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"En Los Fayos sufríamos actos vandálicos y ya no se sabía qué hacer. Así que, cuando en Aragón se impulsó que los municipios que no tenían Policía Local también pudieran instalar videovigilancia, el ayuntamiento decidió ponerla. Hoy tenemos seis cámaras que controlan los accesos al pueblo y el vandalismo ha desaparecido", explica Ángel Alonso, alcalde de Los Fayos, un municipio de la provincia de Zaragoza de 140 habitantes que fue el primero en dotarse de este sistema de seguridad. "Incluso ha servido para aclarar un robo en el pantano, ya que, para llegar allí, hay que atravesar el pueblo. Pero que esto funcione no es suficiente. La falta de agentes de la Guardia Civil es un drama y, si necesitas que vengan, pueden estar a una hora de carretera".
Tras Los Fayos, otros 68 municipios aragoneses han instalado videocámaras, un sistema que está potenciando la propia Administración, que ya tramita otras 46 solicitudes. En poco tiempo, serán más de un centenar de pueblos videovigilados desde que, en 2019, se abrió esta posibilidad a los que no disponen de Policía Local, medida que se lanzó en Aragón y fue pionera en España.
Solo las ve la Guardia Civil
Alonso explica que el ayuntamiento sufraga los costes de adquisición, instalación y mantenimiento de las cámaras; en su caso, invirtieron unos 6.000 euros, y, ahora, la empresa especialista en mantenimiento les cuesta unos 80 euros al mes. Eso sí, no pueden acceder a las imágenes, que solo puede retirar y visionar la Guardia Civil tras la presentación de una denuncia o por la propia iniciativa de los agentes, en transcurso de sus investigaciones.
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Una señal que anuncia las cámaras en el municipio de Los Fayos. (G.C.) Este mes de febrero, el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, intervenía en una jornada técnica, organizada junto a la Diputación Provincial de Huesca, con 70 alcaldes a los que explicaba las ventajas del sistema. "Nuestro propósito es que más municipios se sumen, ya que tiene una relación directa con la disminución de la criminalidad por la doble utilidad de las cámaras como elementos disuasorios y para la investigación".
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De izquierda a derecha, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán; el presidente de la Diputación, Isaac Claver, y el subdelegado del Gobierno en Huesca, Carlos Campo. (G. C.) Carmelo Pérez, presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Provincias y Comarcas (FAMPC) y alcalde de Belchite por el PP, refrenda este recurso. "Las cámaras ayudan a evitar delitos y a esclarecerlos, pero necesitamos también más Guardia Civil: en los pueblos tenemos sentimiento de orfandad, de que no hay fuerzas de seguridad para nosotros y de que los tiempos de respuesta, cuando se necesitan, son muy altos".
De hecho, la federación que preside tomaba el pasado día 7 el acuerdo de exigir al Ministerio del Interior "la cobertura plena de efectivos y no la simple oferta de plazas vacantes, así como impulsar medidas que hagan atractivas las plazas en los cuarteles de los pueblos y pequeñas ciudades".
"Faltan 600 agentes"
Es lo que denunciaban los guardias que el día 19 recibían con protestas al ministro Fernando Grande-Marlaska en Calatayud, donde inauguraba la nueva comisaría de policía. Según sus estimaciones, hay más de 600 plazas por cubrir.
Es un déficit acumulado que el Gobierno de España achaca a los recortes de la era Rajoy y que afirma se está tratando de revertir. Según las cifras del Gobierno central, el número de agentes entre Policía Nacional y Guardia Civil ha crecido un 12% desde 2017, en cifra equivalente a la que se demanda, y el propio ministro se comprometía a aumentar la cifra.
Pero que las plantillas hayan crecido no quiere decir que estén cubiertas, ya que son las últimas opciones en los concursos de traslados y, además, desde que se aprueba una oferta de empleo de guardias civiles hasta que van a destino suelen pasar unos 30 meses. El hecho es que la falta de agentes es endémica, con comarcas especialmente castigadas y los consiguientes efectos. Como la oleada de robos la sufrida en los últimos meses en la comarca de Valdejalón en casas y naves agrícolas, con más de 30 delitos en Épila en un mes.
Son sensaciones que certifica el portal de criminalidad del Ministerio del Interior, donde aparece el incremento de delitos en las zonas más despobladas. En ese contexto, desde la Delegación recomiendan a los ayuntamientos que la instalación de cámaras de videovigilancia en las vías públicas puede ser un buen elemento disuasorio ante los robos.
Comisión de Garantías de la Videovigilancia
Para ello, los ayuntamientos que deseen instalar videovigilancia deben presentar la solicitud a la Delegación del Gobierno en Aragón, aunque la autorización es competencia de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia en Aragón.
