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A la segunda va la vencida. El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de ley orgánica para otorgar las competencias de Tráfico a la Policía Foral de Navarra, cometido que hasta ahora desarrollaba la Guardia Civil. Es la solución pactada con el Gobierno de María Chivite después de que el Tribunal Supremo tumbase el real decreto con el que el Ejecutivo central acordó la transferencia. El traspaso de la competencia, duramente criticado por el PP, fue uno de los requisitos que exigió Bildu para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2023, aunque Sánchez ya se la había prometido al PNV.
Para que el traspaso sea efectivo, tal y como estipuló el Supremo, previamente, el Parlamento navarro ha aprobado una modificación de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna), la norma que equivale al Estatuto que tienen el resto de comunidades. La actualización, a la que se opusieron el PP y Vox en la Cámara regional, contó con el voto afirmativo del resto de grupos (45 de los 50 parlamentarios), también de UPN. Una vez dado este paso, el Ejecutivo central debía aprobar el anteproyecto de ley para cerrar definitivamente el traspaso, que ahora tendrá que ser ratificado por el Congreso.
La transferencia ha estado envuelta en una fuerte polémica. Que la Policía Foral asuma la competencia de tráfico es una vieja reivindicación, defendida también por UPN, pero que Sánchez la acordase a cambio del apoyo de Bildu desató fuertes críticas en el PP, Vox y Ciudadanos. Una vez conocido el acuerdo, Cuca Gamarra, portavoz de los populares en el Congreso, censuró que Sánchez estuviese dispuesto a respaldar una “reivindicación de los herederos de ETA” y señaló que la cesión era una “humillación” para las víctimas del terrorismo y para la Guardia Civil. Santiago Abascal e Inés Arrimadas llegaron a participar en una de las concentraciones convocadas en Pamplona para denunciar el pacto.
Aunque el acuerdo con Bildu estipulaba que la transferencia tenía que estar lista para el 31 de marzo de 2023 —finalmente se ejecutó el 1 de julio de 2023—, quedó en suspenso a raíz de una denuncia interpuesta por la Asociación Justicia Guardia Civil (JUCIL). El Tribunal Supremo estimó la denuncia de la entidad y tumbó el real decreto que articuló, en una primera intentona, el traspaso. El TS señaló que para que Navarra pudiera asumir la competencia hacía falta una modificación de la Lorafna.
“La realidad es que del estado competencial existente al tiempo de promulgarse la Lorafna no se deduce que la Comunidad Foral tenga una competencia que incluya las funciones que, en su lugar, ejerce la Guardia Civil", sostenía la sentencia. "Sí las que ejerce en concurrencia, pero en esa concurrencia Navarra ejerce una competencia concretada en funciones de colaboración o cooperación con la Guardia Civil y son las que esta ejerce las que pretenden traspasarse sin ostentar Navarra un título competencial". Es decir, el Supremo no imposibilitaba el traspaso, sino la forma en la que se ejecutó. Para sortear el fallo, el Ejecutivo central y el navarro acordaron reformar previamente la Lorafna, actualización a la que el Parlamento navarro dio luz verde el pasado mes de mayo, y posteriormente, el anteproyecto de ley para su convalidación, paso que ha recibido este martes el visto bueno del Consejo de Ministros.
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