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El empresario Juan Carlos Cueto ha asegurado este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que su papel en el conocido como caso Koldo se limitó a facilitar material sanitario a las administraciones públicas para intentar ayudar a los españoles en plena pandemia. Su comparecencia apenas ha durado media hora y fuentes presentes en la declaración explican que solo ha respondido a las preguntas de su abogado. El juez ha acordado dejarlo en libertad con la prohibición de salir de España sin previa autorización.
La Fiscalía Anticorrupción sitúa a Cueto y al presidente del Zamora Club de Fútbol, Víctor de Aldama, como los principales responsables de la vertiente empresarial de la presunta organización criminal que la pasada semana se saldó con la detención del asesor de confianza del exministro José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre. La querella señala que De Aldama fue quien captó a Koldo al haber coincidido ambos "en un contexto laboral desde diciembre de 2018", mientras que Cueto contaba con la estructura empresarial y financiera suficiente para comprar y traer el material sanitario.
Anticorrupción apunta a que Cueto controlaba en la sombra Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, la sociedad que durante la pandemia recibió más de 52 millones de euros en contratos públicos para suministrar material sanitario al Gobierno de Pedro Sánchez y a los gobiernos autonómicos controlados por el PSOE en Canarias y Baleares. "Estas adjudicaciones generaron un beneficio económico al investigado Víctor Gonzalo De Aldama Delgado de 5.5 millones de euros y a Juan Carlos Cueto Martín, titular de hecho de la mercantil, de 9.6 millones de euros", explica el juez en un auto que dictó el pasado jueves.
La Fiscalía destaca a su vez que existió "una relación directa y estrecha" entre Cueto y Koldo, pero, durante la declaración de este miércoles, el empresario ha negado el pago de mordidas y ha asegurado que una auditoría de la consultora internacional KPMG avaló que los contratos se ajustaban a precios de mercado, informan las mismas fuentes. Antes de la pandemia, Cueto también se vio involucrado en otra investigación de la Audiencia Nacional sobre la venta de armas a Angola que aún está pendiente de juicio. La Fiscalía pide 50 años de cárcel para él en ese procedimiento.
De Aldama y Koldo ya tuvieron que comparecer el pasado jueves ante el juez junto al hermano de este último, Joseba García Izaguirre, y el empresario Iñigo Rotaeche. Todos ellos se negaron a declarar y quedaron en libertad, pero el juez les impuso distintas medidas cautelares: a Koldo y a Aldama les ha prohibido salir de España, les ha retirado el pasaporte y los ha obligado a comparecer cada 15 días en el juzgado; a Rotaeche le ha prohibido salir de España, y a Joseba no le ha impuesto ninguna medida.
La Guardia Civil pide embargar un Ferrari
La Guardia Civil ha solicitado esta misma semana que se embargue un Ferrari que consta a nombre de una de las empresas investigadas, y el juez ya ha dado traslado a la Fiscalía para que se pronuncie al respecto. "Bloqueo de la transmisión nominal del vehículo marca Ferrari modelo Portofino de color negro con matrícula 76XXX, propiedad de Soluciones de Renting SL, y arrendado a la sociedad MTM 180 Capital, así como su posterior traslado al depósito judicial reseñado en el oficio y, con su resultado se acordará lo que proceda", sostiene en una providencia adelantada por el diario ABC y a la que ha tenido acceso El Confidencial.
La Fiscalía Anticorrupción sitúa tras esta última empresa a Aldama y apunta a que la utilizó "para el cobro de sus comisiones". Como desveló El Confidencial el pasado viernes, el juez también ha acordado ya el embargo preventivo de un chalé, un piso y una plaza de garaje comprados por el hermano de Koldo.
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