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El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha aplazado la declaración de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que estaba fijada para el próximo miércoles 22 y debía efectuarse por videoconferencia desde Barcelona. En un escrito dirigido al Juzgado que instruye la causa de Tsunami Democràtic, su abogado Iñigo Iruín había solicitado un cambio de fecha en la comparecencia porque le coincide con otro compromiso laboral previo.
La defensa de Rovira ha aportado documentación para demostrar que el día en el que estaba citada como imputada por un delito de terrorismo por las acciones de la plataforma tiene otro señalamiento anterior en un juzgado de Donostia, como ha adelantado Europa Press y confirma El Confidencial.
El magistrado ya atendió recientemente la petición de la defensa del jefe de gabinete de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, y suspendió su declaración después de que su defensa pidiera anularla al coincidirle con un señalamiento anterior. García-Castellón ha adoptado la misma decisión con el empresario Oriol Soler, quien también estaba citado este miércoles. "Suspender sine die la declaración", sostiene en una providencia notificada este lunes.
Rechazó que declarara por videoconferencia
Hace solo unos días el instructor rechazó otra solicitud deRovira para declarar desde Suiza. La secretaria general de ERC huyó a este país en 2018, pero en esta causa solo ha facilitado como dirección de contacto la de la sede de ERC en Barcelona. Como desveló El Confidencial, el fiscal Miguel Ángel Carballo ya le reprochó este hecho el pasado febrero: "Si se dice que se encuentra en Suiza, notoriamente el domicilio ofrecido para notificaciones no es el real de la investigada". Rovira no dio su brazo a torcer y ese empeño terminó por volverse en su contra.
"Para llevar a cabo una videoconferencia con Suiza sería necesario expedir una comisión rogatoria internacional, lo que resulta obvio que dilataría las actuaciones de manera indeseada e innecesaria", sostenía García-Castellón. "En el presente supuesto, constando en las actuaciones que el domicilio de la investigada se halla en Barcelona, la videoconferencia con un juzgado de dicha localidad reviste las condiciones para acordar la toma de declaración".
García-Castellón también envió en noviembre una comisión rogatoria a Suiza para que le facilitaran una serie de "datos que permitan la localización" de Rovira, pero las autoridades helvéticas se negaron a colaborar. Según advirtieron en la respuesta remitida al magistrado, su investigación parece tener un "carácter político", no encaja con los indicios de terrorismo por los que ha imputado a Rovira y necesitan más información sobre el efecto que tendría en la causa una hipotética ley de amnistía.
"La explicación resulta manifiestamente inadmisible", respondió el magistrado a Suiza. En este segundo escrito, también señaló que los tratados internacionales les prohíben rechazar la solicitud de asistencia judicial y les ofreció celebrar "una reunión de coordinación" para aclarar cualquier duda.
Para el próximo miércoles, también están citados otros cinco investigados en Barcelona: Xavier Vendrell, exmilitante de Terra Lliure y exsecretario de Organización de ERC; Marta Molina, secretaria de Movimientos Sociales de ERC desde 2022; Jesús Rodríguez, empresario y periodista del periódico La Directa; Jaume Cabani, cerebro económico de la estructura de Puigdemont en el extranjero, y Oleguer Serra, consejero ejecutivo de Òmnium Cultural.
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