Polémica por la adjudicación de la mayor obra pública de Navarra: falta de motivación y proceso "viciado"

Una nueva polémica sacude el Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, dirigido por Óscar Chivite, tío de la presidenta foral, María Chivite. La adjudicación de las obras de desdoblamiento del túnel de Belate, en la N-121A, está en el punto de mira. Los votos particulares de tres integrantes de la mesa de contratación, advirtiendo de supuestas arbitrariedades, fueron ignorados, según denuncia UPN, por el Ejecutivo autonómico, que adjudicó el pasado diciembre las obras a una UTE liderada por Acciona. Con un presupuesto de 76 millones de euros y años de retraso, es la mayor obra pública que se va a ejecutar en la comunidad en la última década y tiene por objeto adecuar la infraestructura a la normativa europea en materia de seguridad vial.

Para el Gobierno foral, el trámite seguido cumple con la legislación. "Se está intentando ensuciar una licitación que es plenamente legal", censuró la presidenta, María Chivite, el pasado viernes. En la misma línea, el consejero Chivite, cuestionado a principios de la legislatura por haber compaginado durante varias semanas su cargo público con un puesto en su empresa, ha defendido la transparencia del proceso. Y en esa idea insisten fuentes del Ejecutivo regional. UPN, sin embargo, ha exigido en el Parlamento navarro un nuevo informe de la Junta de Contratación Administrativa para que certifique si el proceso se ajustó a la legislación vigente. “Les pido que reflexionen. Es dinero de todos. Señores del PSOE, es mejor que se analice, y que un tercero determine lo que tenga que determinar”, pidió la semana pasada el portavoz de los regionalistas, Javier Esparza.

De los ocho miembros que formaron parte de la mesa de contratación, tres expresaron sus dudas sobre las puntuaciones que se habían otorgado a las empresas que se habían presentado al concurso, al considerar que no estaban bien motivadas. También censuraron que el presidente del órgano emitiese sus notas tras conocer las de los demás integrantes. Este comportamiento, según advirtieron el secretario de la Mesa de Contratación, el vocal representante de la Junta de Contratación y el interventor, ponía en entredicho la “transparencia” e “imparcialidad” del proceso. Una vez que el presidente emitió sus votos, la UTE de Acciona pasó a ser la mejor valorada, puesto que hasta entonces ocupaba la unión de empresas capitaneada por la firma navarra Mariezcurrena. La diferencia final entre una y otra oferta fue de tan solo dos puntos: 96,2 frente a 94,85.

Vista de la N-121-A cortada por un desprendimiento a su paso por Belate. (EFE/Jesús Diges)

UPN ha puesto el foco en las discrepancias expresadas por los tres miembros especialistas en contratación. Estos, frente al criterio de los otros cinco restantes, con perfil técnico de ingeniero, sostienen que la falta de motivación de las puntuaciones otorgadas a las empresas es contraria a la ley. “El informe de valoración, en contra de lo exigido por el legislador (artículo 100.3 LFCP), no expone las razones que justifican las puntuaciones, ni expresa las ventajas de unas ofertas frente a otras”, señala el vocal secretario de la Mesa de Contratación, que añade: “El documento de evaluación no está fundado, pues no responde a lo que en derecho se entiende por motivación adecuada y suficiente, razón por la que las puntuaciones de las ofertas técnicas pueden entenderse arbitrarias”.

Con el diagnóstico del secretario coinciden el vocal representante de la Junta de Contratación y el interventor, que además apuntan a un “procedimiento viciado por la postrera intervención de una de las personas que han participado en la valoración”. El secretario se refiere al presidente de la Mesa de Contratación, que emitió sus votos tras tener conocimiento de lo que habían hecho el resto de integrantes del órgano. Esta actuación “puede entenderse como un falseamiento del procedimiento al privarlo de la debida transparencia”, según recoge el secretario en su voto particular, que planteó una alternativa para “salvar la situación”, que el suplente del presidente emitiese una nueva valoración.

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Los tres especialistas en contratación técnica censuraron, además, que el resto de técnicos diese por buena la documentación aportada por la UTE de Acciona. Las empresas debían demostrar que habían realizado una obra similar a la planteada por un “importe de ejecución igual o superior a los 65 millones de euros”. Sin embargo, según los informes, la obra que acreditó la firma, la construcción de un túnel en el tramo alto de Monrepós-Caldearenas (Huesca), había contado con un presupuesto de 55 millones. Fueron los técnicos los que interpretaron que los trabajos eran similares al incluir otros tramos de la vía y escalar entonces el montante total a 77 millones.

73 años y en activo

Para los regionalistas, que el presidente de la Mesa sea un funcionario con 73 años, cuando la Administración solo permite retrasar la edad de jubilación en casos excepcionales, también es una anomalía por la que debe responder el Ejecutivo. Esparza, en su intervención hace una semana en el Parlamento navarro, llamó la atención sobre el hecho de que fueron las notas del presidente las que terminaron de decantar el proceso. “Ha provocado que quien iba a ser adjudicatario, si se hubieran respetado las puntuaciones de los cuatro miembros anteriores de la mesa, no sea ahora mismo quien ha sido adjudicatario”, criticó.

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UPN, al igual que el PP y Vox, considera que el Ejecutivo foral tendría que haber tenido en cuenta los tres votos particulares y repetir el trámite de adjudicación para solventar las dudas planteadas. Sin embargo, el Gobierno navarro justifica las discrepancias en el seno de la Mesa de Contratación por la “complejidad” de la obra y argumenta que a pesar de esos votos particulares, los ocho miembros firmaron el informe final. Las fuentes consultadas sostienen además que el informe de fiscalización, emitido por el Departamento de Hacienda y Política Financiera del propio Ejecutivo navarro, no pidió suspender el proceso, interpretación de la que discrepa UPN.

“Esta intervención delegada fiscaliza positivamente el expediente, pero, habida cuenta de la existencia de los votos particulares del secretario de la Mesa, del vocal representante de la Junta de Contratación y del vocal interventor y de lo señalado en las consideraciones, formula el presente reparo no suspensivo de la tramitación del expediente e informa al director general de Obras Públicas e Infraestructuras, órgano de contratación competente para la adjudicación, de las incidencias y circunstancias señaladas”, recoge el informe de fiscalización. Según UPN, ese “reparo” tendría que haber hecho al departamento paralizar el proceso de acuerdo a la legislación vigente.

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