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La tensión política tuvo este miércoles una nueva sacudida en la calle. Esta vez en Génova, 13. La Delegación del Gobierno en Madrid avaló una manifestación frente a la sede del Partido Popular que exigía la dimisión de Isabel Díaz Ayuso por su gestión de las residencias de mayores durante la pandemia y por la investigación de Hacienda contra su pareja, Alberto González Amador, por presunto fraude fiscal. Unas 800 personas, según las cifras de la Policía Nacional, se concentraron a última hora de la tarde entre gritos de "asesina" y "libertad para defraudar". Los principales partidos políticos permanecieron mudos.
La concentración, promovida por la asociación juvenil La Plaza, se presentó bajo el lema 'Mi familia se murió, la tuya se forró' en plena espiral de casos de presunta corrupción por la compra de material sanitario y de extrema polarización. El PSOE y el PP andan enzarzados en un lodazal de acusaciones entrecruzadas, con el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid y la mujer de Pedro Sánchez en el disparadero público.
El permiso del delegado del Gobierno en Madrid, el socialista Francisco Martín, contrasta con el rechazo mostrado por el PSOE ante las constantes concentraciones en Ferraz, muchas con detenidos. Fuentes oficiales confirmaron a este diario que la protesta frente a la sede del PP estaba comunicada y se celebró sin cambios. Pero hace poco más de un mes sí puso objeciones a Falange Española por una convocatoria ante la casa de los socialistas en la capital: señaló un recorrido alternativo para evitar un problema de orden público. El Tribunal de Justicia de Madrid, finalmente, atendió el recurso de Falange y autorizó la concentración ante Ferraz.
Moncloa y el PSOE desplegaron durante semanas un discurso muy crítico con las manifestaciones frente a su sede, calificadas continuamente por los socialistas y los miembros del Gobierno como un "asedio", bajo el argumento de que este tipo de iniciativas no son compatibles con la convivencia y los valores democráticos. "No esperamos nada de quienes por acción u omisión apoyan el asedio a las casas del pueblo socialistas. Su silencio les retrata", dijo Sánchez entonces, en alusión al PP y la ausencia de una condena firme sobre aquellas concentraciones, que derivaron incluso en una denuncia por delito de odio tras apalear una piñata del jefe del Ejecutivo. A última hora del miércoles, ningún dirigente se había pronunciado sobre la marcha contra Ayuso.
La manifestación en Génova fue una constante de cánticos y gritos contra el PP y la presidenta de la Comunidad de Madrid. "No son muertes, son asesinatos", clamaban los asistentes, con el informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad como principal argumento, que sostiene que pudieron evitarse más de 4.000 muertos en la región. También contra la inspección tributaria a González Amador. "Libertad para defraudar", coreaba la multitud, ataviada con banderas republicanas y una amplia variedad de consignas contra Ayuso y los populares. La concentración se desarrolló sin incidentes reseñables, más allá de que la Policía cortó el tráfico en un carril de la calle Génova durante poco más de una hora.
El mensaje de los promotores coincide en algunos puntos con el argumentario socialista de los últimos días. Moncloa, que incluso recordó el "bulo" de los atentados del 11-M, intenta contrarrestar el caso Koldo y las sospechas que planean sobre el Ministerio de Transporte y algunos dirigentes como Francina Armengol, Salvador Illa o el ministro Ángel Víctor Torres. Y la investigación sobre la pareja de Ayuso es una oportunidad de oro, hasta el punto de que el Gobierno ha hablado incluso de un piso "comprado en fraude" con el dinero de una operación durante la pandemia.
"Requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la Hacienda Pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia", subrayó la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
El Gobierno en bloque exige la dimisión de Isabel Díaz Ayuso por sus vagas explicaciones de la situación. Los socialistas, al igual que Más Madrid y el resto de integrantes de Sumar, consideran que la dirigente popular mintió cuando dijo en su comparecencia que no había ninguna investigación, pese a que el abogado de González Amador reconoció dos delitos fiscales en sus comunicaciones con la Fiscalía para alcanzar un pacto.
El novio de Ayuso y la lengua de Montero
Javier Caraballo
Esta filtración, precisamente, ha generado una enorme controversia. El entorno de Isabel Díaz Ayuso acusa a Moncloa de orquestar una campaña en su contra, utilizando un caso personal y privado para sus fines políticos, que pasa por acabar con la dirigente madrileña.
La polémica es tal, que incluso el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha presentado una denuncia por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos y de violación de secretos tras conocerse las conversaciones entre el letrado y el Ministerio Público. El PP apunta directamente a Montero como uno de los culpables y González Amador anunció la semana pasada que se querellará en los tribunales contra la vicepresidenta, la Agencia Tributaria y la Fiscalía.
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