del PP ha solicitado, además, que el Gobierno tenga en cuenta la "asimetría" de cada territorio, admitirendo que hay regiones más al límite que otras en materia de acogida, como es el caso de Comunidad Valenciana, la Región de Murcia o Andalucía. Para el reparto, ha incidido, deben primar "criterios racionales y humanitarios". Todo esto para la distribución de niños pendiente para este año, 400, dentro del sistema voluntario, que es el que se seguiría aplicando en el futuro si no hay cambio en la ley.
Hay que recordar que el borrador de la reforma de la Ley de Extranjería pactada entre el Gobierno y Canarias y presentada a los distintos grupos parlamentarios incluye un compromiso explícito sobre aprobar "las medidas que se estimen necesarias" para "establecer una financiación suficiente" y poder cumplir con el pacto migratorio. En 2021 se aprobó, además, un Plan de Respuesta ante la Situación de Contingencia Migratoria Extraordinaria para los menores inmigrantes, que incluyó una partida de 20 millones de euros destinado a "la atención de los niños, niñas y adolescentes no acompañados".
"El PP ha estado siempre concienciado con la situación límite que vive Canarias, pero es el Gobierno el que debe garantizar los medios y la fórmula para hacerlo", incidía el portavoz nacional, que ha afeado una vez más que el Gobierno no haya informado ni a Génova ni a sus CCAA sobre la propuesta de reforma de la ley. "Queremos información, saber en qué condiciones llegan los menores, de qué países proceden, qué pretenden hacer con esos menores, qué condiciones tendrán, con qué perspectivas se les acogerá, de qué manera llegan a las comunidades autónomas, cuánto tiempo van a estar... Y queremos que todo sea público y firmado, que esté por escrito", enumeraba.
Sémper elevó también la apuesta frente a Vox e incidía en que no aceptará sus "chantajes". El órdago de Abascal, que amenaza con romper sus gobiernos autonómicos con el PP, no hará a los populares cambiar de idea o de criterio respecto a la acogida de inmigrantes. "Las amenazas no funcionan con Feijóo. Que se vayan olvidando. Ellos verán lo que hacen", y zanjaba: "Los problemas hay que resolverlos, no incendiarlos".
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