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El pleno del Ayuntamiento de Valencia ha dado un paso importante para reactivar uno de los planes urbanísticos de mayor relevancia que quedaban pendientes de desarrollo en la ciudad. Con los votos del Partido Popular y Vox, el Consistorio aprobó este martes cambiar de un modelo de gestión directa, atribuido a la empresa municipal Aumsa, a otro de gestión indirecta, la ejecución de la urbanización de Plan de Actuación Integrada (PAI) del Grao, el sector de 380.000 metros de suelo que albergaba el antiguo circuito urbano de la Fórmula 1, ahora abandonado. El gobierno municipal ha atendido la solicitud de la mercantil Valere Reoco, participada al 50% por Atitlan Grupo Empresarial y el fondo británico Hayfin Capital, que lideran la agrupación de interés urbanístico (AIU) que concentra más del 50% de la propiedad de los terrenos, adquiridos hace más de siete años.
Esta sociedad tiene ahora tres meses para formalizar su solicitud con la presentación de un borrador del programa de la unidad de ejecución, según la resolución de la Comisión de Urbanismo a la que tuvo acceso El Confidencial. Valere Reoco será la encargada de ejecutar las obras de adecuación y urbanización de una pastilla que culmina la conexión de la ciudad con la fachada marítima y la Marina de Valencia y contribuirá a completar el ajardinamiento casi hasta el mar del viejo cauce del río Turia, convertido en uno de parques urbanos más extensos de Europa. El plan contempla añadir 160.000 metros de zonas verdes, anejos al llamado parque de desembocadura, cuya ejecución corresponde al Ayuntamiento y al que todavía no ha puesto fecha de obras.
La previsión económica de inversión en esta primera fase de urbanización es de 120 millones de euros que correrán a cargo del gestor y los repercutirá como cargas urbanísticas a todos los propietarios. No obstante, una vez realizada la reparcelación y asignados los solares edificables, el montante económico de la construcción de las 2.500 viviendas previstas (450 de protección pública) y los edificios terciarios (95.000 metros de techo) podría superar los 750 millones de euros, a una media de 2.000 euros por metro cuadrado construido.
Algo se mueve en el inmobiliario valenciano
Víctor Romero
La tramitación administrativa definitiva del plan requerirá de, al menos, otro año hasta completar la reparcelación y que puedan entrar las máquinas. La superficie del sector y el volumen de edificabilidad auguran cerca de una década de progresiva construcción de edificios y los planes de Valere Reoco pasan por dar prioridad a los suelos terciarios, según ha podido saber El Confidencial. Valencia tiene una demanda embalsada de edificios de oficinas. Algunas empresas no encuentran sedes libres con superficie suficiente. La situación fronteriza del PAI del Grao con la Marina de Valencia, donde se está concentrando el sector emprendedor y el universo de las startups, convierte la zona en atractiva para el negocio inmobiliario terciario.
Entre los escollos que dificultaban el desarrollo del sector está el convenio que dejó encima de la mesa el Consell de Francisco Camps cuando montó el circuito de Fórmula 1 y que obligaba a los propietarios a pagar más de 40 millones por entender que podían aprovechar la pista como viales, algo que estos no compartían por el estado en el que se encuentran los solares. Finalmente, el equipo de gobierno de Compromís y PSPV-PSOE, con la socialista Sandra Gómez en Urbanismo, cerró un pacto por el que los propietarios privados asumirán 32 millones. Sin embargo, la coalición de izquierda no llegó a rematar la puesta en marcha, que se demoró además por la introducción de modificaciones en el planeamiento, con la incorporación en al diseño original de mayor porcentaje de VPP o la exclusión de viales como la prolongación del Paseo de la Alameda para redistribuir las zonas verdes.
Ahora, el equipo de la popular María José Catalá ha optado por rescatar el proyecto urbanístico realizado por el arquitecto José María Tomás hace más de una década. "El planeamiento actualmente vigente, a pesar de ser del año 2010, fue fruto de un concurso de ideas al que concurrieron los mejores urbanistas de Europa y el resultado es una ordenación que no ha quedado obsoleta, por lo que bastaría con aplicar nuevos criterios de urbanización sostenible en su ejecución para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 y facilitar que se pudiera desarrollar de forma inmediata una parte muy importante de la ciudad, resolviendo la conexión con el frente marítimo y dando solución al tramo final del Jardín del Turia en la zona de contacto con la Marina de València, siendo para ello esencial mantener la funcionalidad de la Alameda como vial de conexión del Sector con la ciudad consolidada", señala la resolución de Urbanismo.
"Nosotros desarrollamos un nuevo modelo de ciudad. Habían pasado veinte años desde el concurso de ideas y nosotros lo adaptamos a las necesidades de la ciudad y de terciario que pedían las empresas privadas. Catalá puso un mojón de carretera nacional donde nosotros poníamos en delta verde", replicaba Gómez este martes en el pleno.
Pendientes de ADIF
Otro elemento de controversia es el soterramiento de la vía ferroviaria que cruza en superficie todo el sector, como si fuera una cicatriz amurallada a cielo abierto. El soterramiento corresponde a ADIF, propietaria de una parte del suelo. La empresa estatal ha optado por desvincularse de la agrupación urbanizadora, asumir sus cargas económicas cuando corresponda y poner en valor sus derechos urbanísticos cuando se produzca la reparcelación. Sin embargo, esa tarea pendiente de soterramiento, que tiene que ser incorporada a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), es una reivindicación de todos los grupos políticos.
El área municipal de Urbanismo, que dirige el popular Juan Giner, apuesta por dar soluciones provisionales para no frenar el desarrollo de todo el proyecto a expensas de los, siempre lentos, cronogramas de ADIF. "Es irrenunciable el soterramiento de la línea ferroviaria Valencia-Tarragona a su paso por el sector, por lo que al margen de trabajar en colaboración con las Administraciones competentes para hacerlo posible, destinando los recursos públicos necesarios que lo hagan efectivo, es conveniente dar una solución de acceso provisional al sector únicamente por la Avenida de Francia, pues la ejecución de una solución igualmente provisional para el acceso al sector por la Alameda desincentivaría tanto la ejecución definitiva de estas obras de conexión como el indicado soterramiento", señala la resolución. Es decir, hasta que no haya soterramiento, no se ejecutará la prolongación de la Alameda, paradójicamente, uno de los elementos de discrepancia entre Catalá y la oposición de socialistas y Compromís.
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