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La dirección del PP tardó horas en marcar posición respecto a la opa hostil de BBVA a Sabadell que ha revolucionado a la clase política y empresarial. El anuncio impactó de lleno en la recta final de la campaña catalana y provocó un rechazo casi unánime entre los grupos que se enfrentan a las urnas. El candidato del PP, Alejandro Fernández, no esperó al posicionamiento de Génova para verbalizar sus reticencias a la operación. "Me preocupa enormemente que afecte negativamente a las pymes catalanas y a la libre competencia. No me gusta", escribió en redes.
Mucho más tajante fue el presidente valenciano, Carlos Mazón, que manifestó poco después estar "absolutamente en contra" de la decisión de BBVA, y que implicaría mover la sede de Banco Sabadell de Alicante a Bilbao. "Es una operación contra la Comunitat Valenciana con un fondo sobre el que ya nos hemos manifestado y unas formas soberbias e intolerables", estalló. Los dos dirigentes populares coincidieron en el diagnóstico del Gobierno y de la Generalitat, que se oponen de manera frontal a la maniobra. Pero Génova no apoyó a sus presidentes territoriales. Optó por una posición mucho más laxa. Y Feijóo se puso de perfil.
La cúpula del PP se vio obligada a hacer equilibrios por la célebre connivencia del líder popular con la clase empresarial y la patronal, por no mencionar a otros presidentes autonómicos del partido que apuestan sin cortapisas por la libertad de empresa. Es el caso de Isabel Díaz Ayuso, que siempre ha criticado que la clase política se entrometa "en los consejos de administración" de las compañías, como sostuvo el pasado martes para cuestionar la política económica de Pedro Sánchez.
"El Partido Popular respeta los acuerdos a los que puedan llegar empresas privadas", arrancaba el comunicado de Génova, en contra del criterio exhibido en público tanto por Alejandro Fernández —que este domingo se enfrenta a las urnas en Cataluña— como por Carlos Mazón. Otras regiones presididas por el PP, como Murcia o Castilla y León prefieren quedarse al margen de una operación que, en principio, "no nos afecta". Por el momento, solo Fernando López Miras ha remado públicamente en favor de la posición de Génova y afirmó tras los primeros tambores de fusión que mientras "no afecte" a los ciudadanos y a los servicios de la Región, "son cosas financieras que tienen que decidir dos empresas del ámbito privado".
El Gobierno se opone a la opa hostil de BBVA y la Generalitat recurrirá a Competencia
Ó. G.
La dirección del PP puntualizó la necesidad de que se posicionen "los organismos competentes", es decir, la opinión tanto del Banco de España como de la Comisión Nacoinal del Mercado de Valores. "Los organismos que tienen la función de velar por el cumplimiento de las reglas determinarán cuál es la afectación a la concentración bancaria y a la competencia", rezaba el comunicado, que incidió también en que cualquier forma de proceder debe pasar por el respeto a "los intereses generales de los puestos de trabajo y a los derechos de los clientes y usuarios de las entidades".
Génova cargó también las tintas contra el Ejecutivo. Aunque no cuestionó el rechazo del Gobierno a la operación, y se centró en la "sobreacutación repentina" de Sánchez por conocer de antemano la hipotética fusión y no "censurarla hasta la víspera del fin de campaña en Cataluña", deslizando un supuesto interés electoralista. La Generalitat, presidida de momento por Pere Aragonès, también anunció su intención de recurrir a las autoridades de Competencia la decisión de BBVA.
Desde su aterrizaje en Génova hace más de dos años, Feijóo ha tejido con mimo una amplia red empresarial para apuntalar su programa económico y conseguir el respaldo de la clase financiera de cara a un hipotético futuro dentro de la Moncloa. Los contactos, públicos y privados, con la élite empresarial de la que forma parte el presidente de BBVA, Carlos Torres, es la tónica habitual de la agenda del político gallego, y explica también la prudencia por la que la dirección popular opta en este tipo de asuntos.
Pero si hay algo que priorizó Feijóo desde su salto a la política nacional fue el refuerzo de las relaciones del PP con la CEOE tras la crisis abierta por su predecesor, Pablo Casado. Génova ha defendido los intereses de la patronal por encima incluso de algunos planteamientos políticos, como fue el caso del apoyo que el líder popular explicitó a la reforma laboral que el PP estuvo a punto de tumbar en su etapa anterior. Y en el caso de la opa de BBVA a Sabadell tampoco ha habido grietas entre Feijóo y Garamendi.
El presidente de la CEOE también respeto este jueves por la decisión del banco presidido por Carlos Torres. Las empresas, dijo, "son libres de actuar, de participar y de hacer ofertas o no", por lo que a su juicio el Gobierno no debería interferir. "Debe dejar que las empresas puedan trabajar", sostuvo Garamendi durante un Foro de Expansión. "Hay una oferta. Los accionistas decidirán", zanjó.
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