El Gobierno catalán anunció esta semana que se acabaron los recortes a la comunidad educativa. En su reunión semanal, el Ejecutivo de Pere Aragonès "ratificó el acuerdo del Departament de Educación del pasado 25 de enero con los sindicatos docentes CCOO y UGT para mejorar las condiciones laborales del profesorado, que supone revertir la totalidad de los recortes en materia de personal docente". El anuncio llega en plena campaña electoral, lo que ha soliviantado a la oposición.
El propio presidente del Govern, Pere Aragonès, y su número dos, la vicepresidenta Laura Vilagrà, ya fueron reprobados por la Junta Electoral por realizar anuncios políticos en la precampaña. Pero ajeno a esa circunstancia, el Govern ha anunciado no solo el fin de los recortes para el personal docente, sino mejoras para el personal de prisiones, que lleva meses con manifestaciones y huelgas intermitentes, y la cuantificación de oferta en empleo público de la Generalitat para el 2024 de 9.033 plazas. "Es un tres en uno, una vulneración con todas las de la ley de la normativa electoral", coinciden en afirmar varios dirigentes de la oposición.
Un diputado de la oposición explica a El Confidencial que ERC "ha perdido el norte. Sus dirigentes están desesperados. Se huelen que pueden darse un batacazo y se lanzan a una huida hacia adelante". Se da la circunstancia de que el acuerdo alcanzado es del pasado mes de enero, pero se ha dejado pasar el tiempo "para hacer coincidir la aprobación y el anuncio de ratificación con la campaña electoral. ¿El Govern no ha tenido más de tres meses para aprobarlo? ¿Es que había tantos temas que no pudo llevarlo antes al Consell Executiu? Es una auténtica manipulación", subraya el diputado.
La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, explicó, tras la reunión del Ejecutivo de Aragonès esta semana que el acuerdo de enero "se concreta en tres medidas: el reconocimiento del primer estadio docente a partir de los seis años (en los recortes, había quedado fijado a partir del noveno año de carrera docente), la equiparación salarial de los profesores técnicos de Formación Profesional y del cuerpo de maestros de taller de artes plásticas y diseño y la reducción calendarizada de dos horas lectivas para mayores de 55 años".
Acuerdo en diferido
Con estas medidas, dijo la portavoz, el gobierno de Aragonès "ha revertido ya todos los recortes en materia de derechos laborales del personal docente de la última década". Este acuerdo afecta directamente a 43.649 docentes y significa un coste económico de 55,04 millones de euros para 2024, de 23,59 millones para 2025 y de 21,67 millones para 2026. El reconocimiento avanzado a los seis años del estadio docente significará otro desembolso de 14 millones. Asimismo, la equiparación salarial de los profesores costará otros 6,59 millones y el curso para mayores de 60 años dispondrá de un extra de entre 1,73 y 2,42 millones.
El anuncio tiene una doble misión: por un lado, subrayar la gestión del Govern de ERC y, por otro, compararlo con los recortes que los últimos 10 años había hecho primero CiU y luego su alter ego Junts per Catalunya.
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Marisol Hernández
"Hasta los sindicatos se ríen. Se trata de un acuerdo del mes de enero y el Govern lo vende ahora, en plena campaña electoral", critica otro diputado. El 25 de enero, CCOO y UGT emitieron sendos comunicados dando a conocer los acuerdos en la mesa sectorial. "Como resultado de las históricas jornadas de huelga del 2022 y de continuar la presión dentro y fuera de las mesas de negociación, hemos conseguido hoy revertir definitivamente los dos principales recortes aún vigentes y dignificar las condiciones salariales de todo el profesorado de FP", anunciaron hace tres meses las organizaciones sindicales. Se trata, pues, de un 'acuerdo en diferido', que podría haberse concretado cualquier semana en los últimos tres meses.
Pero además de los docentes, el Govern anunció "un acuerdo en el ámbito penitenciario" que incluye "mejoras salariales, refuerzo de la seguridad y reconocimiento del trabajo que hacen las personas trabajadoras de los centros penitenciarios". Lo que hizo fue pactar con algunos sindicatos "el nuevo modelo organizativo de las condiciones de trabajo 2024-2027 para todo el personal penitenciario de Cataluña", lo que se traduce en una inversión de 30 millones de euros. Este acuerdo afecta a 4.300 trabajadores y el Govern saca pecho de que es "el primer acuerdo de condiciones de trabajo para el personal penitenciario que se aprueba desde 2006".
"Vergonzoso"
Alberto Gómez, responsable del área de Prisiones del CSIF, señala a El Confidencial que el pacto solo se firmó con 4 sindicatos, aunque el CSIF no lo firmó. WEse acuerdo es una traición a las luchas que hemos llevado los últimos años. En el mes de enero, se constituyó un grupo para hablar de las mejoras laborales y comenzamos las negociaciones. Pero en un momento determinado, decidimos hacer un alto en las negociaciones hasta después del 12-M, para no utilizar el tema electoralmente. Es vergonzoso lo que acaban de hacer ahora".
La situación se agrió con el asesinato de Núria, una cocinera en la cárcel tarraconense de Mas d’Enrich, a manos de un preso reincidente. Comenzaron huelgas y manifestaciones y los sindicatos, todos a una, exigieron más seguridad y dimisiones en el equipo directivo de la Consejería de Justicia. "No queríamos que nos comprasen. Lo que han hecho ahora es tasar el asesinato de Núria en 30 millones de euros", critica el sindicalista.
Los acuerdos anunciados por el Ejecutivo de Aragonès esta semana prevén un incremento de salarios de entre el 13 y el 22%. "Pero se han hecho cambios en los horarios que pueden ir bien a unos trabajadores, pero que irán mal para otros muchos, porque fastidian la concertación familiar y eso no se ha tenido en cuenta", critica Gómez.
Por si fuera poco, en materia de seguridad no ha habido avances, pese a que el Govern presume de que ha dado un salto de gigante en el modelo de seguridad "que no se renovaba desde hace 20 años". Una de las principales medidas que piden los sindicatos es poder tener aerosoles (utilizados en la mayoría de las cárceles europeas) para repeler las agresiones de ellos internos más violentos. "Pero no se nos ha permitido eso. La única seguridad que han firmado es que la comida se servirá en lonchas y que los cuchillos estarán atados a las mesas. Parece que hay también proyectos de seguridad en inhibidores de drones y de móviles. Pero nada en el tema de material que habíamos pedido. Ni tampoco se hace referencia a la petición de que seamos considerados agentes de la autoridad. Es, por tanto, un acuerdo vergonzoso".
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