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Los dos policías que ejercen como acusación particular en la causa de Tsunami Democràtic han remitido un nuevo escrito al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en el que le solicitan que investigue la presencia de espías rusos en Cataluña entre 2014 y 2019. El abogado de los policías se apoya para ello en la investigación de El Confidencial y El Periódico que desveló que al menos siete agentes del Directorio Principal del Alto Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (GRU) de Rusia, el servicio de inteligencia militar de Moscú, viajaron a Barcelona durante los años más críticos del desafío independentista.
"Teniendo en cuenta el estado de las actuaciones, solicitamos que se libre oficio a la comisaría general de información del cuerpo nacional de la Policía para que se informe si existen informes acerca de los siete espías rusos que viajaron a Barceona entre 2014 y 2019 y de ser así se unan a la causa", sostiene el escrito de los policías, al que ha tenido acceso El Confidencial.
Los siete agentes rusos pertenecían o han estado vinculados a la Unidad 29155, una sección de élite del GRU clandestina que fue creada en torno a 2008 por el Kremlin para ejecutar operaciones de sabotaje, asesinato y desestabilización contra opositores y otros enemigos de Vladímir Putin. La mayoría de sus misiones se ha desarrollado en Europa, y Moscú nunca ha reconocido su existencia.
El propio García-Castellón ya abrió en 2019 una investigación sobre la presencia de agentes del GRU en Cataluña y sus posibles vínculos con el procés, tras recibir una denuncia de la Policía Nacional en la que se describían las actividades en España de cinco supuestos espías rusos. Sin embargo, la Fiscalía solicitó el archivo del procedimiento por la falta de avances y el magistrado cerró el caso en mayo de 2021.
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La amnistía y los delitos de alta traición
El escrito de los policías abre ahora la puerta a que esta investigación se retome en la causa de Tsunami Democràtic, en la que se investiga al expresidente catalán Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, entre otros. Si García-Castellón atiende esta petición, la aplicación de la hipotética ley de amnistía se puede complicar para ambos.
La clave radica en que una nueva línea de investigación sobre la supuesta injerencia rusa podría introducir la causa en un escenario expresamente excluido por la proposición de ley registrada en el Congreso por el PSOE. Según el texto, "los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional" se quedan fuera de la amnistía a los líderes del procés.
Si García-Castellón considera que la presencia de estos espías rusos obliga a investigar los contactos de Puigdemont con el entorno de Vladímir Putin, la causa podría sumar al menos uno de esos delitos de traición. En concreto, el artículo 592 del Código Penal, que establece que "serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años los que, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, organismos o asociaciones internacionales o extranjeras".
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