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El Tribunal Supremo ha rechazado la querella del PP contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al no apreciar indicios de delito en el ascenso de su antecesora en el cargo, Dolores Delgado, a la máxima categoría de la carrera. El partido de Alberto Núñez Feijóo acusaba a García Ortiz de promover su nombramiento para “pagar una deuda personal de gratitud”, pero los magistrados concluyen que “la querella presentada no revela ningún indicio de criminalidad”.
García Ortiz concedió a Delgado la plaza de fiscal de Sala en septiembre de 2022. La posibilidad de un ascenso rápido ya había levantado suspicacias en la carrera, en la que se señalaban los mayores méritos y antigüedad de otros aspirantes y se dudaba de la imparcialidad para decidir sobre ella por parte del fiscal general. El nombramiento se realizó en contra del criterio de la mayoría del Consejo Fiscal y situó a Delgado en la Fiscalía militar del Supremo.
El propio Tribunal Supremo anuló este ascenso el pasado noviembre y señaló para ello que se había producido una "desviación de poder" por parte del fiscal general del Estado, pero esta decisión se produjo en la vía de lo contencioso-administrativo y no en la penal. Ante el intento del PP de extender el fallo a esta segunda jurisdicción y acusar a García Ortiz de prevaricar, el tribunal considera que sus argumentos no se sostienen.
“No es suficiente la mera ilegalidad, la simple contradicción con el Derecho, pues ello supondría anular en la práctica la intervención de control de los tribunales de orden contencioso administrativo, ampliando desmesuradamente el ámbito de actuación del Derecho Penal, que perdería su carácter de última ratio”, advierte el Supremo. “La Sra. Delgado García —como admite el querellante— reunía formalmente los requisitos establecidos en la normativa vigente para la cobertura de la vacante por cuanto tenía una antigüedad de veinte años de servicio en la Carrera Fiscal y pertenecía a la segunda categoría”.
El PP argumentaba en su querella que, pese a cumplir estos requisitos, otro de los candidatos, Luis Rueda, también lo hacía y, además, tenía experiencia en derecho militar, que era la jurisdicción en la que ambos se disputaban la plaza. Según defendían los populares, esta situación obligaba a García Ortiz a proponer al candidato que ofreciera "un grado mayor de cumplimiento de los requisitos, aunque el otro los reúna mínimamente".
Sin entrar a discutir este razonamiento, el Supremo señala que no resulta suficiente para abrir un proceso penal contra el fiscal general. Los magistrados destacan para ello que García Ortiz se limitó a hacer una propuesta de ascenso y no dictó una resolución al respecto, por lo que ni siquiera concurre el elemento objetivo de la prevaricación: “Carecía de poder decisorio sobre el nombramiento, dado que dicha atribución correspondía al Consejo de Ministros”.
La resolución incide a su vez que, con este delito, “no se pretende controlar la legalidad de la actuación de la Administración Pública (…), sino sancionar los supuestos más groseros en los que la actuación administrativa, además de ilegal, es injusta y arbitraria”. En este caso, el Supremo considera que la actuación de García Ortiz no cumple esos requisitos y que los reproches no pueden ir más allá del ámbito contencioso-administrativo.
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