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El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha subrayado la relevancia del acuerdo alcanzado con los sindicatos CSIF y UGT para los funcionarios de Justicia ya que "pone fin a un conflicto que llevaba tiempo bloqueado".
"Por tanto desde hoy todo el capital humano del sector se centrará en llevar a la práctica las importantes reformas aprobadas para transformar el servicio público de Justicia", ha explicado este jueves el ministro tras firmar el acuerdo con los representantes de ambos sindicatos.
Bolaños ha destacado que este acuerdo se suma a los entendimientos alcanzados en fechas recientes con otros actores del sector como jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia.
Afecta a 11.000 funcionarios
El acuerdo, que afecta a más de 11.000 funcionarios que trabajan en comunidades autónomas sin las competencias de justicia transferidas, contempla un aumento retributivo -de entre 165 y 250 euros mensuales- y la convocatoria de la mesa delegada en el plazo de tres meses para estudiar mejoras en las condiciones de trabajo.
Bolaños ha precisado que "beneficia a los funcionarios de los Cuerpos Generales de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, así como a los de los Cuerpos Especiales de Médicos Forenses y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses". Y ha añadido que se enmarcado en las nuevas leyes de eficiencia de la Justicia que impulsa el Gobierno para modernizar este sector.
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El aumento de las retribuciones a través del complemento específico se llevará a cabo de forma escalonada y progresiva en 2024 y 2025 y con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año.
Además, el acuerdo recoge la convocatoria de la mesa delegada en el plazo de tres meses para mejorar las condiciones laborales en materias como la reducción de la temporalidad, el nombramiento de personal de refuerzo, la formación y la protección de la salud en el trabajo.
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Bolaños ha adelantado que el ministerio se va a centrar en reformas como la digitalización de los procesos judiciales, la modernización de la organización judicial y el impulso de una Justicia centrada en las personas, con iniciativas como las oficinas de atención a las víctimas de delitos o la ampliación del programa de becas para opositores.
El acuerdo ha sido firmado por Bolaños; Javier Jordán de Urries, presidente del sector nacional de Justicia de CSIF, y Carlos Javier Álvarez, secretario general de Servicios Públicos de UGT. Javier Jordán ha comentado que es un acuerdo positivo porque "es el mejor posible en el actual contexto" pero ha aclarado que "no significa que CSIF renuncie a ninguna reivindicación y a seguir negociando y luchando por los derechos laborales de todo el personal de justicia, en el ámbito del Ministerio y en el de competencias de las comunidades autónomas".
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