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El asesor de cabecera de José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, se ha negado a declarar este jueves en la Audiencia Nacional sobre el presunto cobro de comisiones ilegales por la venta de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción no ha pedido su encarcelamiento y el magistrado Ismael Moreno ha acordado dejarlo en libertad, pero con la prohibición de salir de España, la retirada de pasaporte y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado como medidas cautelares, informan fuentes jurídicas.
Las diligencias parten de una investigación que la Fiscalía Anticorrupción abrió en abril de 2022 contra Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, una sociedad que durante la pandemia recibió contratos públicos para suministrar material sanitario al Gobierno de Pedro Sánchez y a los gobiernos autonómicos controlados por el PSOE en Canarias y Baleares. El valor de estas adjudicaciones superó los 50 millones de euros y se tramitaron con carácter de emergencia y sin publicidad.
Además de Koldo, este jueves han comparecido otros tres investigados ante la Audiencia Nacional: su hermano, Joseba García Izaguirre; el presidente del Zamora Club de Fútbol, Víctor de Aldama, y el empresario Iñigo Rotaeche. Ellos también se han negado a declarar y han quedado en libertad. De Aldama con las mismas cautelares que Koldo, Rotaeche con la prohibición de salir de España y el hermano sin medidas. Los cuatro han abandonado la Audiencia Nacional pasadas las dos de la tarde y sin hacer declaraciones a los medios.
Los contratos bajo sospecha
La operación de la Guardia Civil, desvelada por El Confidencial, se saldó este martes con la detención de una veintena de personas y 26 registros en distintas provincias. La Fiscalía atribuye a los investigados delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. La trama presuntamente ganó 10 millones de euros en comisiones ilegales.
La Guardia Civil también tomó declaración este miércoles como testigo al secretario de Estado de Seguridad y número dos de Fernando Grande-Marlaska, Rafael Pérez, por el contrato de 3,4 millones de euros que Interior adjudicó a la empresa durante la pandemia. La sociedad pública Adif le concedió otra adjudicación de 12,5 millones por la compra de mascarillas FFP2, y Puertos del Estado, que depende del Ministerio de Transportes, le adjudicó una tercera de 20 millones por "mascarillas profilácticas".
Los gobiernos de Canarias y Baleares, entonces liderados por el ministro de Política Territorial, Víctor Torres, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, también dieron contratos por más de ocho millones de euros a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. Koldo presuntamente aprovechó su posición en el Ministerio de Transportes para asegurarse de que su amigo De Aldama se llevara estas adjudicaciones por un precio que quedaba muy por encima del verdadero coste de los bienes suministrados.
"No tengo ni idea, es que me he enterado ahora. Me he quedado estupefacto. Me gustaría poder dar explicaciones, pero no tengo más información que lo que he leído", aseguró este miércoles el que fuera su jefe, José Luis Ábalos. "Todo se hizo bien a través de los mecanismos que había, algo de lo que siempre me preocupé, por cierto. Se hicieron las contrataciones por entidades autónomas y además fueron revisadas por el Tribunal de Cuentas".
La Guardia Civil ha bautizado la operación como Delorme, en referencia al médico del siglo XVII Charles Delorme, uno de los primeros doctores en emplear mascarillas como defensa contra la peste negra. La causa permanece bajo secreto de sumario.
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