Las derrotas cambian el funcionamiento del Gobierno: las leyes se deben pactar antes con todos los socios

El Gobierno ha aprendido a fuerza de guantazos esta legislatura. La debilidad de su mayoría parlamentaria y la consecución de citas electorales mantiene la acción política congelada. La Moncloa ya sabía que, aunque tiene votos suficientes en el Congreso, ni iba a ser fácil convivir con las exigencias de Carles Puigdemont ni tampoco poner de acuerdo al heterogéneo grupo de partidos que le apoyan, con formaciones como PNV y Junts, más a la derecha.

Y, aun así, ha sido necesario un periodo de adaptación para desprenderse de los vicios de estos años, en los que tenían más formaciones a las que atraer y estaban seguros de que ninguno de sus socios, en temas vitales, quería alinearse con PP y Vox.

Las primeras derrotas del Ejecutivo de coalición que, al comienzo de este año no pudo convalidar un real decreto ley de reforma del subsidio por desempleo por el voto en contra de Podemos, han cambiado la dinámica interna del propio Gobierno.

El PSOE y Sumar se han impuesto que no se elevará nada al Consejo de Ministros si no cuenta previamente con los votos necesarios para ser aprobado en el Congreso. Esta decisión, confirmada por ambas formaciones, modifica totalmente el funcionamiento habitual.

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Nunca hasta ahora se ha cuantificado el apoyo, como paso previo a que el Gobierno impulse una ley. La nueva reforma del subsidio de desempleo, que el Consejo de Ministros aprobó hace dos semanas, estuvo en el aire hasta el día de antes, cuando por fin se confirmó que disponía del respaldo suficiente para su convalidación en la Cámara.

Cada ministerio tiene, además, la obligación de negociar directamente para que no se repita lo que sucedió con el primer real decreto ley caído esta legislatura. Formaba parte de un paquete de tres, que hubo que negociar de manera agónica con Junts y, en parte, con Podemos. La falta de coordinación entre el PSOE y Sumar a la hora de afrontar las conversaciones incidió también en este batacazo parlamentario.

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En estos momentos, estas son las normas. Y pese a actuar con esta prevención, el Ejecutivo se ha visto obligado estos días a retirar la modificación de la ley del Suelo. Se aprobó en el Consejo de Ministros en marzo pasado, cuando ya operaba la autoimposición de tener los votos, pero el bloque socialista jura y perjura que entonces contaba con la aquiescencia del PP para sacarla adelante, por el interés que tenía en el cambio el sector inmobiliario y sus propios ayuntamientos.

El resbalón en este caso fue que la votación de las enmiendas a la totalidad —presentadas por sus propios socios, Junts, ERC y Podemos— se produjo con el comienzo de la campaña electoral de las elecciones europeas. Una circunstancia que indujo a Sumar a anunciar que las respaldaría ante el temor de un mal resultado el 9-J.

Están muy "preocupados", señalan fuentes socialistas, porque ellos pensaban que Podemos "iba a desaparecer" y en las encuestas aparecen muy igualados. "Quieren distanciarse a toda costa de nosotros".

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En definitiva, que Sumar se vio atrapado. Algo que el PSOE no supo prever. Como tampoco midió que el PP, de quien dependía también la tramitación de la ley para la abolición de la prostitución, podía tener la tentación de no salvarles en plena precampaña electoral solo para demostrar que es cierta su denuncia sobre la debilidad parlamentaria del Ejecutivo. Y que una vez que esto sucedió, para los populares resultaba políticamente goloso volver a hacerlo con la ley del Suelo. Por eso el Gobierno la retiró.

Estos nuevos batacazos en la Cámara han provocado también una reflexión y obligan a cambios. Uno, más difuso, porque hasta las andaluzas de junio de 2026 no hay elecciones a la vista, es no llevar a votación nada en época electoral. Y dos, si hay leyes técnicas que se pretenden sacar con el PP y prácticamente solo con el PP, como pasaba con la ley del Suelo, que las impulsen los grupos parlamentarios y no el Consejo de Ministros.

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