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Coalición Canaria ha reclamado al Gobierno que retire la reforma de la ley de extranjería que se vota esta tarde en el Congreso ante el riesgo de que no salga adelante, al no contar con el voto afirmativo del PP ni de Junts. “Si no hay garantías de que se admita, que se quede sobre la mesa”, explican a El Confidencial en el equipo del presidente canario, Fernando Clavijo, presente en el debate parlamentario. A la petición de retirada se ha unido el PP durante el debate, que ha demandado más tiempo para negociar.
CC mantiene conversaciones a varias bandas para “forzar las negociaciones hasta el final”. Su diputada, Cristina Valido, ha subrayado la situación de extrema gravedad que viven las islas, donde hay 6.000 menores extranjeros no acompañados esperando a ser reubicados en la Península. "Con toda la tristeza les voy a pedir que sigamos hablando. Yo no puedo llegar a Canarias y decir que no ha prosperado esta ley", rogaba la diputada desde la tribuna de oradores.
El PP se queja de que el Ejecutivo central no atiende a ninguna de sus condiciones para la futura ley de Extranjería. "Toda su voluntad de negociar han sido cuatro whatsapps", se quejan. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha contactado esta mañana con el portavoz del PP, Miguel Tellado, para ofrecerle la celebración de una Conferencia de Presidentes después del verano, un gesto con el que esperaban atraer a los populares a la abstención. Pero Génova insiste en que es "insuficiente".
Los populares reiteran que la Conferencia de Presidentes debería celebrarse "cuanto antes", no en un par de meses y "sin carácter de urgencia". Inciden, además, en que el Ejecutivo no ha dado seña alguna para aceptar el resto de sus requisitos para votar a favor del trámite parlamentario, como la declaración de la emergencia migratoria nacional —no sólo en Canarias, Ceuta y Melilla, como estipula el texto de PSOE, Sumar y CC— o la estipulación de un plan dotacional por parte del Estado con un fondo de contingencia para ayudar a las comunidades ya saturadas por la acogida de inmigrantes.
El PP ha puesto toda la presión sobre el Gobierno. No sólo Génova, sino también las comunidades autónomas gobernadas por los populares. Muchas de ellas no veían con buenos ojos desde el principio el propio esqueleto de la ley, y se negaban a que el Gobierno tuviese la prerrogativa de forzarles a acoger inmigrantes de forma obligatoria. Dos regiones gobernadas por el PP (Comunidad de Madrid y Aragón) han anunciado acciones judiciales contra Sánchez para elevar la presión y que convoque de forma urgente la Conferencia de Presidentes.
La dirección nacional del PP dejó ayer una rendija abierta a la abstención si el Gobierno cedía in extremis y le daba señas claras de que implementaría sus condiciones en el texto legal durante el trámite de enmiendas. El Ejecutivo, consciente de que no contaba con los apoyos, citó a última hora de la tarde del lunes a la vicesecretaria del PP, Ana Alós. Pero al encuentro, celebrado de forma telemática, no acudió la ministra Sira Rego, sino que delegó en un secretario de Estado y un jefe de gabinete. Fuentes del Ministerio de Infancia matizan que la ministra no se personó porque plantearon la reunión entre segundos niveles, no con el portavoz parlamentario del PP.
Desde el Gobierno culpan al PP por la falta de predisposición a alcanzar un acuerdo, y recuerdan que el Ejecutivo ya ha aceptado una de las condiciones del PP, que es garantizar que todas las regiones, incluida Cataluña, participen en el reparto de menores migrantes. Pero el PP no lo considera suficiente. El PP confirmó ayer su 'no' a tramitar la proposición de ley, postura que ha confirmado la diputada Ana Alós en la tribuna del Congreso este martes.
En línea con Coalición Canaria, la responsable de Infancia del PP ha exigido también al Gobierno que retire la reforma de la Ley de Extranjería para debatir de forma sosegada el trámite e intentar llegar a una solución para aliviar el "colapso" que sufre Canarias. "Esta modificación no cambia nada. Se sigue con el 'yo reparto y tú te apañas'", censuró la portavoz popular.
Hay que recordar que este martes sólo se debate la admisión a trámite de la ley, no su aprobación definitiva. Sin el PP, la norma caerá. Junts, socio clave del Ejecutivo, también ha confirmado su voto en contra al primer filtro parlamentario de la norma. "Esta ley ni da tranquilidad ni da seguridad, ni a unos ni a otros. Ningún partido catalán que conozca la realidad de Cataluña puede aceptar esta ley en estos términos", lanzó la portavoz independentista, Miriam Nogueras, que solicitaba también la retirada de la ley y recordaba al Ejecutivo que están "negociando" con Junts la delegación de las competencias migratorias a la Generalitat.
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