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El jueves fue reelegido como presidente de CSIF en Andalucía para otro mandato después de cuatro años en los que los datos le avalan. El sindicato ha crecido un 25% en número de afiliados en la comunidad, pasando de 62.000 a 86.000 a pesar de la pandemia. Andalucía supone actualmente un tercio del total del sindicato a nivel nacional.
En cuanto a representatividad, cuenta con unos 3.000 delegados en la región tras subir un 16% en estos cuatro años. Es el sindicato mayoritario en la administración pública en Andalucía, con más de un 40% en la Mesa General de Negociación, y tiene especial fuerza en Educación, Justicia y sistemas generales de la Junta.
PREGUNTA. ¿Cómo ve la situación del empleo en Andalucía en estos momentos?
RESPUESTA. La vemos con preocupación porque, a pesar de que los datos de este mes de marzo arrojan un balance positivo, seguimos estando sometidos a una estacionalidad muy importante y creemos que ahí hay que donde hay que poner el acento, en cambiar esa dinámica y no depender tanto del sector servicios y de determinadas temporadas agrícolas o turísticas. Hay que potenciar las nuevas tecnologías, la industria y otros sectores emergentes para revitalizar en Andalucía.
P. ¿Y en el sector público?
R. Seguimos con un déficit estructural importantísimo, con una carga de trabajo muy grande que tienen los distintos sectores, sobre todo en Sanidad, que está demasiado saturada y colapsada. Nosotros tenemos hecho un cálculo, que hemos pasado a la Junta de Andalucía, de que faltan 45.000 empleados públicos en Andalucía para poder dar cobertura a un servicio de calidad a la ciudadanía. Sin ello, es muy complicado afrontarlo.
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P. ¿Puede resumir brevemente dónde hay esas carencias de empleados?
R. Fundamentalmente, se centran en sanidad y la educación. En sanidad se necesitan unos 16.000 empleados públicos repartidos en las distintas categorías profesionales, la mayoría de ellos facultativos y enfermeros. En educación faltan en torno a 12.000 empleados públicos para dimensionar mejor la plantilla y reducir un poco la ratio, que es el objetivo necesario para mejorar la calidad de la enseñanza. Y el resto se reparten en diversas áreas, incluido un déficit muy importante de unos 4.000 compañeros en la Administración General de la Junta para poder atender, como la ciudadanía merece, la resolución de expedientes, por ejemplo, de dependencia, que tardan muchísimo.
P. Parece que hay unanimidad en lo de las carencias sanitarias, reconocidas por el propio presidente de la Junta…
R. Ahí hay dos cuestiones. La primera es la carencia de plantilla. La pandemia nos demostró que el sistema estaba cogido con pinzas y desde entonces estamos poniendo parches. Y la segunda cuestión tiene que ver con la gestión, porque la ciudadanía tiene ahora otras necesidades asistenciales muy diferentes a las de hace cinco años.
P. La Junta insiste en que invierte más que nunca y la oposición en que la Sanidad está peor que nunca en Andalucía. ¿ustedes qué creen?
R. Yo creo que ese rifirrafe es poco productivo. La Junta de Andalucía tiene que ver que esta inversión que ha hecho no está resolviendo los problemas, con lo cual toca hacer otra cosa, toca gestionar de otra manera, toca atender las nuevas necesidades y toca, sobre todo, reforzar la plantilla, porque no cabe duda de que la carga asistencial que están teniendo los sanitarios es brutal. Ya la Inspección de Trabajo nos ha dado la razón en las denuncias que pusimos en cuatro provincias porque la Junta no llega ni a cubrir las bajas laborales que se producen. Y creo que lo harán con el resto de provincias andaluzas. Nosotros lo vamos a seguir pidiendo.
P. En el caso de la Educación, sorprende el déficit de empleados que ustedes denuncian en un contexto de bajada de la natalidad y menos alumnos…
R. Es que la situación ha cambiado de manera muy importante. Por ejemplo, en estos últimos cuatro años, los alumnos con necesidades educativas especiales han aumentado muchísimo, en más de un 60%. Eso dificulta mucho la tarea educativa en los centros, que necesitan personal para aliviar las ratios y poder atender adecuadamente a la diversidad que hoy tenemos encima de la mesa. Sin embargo, la Consejería ha puesto en juego profesionales para atender a la diversidad solo en un 17%. Ese desequilibrio que hay hace que sea cada día más complicado llevar una clase.
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P. La Junta ha aprobado una nueva Ley de Función Pública, que cambia muchas cosas, como las oposiciones. ¿Cómo lo ven ustedes?
R. Este texto recibió nuestro apoyo como punto de partida porque sabíamos que era importante cambiar esta legislación, que llevaba más de casi 40 años sin actualizar. Pero tenía algunas cuestiones con las que nosotros no estábamos de acuerdo. Hemos seguido trabajando en todo el trámite parlamentario para intentar enmendar de alguna forma aquellos fallos que nosotros le veíamos. En algunos lo hemos conseguido y otros no. Ahora estamos en un momento en el que tenemos que hacer todo el desarrollo reglamentario de esta ley y ahí es donde nos vamos a dejar la piel, porque tiene que ser un desarrollo reglamentario que se haga con todas las garantías para los empleados públicos que protejan y potencien sus derechos laborales, que fomente la eficiencia y la profesionalización.
