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Los dos policías que ejercen como acusación en la causa de Tsunami Democràtic han declarado este martes como testigos ante el juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea. Ambos resultaron heridos el 18 de octubre de 2019, durante las protestas contra la sentencia del procés. "Nos consideramos víctimas de terrorismo", ha afirmado uno de ellos a su salida del juzgado. "Según me levanto y me meto en la ducha, veo una cicatriz de 18 centímetros en mi antebrazo: ¿creen que se puede pasar página?".
La representación de los dos policías sostiene que uno de ellos recibió "un impacto muy fuerte (...) que golpeó sobre el lado derecho de su casco, cayendo al suelo desplomado y perdiendo el conocimiento por completo". El otro, que se llama Ángel Hernández y es el que ha atendido a los medios tras finalizar su declaración, sufrió "un fuerte impacto en su mano" que le obligó a jubilarse de manera anticipada "tras varias intervenciones quirúrgicas".
Los dos han insistido en el alto nivel de organización de las protestas durante su declaración. Ellos fueron desplegados en la plaza de Urquinaona y en Vía Laietana de Barcelona, donde "la lluvia de adoquines" fue constante.
Hernández ha relatado que, nada más bajarse de la furgoneta, también les lanzaron cócteles molotov. Uno alcanzó a un compañero y prendió fuego a su ropa, pero lo único que pudo hacer fue "mantener la posición". Sobre las 21:15, cuando recargaba munición en la calle Jonqueres, una piedra le impactó en el brazo y otra en el omoplato. Los otros agentes le evacuaron al hall de la jefatura de la Policía Nacional y, tras cortarle la manga del uniforme, vio cómo "el hueso asomaba en el antebrazo".
Tras informarle de que iban a ponerle un calmante, escuchó por radio que otro compañero estaba herido de gravedad. Varios agentes trasladaron minutos después a este segundo policía al mismo hall y lo tumbaron en el suelo. "Solo se oía decir que no puede respirar", describió ante el juez, según fuentes presentes en su declaración. "Y en ese momento empieza a convulsionar".
El agente que quedó inconsciente explicó este martes que cuando despertó ya estaba en el hospital. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue a visitarles días después y publicaron una serie de fotografías a través de su equipo de prensa. También ha apuntado a que sus vecinos le hostigaron al enterarse de que era policía y le pincharon las ruedas de su coche. Aquella situación le llevó a vender su casa y a marcharse del municipio.
Según apuntan las mismas fuentes, las defensas han tratado de preguntar a uno de los policías si consta como investigado en otro procedimiento por maltrato de detenidos, pero el juez le ha interrumpido al considerar que no resultaba procedente.
"Una auténtica salvajada"
El abogado de los dos policías, José María Fuster-Fabra, también ha remarcado el alto nivel de organización de las protestas a la salida del juzgado. "Han explicado que cuando se lanzaba una bomba de humo, aparecía inmediatamente alguien para apagarla. También que gente de las calles adyacentes tomaba relevos a los de primera fila o que sabían perfectamente dónde estaban ubicadas las distintas unidades y en qué momento quedaba desabastecida de material antidisturbios para aprovechar y atacar".
El agente que sufrió la herida en el brazo ha insistido por su parte en las consecuencias de sus lesiones: "Mi integridad física resultó dañada gravemente y psicológicamente también tengo unas repercusiones, unas secuelas" "Lo único que quiero es que se haga Justicia, que los hechos que sucedieron en Barcelona en esas fechas no vuelvan a suceder, porque fueron una auténtica salvajada". "Ese fue mi último servicio... El 21 de mayo de 2021, me jubilaron por una incapacidad permanente total".
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que este martes ha sido sustituido por Gadea, lleva meses advirtiendo sobre la necesidad de aclarar tanto la situación de estos heridos como la "vinculación" entre la muerte de un ciudadano francés por un infarto y el bloqueo al aeropuerto de El Prat que llevó a cabo Tsunami. Frente al argumento de las defensas de que las protestas fueron pacíficas, él considera que no se puede descartar el "ánimo de lesionar u homicida".
García-Castellón ya ha citado a los investigados, entre ellos la dirigente de ERC Marta Rovira, a declarar por videoconferencia desde Barcelona el próximo miércoles. Esta decisión no afecta a Carles Puigdemont, a quien está investigando el Tribunal Supremo por su condición de eurodiputado. En su caso, la jueza Susana de Polo le ha citado a declarar por videoconferencia entre el 17 y el 21 de junio, pero sin concretar en qué ciudad. La representación de los dos policías, que también están personados en el Supremo como acusación, ya han pedido corregir esta decisión y que lo cite en persona.
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