La jueza suspende la declaración del novio de Ayuso por fraude fiscal

La jueza suspende la declaración del novio de Ayuso por fraude fiscal

La jueza ha suspendido este lunes la declaración de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por la presunta comisión de dos delitos contra Hacienda y otro de falsedad en documento mercantil. Fuentes jurídicas apuntan a que la ha aplazado al próximo 24 de junio al no haber podido comparecer otro de los investigados.

La Fiscalía sostiene que González Amador defraudó 350.951,41 euros a través del impuesto de sociedades de 2020 y 2021. También destaca que presentó "facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados" y que utilizó un entramado de empresas para esquivar a la Agencia Tributaria.

González Amador estaba citado a declarar este lunes a las diez de la mañana. Decenas de periodistas le esperaban a las puertas del juzgado, pero ha logrado pasar desapercibido y evitar el paseíllo. Finalizada la comparecencia, ha intentado salir por una puerta lateral y, al advertir la presencia de medios, ha vuelto a entrar. Tras más de dos horas de espera, ha terminado por abandonar el edificio en torno a las 14:00 y por otra puerta distinta a la principal.

Según informa Europa Press, testigos presenciales también aseguran que González Amador ha salido de la sala de vistas a la carrera, llegando incluso a ponerse una peluca gris en un ascensor para no ser identificado. Finalmente, ha salido con la cabeza descubierta y un nuevo look: se había rapado y afeitado la barba para ir a declarar. “Todo lo que está pasando es un ejercicio de escapismo”, resumía a la salida del juzgado el diputado de Más Madrid Hugo Martínez, cuyo partido ejerce como acusación popular. “Es un poco surrealista las escenas que estamos viviendo aquí”.

El empresario Alberto González Amador, a su salida del juzgado. (EFE/TV) El empresario Alberto González Amador, a su salida del juzgado. (EFE/TV) El empresario Alberto González Amador, a su salida del juzgado. (EFE/TV)

Este lunes también tenía que declarar el empresario Maximiliano Eduardo Niederer, quien supuestamente le ayudó a confeccionar las facturas falsas. Al no haber podido comparecer, la jueza ha decidido aplazar todas las declaraciones al 24 de junio. Los otros dos investigados son los administradores de sociedades que también emitieron supuestas facturas falsas: David Herrera y Agustín Carrillo.

Un procedimiento paralelo

Antes de que la Fiscalía interpusiera su denuncia ante los juzgados, la defensa de González Amador trató de cerrar un acuerdo para reducir su hipotética condena. El 2 de febrero, su abogado propuso asumir dos delitos fiscales a cambio de saldar el caso con el pago de 525.000 euros y una pena de ocho meses de cárcel, pero las negociaciones se interrumpieron después de que la Fiscalía presentara su denuncia en los juzgados y los medios de comunicación se hicieran eco de la misma.

Beatriz Parera

González Amador pasó entonces al ataque e interpuso una querella por la filtración de documentos de la causa y por la publicación de una nota de prensa en la que la Fiscalía informaba sobre las negociaciones que había mantenido con su abogado. La Fiscalía emitió este último comunicado después de que desde el entorno de Díaz Ayuso aseguraran que había sido el Ministerio Público el que les había ofrecido un acuerdo.

El novio de Díaz Ayuso consideró que la publicación de esta nota de prensa incurría en un delito de revelación de secretos y se querelló contra el fiscal que dirigía la investigación, Julián Salto, y contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) admitió a trámite su querella y ha citado a González Amador para que ratifique la misma este mismo viernes.

Itziar Reyero

Entre las primeras diligencias que ha acordado el juzgado, destaca a su vez la petición a la Fiscalía de que aclare quiénes tuvieron acceso a las actuaciones y quién es "el máximo responsable (en rango) de la carrera fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado". Esta última pregunta adquiere especial relevancia ante lo ocurrido el pasado 16 de abril, cuando el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asumió "la responsabilidad última de esa nota de prensa".



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