P. Se refiere a la famosa y polémica evaluación de los funcionarios, ¿no?
R. Nos preocupa la evaluación del desempeño, que también está sujeta a desarrollo normativo aún por aprobar, porque los mensajes que lanza la Junta de Andalucía son más como un régimen sancionador que como lo que realmente tiene que ser, un instrumento motivador para los empleados públicos. Nosotros aquí sí que vamos a hacer de este tema un casus belli. Vamos a propiciar y exigir que la evaluación del desempeño sea con criterio claro, transparente y que sea un instrumento motivador para los empleados públicos y no sea se convierta en un nuevo régimen disciplinario.
P. Ustedes le siguen reclamando a Juanma Moreno la Ley de Participación Institucional que les prometió. ¿Sabe algo de ello?
R. De momento, nada. Ya vamos a seguir reclamando que cumplan un compromiso que estaba en el programa electoral del PP y que anunció públicamente algún miembro del Gobierno de la Junta: una Ley de Participación institucional en la que tuvieran cabida más agentes sociales. No es de recibo, por ejemplo, el Pacto firmado el pasado año por la Junta con la CEA y los sindicatos UGT y CCOO que contenía muchas medidas que afectaban a los empleados públicos, donde CSIF es claramente mayoritario.
P. Ustedes fueron muy críticos en la anterior etapa socialista. ¿Ha mejorado la función pública con el PP en la Junta?
R. Mejorar no ha mejorado. Estamos en una condiciones muy parecidas porque el mal que nos aqueja a los servicios públicos y por tanto a los trabajadores que lo sustentan suele ser la falta de el déficit estructural de personal. Eso lo arrastramos desde 2010, con lo cual es una situación que han compartido de forma corresponsable el Gobierno del PSOE y el Gobierno del Partido Popular. Y el otro mal que nos aqueja es la pérdida de poder adquisitivo, que también la arrastramos desde el 2010, con más de un 20% de media de pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos.
P. ¿Y han mejorado los servicios públicos para la ciudadanía? ¿Son conscientes de la mala fama que siguen arrastrando los empleados públicos?
R. Creo que hay mucho trabajo por hacer en ese terreno. Yo creo que esa mala imagen se corrigió durante la pandemia, porque ahí la ciudadanía se dio cuenta de que cuando las cosas vienen mal dadas, quien sostiene esto son básicamente los servicios públicos, que son esenciales. Pero después se nos está olvidando y creo que las administraciones públicas tienen mucho que hacer en esto para dignificar la tarea que hacemos. No es de recibo que ahora hayan aumentado tanto las agresiones a los sanitarios. Entiendo que se debe a que la ciudadanía se angustia porque cree que no está siendo bien atendida y en lugar de quejarse ante la Administración por no poner los empleados públicos suficientes, lo paga con el que le está atendiendo. No es tolerable…
P. También ha alejado mucho a los funcionarios de la ciudadanía el famoso sistema de cita previa para cualquier trámite, que está desde la pandemia y eterniza cualquier gestión simple…
R. Ahí hay un problema de gestión. Es verdad que, como consecuencia de la pandemia cambió el modo asistencial de los servicios públicos. Pero la cita previa es verdad que no está dando sus resultados y no está dando un servicio público de calidad a la ciudadanía. Esto solo se soluciona poniendo gente que sea capaz de atender de forma directa al público sin necesidad de esa cita previa. Y siendo consciente de las nuevas realidades. Por ejemplo, estamos viendo unas colas en el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) que no se corresponde con nuestros tiempos. Pero es que esos pocos empleados públicos realizan muchas más gestiones y atienden muchas más prestaciones que hace cinco años. Habrá que dimensionar esa plantilla a las nuevas necesidades.
P. Se supone que la digitalización iba a permitir una interlocución mucho más fácil con la Administración, pero es una ratonera.
R.Efectivamente, la digitalización es una cuestión que tenemos que abordar de manera decidida, pero hay que hacerlo sin dejar a nadie atrás, atendiendo con calidad a la ciudadanía y no se pueden poner en juego mecanismos que dificulten y obstaculicen el acceso directo y personal con la Administración pública.
P. ¿Cuál es su reto en el nuevo mandato?
R. CSIF está ahora mismo en el mejor momento de su historia, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, en cuanto a número de afiliación y a números de representatividad. Estamos, por tanto, en un inmejorable momento para marcarnos objetivos ambiciosos y seguir creciendo de manera ordenada y sólida. Y ha llegado el momento de dar un salto y hacer una apuesta decidida por la empresa privada. Nosotros ya estamos en empresas emblemáticas, tenemos representación en Cosentino, Michelín, Campofrío, Mapfre, Coca-Cola, Nestlé, Atresmedia, y cada vez más ese modelo de sindicalismo honesto, profesional, transparente, íntegro, responsable y, sobre todo, independiente. Ese sindicato que ha sido el referente en los empleados públicos, cada vez más lo es en los trabajadores de la empresa privada. Nosotros tenemos ya un volumen muy importante de afiliados. De esos más de 86.000, el 15% lo son de la empresa privada. De los más de 3.000 delegados que tenemos en Andalucía, 1.400 lo son de empresa privada. Cada vez son más las compañías que eligen nuestro modelo sindical y vamos a estar ahí.
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