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El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno sostiene que el exministro de Transportes José Luis Ábalos actuó como "intermediario" de la trama de Koldo García Izaguirre para tratar de frenar una reclamación del gobierno de Baleares a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, la sociedad controlada por la presunta organización criminal que se llevó más de 52 millones de euros en contratos públicos con la venta de material sanitario a lo largo de 2020.
"La observación de las comunicaciones y la actividad operativa realizada por la unidad actuante han permitido concluir que estos intermediarios serían José Luis Ábalos y Jacobo Pombo. En este sentido, el día 10 de enero de 2024, Koldo se reúne, entre otras personas, con José Luis Ábalos en una zona reservada de la marisquería La Chalana entre las 21:15 y las 22:20 horas aproximadamente, conforme queda reflejado en el oficio policial", explica un auto al que ha tenido acceso El Confidencial.
El gobierno socialista de Baleares, liderado en 2020 por la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, otorgó a la sociedad de la trama un contrato de 3,7 millones de euros durante la pandemia. El material que le compraron resultó ser defectuoso, pero el Ejecutivo no ejecutó la reclamación del dinero hasta el último día que se mantuvo en el Govern en 2023. Esta tardanza a la hora de pedir la devolución de los fondos llevó a que los investigados involucraran al exministro como "intermediario" y siguieran hablando del contrato con Baleares hasta su detención.
El juez también destaca que la presencia de Ábalos en la marisquería La Chalana aquel 10 de enero "tiene un especial interés para los hechos investigados" porque conecta con una conversación telefónica que Koldo había mantenido el día anterior con el empresario José Luis Cueto, otro de los presuntos cabecillas de la trama. "Cueto le pedía que antes de que se fuese de viaje a Perú el día 11 de enero de 2024, le dijese algo a un tercero", explica su auto. "De hecho, Koldo le informaba a Cueto de que una de las cosas a tratar con una de las personas que se reunirá al día siguiente –cuando se reúne con Ábalos– era esa, se entiende que se refería a las gestiones realizadas con la Administración balear para solucionar la reclamación de 2,6 millones de euros realizada a Soluciones de Gestión".
Una cita con el portavoz del PP
El auto también recoge una conversación del 2 de diciembre entre Cueto y Koldo, en la cual este último le informa de que "le acababan de llamar y que había quedado con Miguel Tellado y 'Alberto' al día siguiente". Tellado es el actual portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el juez conecta una vez más esta conversación con la reclamación de Baleares. Según publicó este miércoles El Mundo, el ex asesor de Ábalos llegó a afirmar durante esta llamada que tenía una cita en la sede del PP en Génova, pero desde el partido niegan este extremo. Fuentes de la investigación también apuntan a este diario que la cita "no llegó a concretarse".
"En esa conversación, Koldo afirmó que había comentado este asunto al 'ex ministerio donde yo trabajaba antes', habiendo obtenido como respuesta que este asunto no tiene recorrido jurídico ninguno", explica el juez sobre la llamada entre Cueto y el asesor de Ábalos en la que se menciona a Tellado. "En el mismo sentido, el día 04 de diciembre 2023, Cueto informa a Iñigo Rotaeche [otro de los investigados] que en principio la Administración balear no tenía intención de continuar con la reclamación iniciada a Soluciones de Gestión".
Cuando se produce esta última conversación, el gobierno autonómico ya estaba en manos del PP y Cueto dejó caer una frase que apuntaba una vez más al "intermediario" Ábalos: "Esto era un favor que le estaba pidiendo tu vecino... Él y su ex jefe... y parece ser que el otro ha dicho que si... porque le han dado otro favor a cambio". Según el juez, Cueto se refería por "vecino" a Koldo y por "exjefe" al exministro: "Del devenir de la intervención telefónica en curso se referiría a José Luis Ábalos Meco", concluye.
De otra de las conversaciones intervenidas, se desprende que, si el Gobierno de Baleares no volvía a pronunciarse de forma expresa sobre la devolución antes del 18 de enero de 2024, "se produciría la caducidad del procedimiento administrativo, y por ende, la reclamación de casi tres millones de euros". "Es de mencionar que de la observación de las comunicaciones telefónicas de los investigados, pocos días antes de la fecha límite indicada se dejan de observar comunicaciones que aborden este asunto, pudiendo colegirse que pudiera haberse producido la caducidad de la reclamación a Soluciones de Gestión", advierte el auto.
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