La Comisión la preside el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y la conforman, entre otros, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, cuerpos de seguridad y un representante de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), con la misión de garantizar que la videovigilancia respete derechos y libertades de los ciudadanos, de acuerdo con los principios de idoneidad e intervención mínima.
En el informe de solicitud debe figurar el ámbito físico susceptible de ser grabado, la descripción del equipo técnico y la cualificación de las personas encargadas de la explotación del sistema y mantenimiento del tratamiento de las imágenes. Aunque el coste de la instalación en los municipios más pequeños no es muy elevado, las diputaciones provinciales aragonesas han anunciado líneas de ayudas para la adquisición de los equipos.
"Tiene un componente disuasorio para aquellas personas que se planteen un hecho ilícito y, a la vez, son un elemento fundamental para la investigación, ya que en Aragón son numerosos los delitos que se han esclarecido gracias a las imágenes de seguridad. Nuestro propósito es que más municipios se sumen porque hay una relación directa entre la instalación de cámaras y la reducción de la criminalidad", reitera el delegado del Gobierno.
Otro de los municipios que ya lleva algunos meses con videovigilancia es Villar de los Navarros, en Zaragoza, también de un centenar de vecinos. "Aquí, a la Guardia Civil la vemos para las fiestas. El resto del año, la sensación que tenemos es de falta de seguridad y las noticias de robos, sean grandes o pequeños, en lugares donde hay pocos habitantes, causan preocupación, así que la posibilidad de instalar videocámaras fue una medida que en nuestro pueblo ha venido muy bien", explica el alcalde, Miguel Ángel García Abuelo. "Hemos invertido unos 50.000 euros en 9 cámaras, más cableado y wifi. Y, desde que están, no ha habido ningún delito, que sí habíamos sufrido con anterioridad".
Desde La Fueva, en Huesca, Jesús Solano explica que lo están sopesando, aunque en pueblos como el suyo, con varios núcleos diseminados, es más complejo y caro de instalar. "Las cámaras llegan donde llegan", comenta Solano. Y es que, en la comarca, recientemente ha sido desmantelado un campamento de cultivadores de marihuana que han vivido durante meses emboscados en el monte en un enclave situado entre los términos municipales de su pueblo y el vecino Palo, sin que nadie lo advirtiera. Y eso que los detenidos fueron nada menos que 14 personas.
68 pueblos con videovigilancia y 46 en tramitación
En la actualidad, en Aragón hay 68 localidades con videovigilancia, 39 en Zaragoza, 16 en Huesca y 13 en Teruel. En trámite hay otras 46: 31 en Zaragoza, 5 en Huesca y 10 en Teruel.
La provincia de Zaragoza tiene ya 39 municipios con videovigilancia autorizada: Abanto, Almochuel, Ardisa, Badules, Balcochán, Biel, Bordalba, Cabolafuente, Cadrete, Calatayud, Caspe, Castiliscar, Clarés de Ribota, Contamina, Cubel, Ejea de los Caballeros, El Frago, Épila, Gallur, La Almunia, La Puebla de Alfindén, Las Pedrosas, Longares, Los Fayos, Maella, Mallén, Mequinenza, Monegrillo, Monterde, Paracuellos de Jiloca, Pedrola, Ricla, Tarazona, Tauste, Utebo, Villar de los Navarros, Zaragoza y Zuera.
Están en tramitación las peticiones de otros 31: Aguilón, Alconchel de Ariza, Bárboles, Borja, Bujaraloz, Castejón de Alarba, Castejón de Valdejasa, Chiprana, Encinacobra, Figueruelas, Fuencalderas, Grisén, Illueca, La Joyosa, La Muela, Layana, Letux, Lumpiaque, Luna, Mallén, Maluenda, Mediana de Aragón, Morata de Jiloca, Novallas, Novillas, Pastriz, Puendelina, Sisamón, Torres de Berrellén y Urrea de Jalón.
En Huesca tienen sistema de videovigilancia autorizado Alcubierre, Altorricón, Arén, Barbastro, Binéfar, Canfranc, Chimillas, Fraga, Graus, Huesca, Monzón, Poleñino, Sabiñánigo, Sallent de Gállego, Tierz y Torres de Barbués. Y en trámite, cinco más: Banastás, Casbas de Huesca, Sariñenta, Senés de Alcubierre y Torrente de Cinca.
Los municipios turolenses que ya tienen las cámaras son 13 y en tramitación, otros 10. Aguatón, Albalate del Arzobispo, Albarracín, Alcaine, Alcañiz, Bañón, Blesa, Calomarde, Huesa del Común, Loscos, Singra, Teruel y Valjunquera, por delante, y, en espera, Beceite, Bueña, Fuentespalda, Huesa del Común, Loscos, Monforte de Moyuela, Peñarroya de Tastavins, Samper de Calanda y Villanueva del Rebollar.
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