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"Lo vamos a intentar. Si no quieren romper la negociación otra vez, lo vamos a intentar". Con estas palabras, Alberto Núñez Feijóo corroboró el pasado miércoles que esta vez sí existe predisposición a pasar página por fin de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El optimismo es aún comedido. Ni en el PP ni en el Gobierno se atreven a poner la mano en el fuego sobre la posibilidad de que este último acercamiento termine en acuerdo. Pero en Génova se ha producido un cambio evidente de actitud respecto al cerrojazo que exhibieron hace unos meses, en plena refriega por el intenso ciclo electoral.
En la propia cúpula popular admiten, en privado, que están haciendo "guiños" al Gobierno para demostrar su predisposición a negociar, aunque, eso sí, siempre bajo el paraguas de la Comisión Europea. Bruselas empuja a las dos partes a firmar un pacto a ser posible antes de que se publique el informe anual sobre la situación del Estado de Derecho de España, previsto para finales del mes de julio. La influencia comunitaria pesa, y mucho, para Alberto Núñez Feijóo, que se esfuerza en mejorar su relación con Ursula von der Leyen para que le ayude en su batalla contra la amnistía.
Aunque desde ambas partes niegan que se hayan producido encuentros bilaterales en los últimos días, lo cierto es que distintos dirigentes deslizan que el hilo de comunicación está abierto, a la espera de que se produzca una nueva reunión formal cuando el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, se reincorpore tras su excedencia. Y esa voluntad del líder del PP a negociar con el PSOE para buscar un acuerdo volverá a encontrarse con importantes resistencias internas.
El malestar al que puso cara Isabel Díaz Ayuso —pero que recorría a importantes sectores del partido— lastró finalmente el último intento de acuerdo sobre el CGPJ, en otoño de 2022. Esta corriente discurría lejos del discurso conciliador de Génova y susurraba a Feijóo los riesgos que entrañaba el acuerdo. Casi dos años después, y ante el tímido tanteo entre PSOE y PP, esa dinámica vuelve a repetirse.
La presidenta de la Comunidad de Madrid marcó esta semana sus límites. Y lo hizo en público, aunque en su entorno reiteraban desde hace días que un hipotético pacto con Sánchez a estas alturas sería un "error". Ayuso advirtió que el cambio del sistema de elección de los jueces debía ser "lo primero" antes de abordar el desbloqueo del CGPJ para evitar un nuevo "engaño" de parte del jefe del Ejecutivo. "Nos va la democracia en este juego. No podemos fallar, tenemos que acertar en esto", alertó.
Pero hace tiempo que Feijóo dejó atrás esa fórmula. En Génova asumían que la renovación de la cúpula judicial debía hacerse con el sistema actual, aunque con la condición de tramitar en paralelo una proposición de ley para garantizar que "los jueces elijan a los jueces" de aquí en adelante. Ese requisito también ha desaparecido del argumentario de Génova en los últimos días, donde han optado por una posición más flexible, bien para intentar allanar el acuerdo o bien para no quedar una vez más como culpable si vuelve a saltar todo por los aires.
Desde la dirección del PP reiteran que "todas las medidas que garanticen la independencia judicial son innegociables" y que "lo importante es que haya una propuesta de despolitización para que nadie intente manejar a los jueces", pero sin entrar a definir las pautas. Más allá del ambiente posibilista que se respira en Génova, otros dirigentes del partido respaldan a Feijóo en su predisposición de intentar cerrar de una vez por todas este capítulo, aprovechando la ausencia de elecciones en el horizonte y el menor impacto mediático por el arranque del periodo estival.
"Antes de unas elecciones, la posición de los partidos puede estar influenciada por el resultado electoral. Ahora puede ser el momento. Que no exista esa presión, sin duda, ayuda", reflexiona un presidente autonómico, proclive a firmar cuanto antes un acuerdo incómodo para el PP. Diversas fuentes territoriales respaldan también la apuesta de Feijóo por suavizar su postura en los últimos días e, incluso, la búsqueda de una fórmula intermedia. "Un acuerdo significa que las dos partes tienen que quedar un poco insatisfechas", inciden.
Otras voces de los populares se inclinan también por intentar un consenso, sin perder de vista, eso sí, la desconfianza con el Gobierno. En este sector del PP se apuesta de forma decidida por abrirse a la negociación porque "hay que tener sentido de Estado, aunque luego no se entienda en la barra del bar", a la espera de que el PSOE responda con la misma predisposición. Fuentes de la dirección nacional añaden su convicción de que un hipotético entendimiento no tendría un impacto excesivamente negativo en sus votantes si se consigue ganar "el relato" al PSOE.
Pero no es la opinión de otras voces de peso en el PP, encuadradas dentro de lo que se denomina como el 'sector duro' del partido. Ayuso no está sola. Hay otros presidentes autonómicos y dirigentes que, o bien rechazan de forma directa cualquier tipo de pacto con Sánchez; o bien piden a Feijóo no ceder ni un milímetro en sus condiciones previas por temor a un nuevo "engaño". "Pero, ¿nos estamos volviendo locos? Por supuesto que Sánchez no quiere despolitizar nada", retrata una fuente de esta corriente.
En los últimos días, también ha ganado peso la tesis de que Sánchez está realmente "buscando excusas" para "hacer luego lo que le dé la gana" y que no intentará tantear un punto de encuentro con Feijóo. Desconfían en el PP del "tono desafiante" que ha empleado en los últimos días el jefe del Ejecutivo. "Si quiere un acuerdo, desde luego no lo parece", dicen. Y recelan del hecho de que no haya retirado aún su ultimátum como gesto de buena voluntad, tal y como le exigió Feijóo para intentar avanzar. El tono optimista de Génova desaparece en este punto: si Sánchez sigue adelante con una reforma unilateral de la ley del Poder Judicial, "se acabó".
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