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La secretaria general de ERC, Marta Rovira, se niega a aclarar cuál es su actual domicilio en Suiza al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. La líder independentista ya se ha personado en el procedimiento de Tsunami Democràtic para tener acceso a la documentación de la causa, pero, según apuntan fuentes jurídicas, solo ha facilitado como dirección de contacto la de la sede de ERC en Barcelona.
"No se comprende (...) el empeño en la representación de la investigada de no dar el domicilio real", critica el fiscal Miguel Ángel Carballo en un escrito del 19 de febrero, al que ha tenido acceso El Confidencial. "Si se dice que se encuentra en Suiza, notoriamente el domicilio ofrecido para notificaciones no es el real de la investigada".
García-Castellón envió en noviembre una comisión rogatoria a Suiza para que le facilitaran una serie de "datos que permitan la localización" de Rovira, pero las autoridades helvéticas se han negado a colaborar. Según recogen en la respuesta remitida al magistrado, la investigación parece tener un "carácter político", no encaja con indicios de terrorismo y necesitan más información sobre el efecto que tendría en la causa una hipotética ley de amnistía. Como desvela este miércoles El Confidencial, este documento consta como recibido por el Ministerio de Justicia el pasado 29 de diciembre, pero no fue hasta este martes cuando se lo envió a la Audiencia Nacional.
El fiscal vuelve a cargar contra el juez
La secretaria general de ERC huyó a Suiza en 2018. Asentada en este país, García-Castellón sospecha que se convirtió en una de las principales promotoras de Tsunami. El magistrado apunta a que las acciones de esta plataforma se planificaron durante dos reuniones celebradas en Ginebra en agosto de 2019 y sitúa a la líder de ERC en ambas. El pasado 6 de noviembre, acordó imputarla por delitos de terrorismo.
El fiscal Miguel Ángel Carballo no comparte este criterio y así se lo ha hecho saber al magistrado en repetidos escritos. Este último vuelve a incidir una vez más en que no hay "indicios de criminalidad" contra ella y se pregunta por qué García-Castellón solo pide su localización: "Actuaciones más contundentes y desde luego más proporcionadas a la grave imputación que formula el juez contra la recurrente podría haber decretado", argumenta. "Sin adentrarnos en las razones por las que el instructor no formula una orden internacional de detención, lo cierto es que este ministerio no encuentra razones para la inculpación de la investigada".
Sin embargo, Carballo sí comparte con el magistrado la idea de que a lo largo del procedimiento en ningún caso se ha quebrantado el derecho de defensa de Rovira, tal y como ella defendía en su último recurso: "La mayoría de las alegaciones del recurrente decaen por sí mismas por falta de objeto, puesto que al parecer se le permitirá el acceso completo a las actuaciones", sostiene en su escrito." Podemos compartir con el apelante que no ha incumplido ninguna citación, puesto que, ciertamente, al día de hoy el juzgado no ha citado a declarar a ninguno (...), pero, en cualquier caso, también es cierto que el inculpado puede comparecer en cualquier momento a declarar".
A la espera del informe definitivo
Mientras el cruce de escritos continúa en la Audiencia Nacional, la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, aún está trabajando en el informe definitivo sobre si existen indicios suficientes para abrir una causa contra Puigdemont en el alto tribunal por Tsunami. Su dictamen no es vinculante para la Sala de lo Penal del Supremo, pero contará con un peso evidente y puede llevar a que la investigación que por ahora dirige García-Castellón cambie de tribunal.
La junta de fiscales de lo Penal del Supremo ya concluyó el 6 de febrero que existen indicios suficientes para investigar a Puigdemont por terrorismo en Tsunami. La decisión se adoptó por 11 votos frente a cuatro, pero, ante la discrepancia de los dos fiscales jefes de la junta, el informe final quedó en manos de Sánchez Conde. La teniente fiscal del Supremo también cuenta con dos informes previos en los que se apunta que no existen indicios suficientes para investigar a Puigdemont y que las protestas de Tsunami no pueden investigarse como terrorismo. Uno de ellos lo firma el propio Carballo y el otro, el fiscal del Supremo Álvaro Redondo.
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