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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha vuelto a negarse a que el Consejo Fiscal elabore el informe sobre la ley de amnistía que le reclama el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta. En una nueva carta a la que ha tenido acceso El Confidencial, responde a la Cámara que insistió en contar con este dictamen tras su primera negativa. "Carecemos de competencia", insiste.
La misiva especifica que el 27 de marzo se recibió otra comunicación del presidente de la Cámara, Pedro Rollán, en la que se reiteraba la solicitud y se demandaba el informe "con carácter urgente", por acuerdo de la Mesa a instancia del Grupo Parlamentario Popular. García Ortiz se queja de que la nueva demanda "adolecía de fundamentación alguna, pese a los argumentos esgrimidos" en su carta anterior.
Insiste, por ello, en que el informe del Consejo Fiscal es "inviable", ya que este órgano incardinado dentro de la estructura del Ministerio Fiscal "carece de competencia para informar proposiciones de ley que se hallen en tramitación en sede parlamentaria". En su primera respuesta del pasado enero, el fiscal general ya aseguraba que un dictamen de la proposición de ley orgánica de amnistía dictado desde el mismo órgano que tendrá que decidir si apoya su aplicación en cientos de procedimientos "supondría alterar el normal funcionamiento de la institución" e "invadir espacios y competencias propias de la estructura organizativa de la Fiscalía española en su toma de decisiones". "De entrar la norma en vigor, las y los fiscales objetiva y territorialmente competentes deberán posicionarse procesalmente en relación con su ámbito objetivo", indicaba.
Rechazo de los consejeros
La primera misiva precisaba que existe un "obstáculo legal" en la solicitud realizada, ya que el Estatuto del Ministerio Fiscal "únicamente prevé la intervención del Consejo Fiscal para informar proyectos de ley o normas reglamentarias que afecten a la estructura, organización y funciones del Ministerio Público". "No está legalmente prevista, por el contrario, su labor informante o consultiva en proposiciones de ley en tramitación ante el Parlamento", decía.
Los vocales de la Asociación de Fiscales, mayoritarios en el Consejo, mostraron ya por entonces su "más profunda estupefacción y rechazo". Consideraban, en un comunicado, que una petición de esta naturaleza y relevancia procedente de un órgano constitucional no solo no ha sido atendida, "sino que se ha sustraído al conocimiento del Consejo Fiscal durante semanas".
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