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Nuevo choque de Emiliano García-Page con la dirección del PSOE. Y esta vez, no son solo declaraciones. El presidente de Castilla-La Mancha pone en marcha el proceso para recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de amnistía, que esta semana ha quedado definitivamente aprobada en el Congreso.
Page se alinea así con los dirigentes autonómicos del PP de Madrid, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Cantabria y Andalucía, que ya han anunciado también recurso. El Gobierno manchego va a solicitar esta semana al Consejo Consultivo el informe preceptivo antes de acudir al Constitucional.
El propio presidente lo anunció este viernes, durante el acto institucional con motivo del día de la región, celebrado en Toledo, donde adelantó "el deseo y la confianza de que el Consejo Consultivo nos dé vía libre para defendernos en el Tribunal Constitucional". El recurso, según el razonamiento que apuntó, se sustentará sobre la consideración de la amnistía como "una agresión al concepto de igualdad".
El barón socialista cruza así una nueva línea en el distanciamiento que mantiene con Pedro Sánchez, con quien ya ni siquiera habla. Desde que llegó a la Moncloa y comenzó una etapa de entendimiento con el independentismo, las críticas de García-Page han sido constantes. En Ferraz las han sobrellevado como podían porque, asumían, que es un presidente con mayoría absoluta.
Pero los episodios más tensos con él han sido, precisamente, cuando han entendido que le hacía el juego al PP. En enero pasado, en el marco de Fitur, tuvo un encuentro con los presidentes populares, a la vista de los medios de comunicación, en el que acordaron reclamar al Ministerio de Hacienda un fondo extra por la infrafinanciación. Este hecho, aliarse con la oposición en contra del propio Gobierno, produjo mucho malestar en Ferraz y en la Moncloa.
La relación con Sánchez ya es muy mala, apenas se intercambian algún mensaje, y solo en momentos muy puntuales, por la victoria del manchego o la investidura del presidente del Gobierno. Pero el contubernio de Fitur lo alejó todavía de la dirección socialista.
La presentación del recurso de inconstitucionalidad profundiza en esta brecha. No solo va en contra de la doctrina del Ejecutivo sobre la absoluta constitucionalidad de la norma. También ignora el elemento político que se produjo en las elecciones catalanas del 12 de mayo, cuando, por primera vez en cuatro décadas, no hay una mayoría independentista en el Parlament.
La cúpula socialista ha esquivado ir al choque con él y la única respuesta por ahora sobre la posibilidad de recurrir es que "está en su derecho".
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