Una semana después de ser censurado por el Senado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido reprobado este jueves por el pleno del Congreso, que ha pedido que sea destituido por su gestión y por la muerte de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) arrollados por una narcolancha el pasado día 9.
La moción, impulsada por el PP, ha sido aprobada gracias a los votos a favor de los diputados populares, de Vox y UPN y la abstención de Podemos, Junts y Coalición Canaria. La votación se ha saldado con 171 síes, 165 votos en contra y 11 abstenciones.
Hace un año Marlaska ya fue reprobado por el Congreso por su gestión de la tragedia de la valla de Melilla, donde murieron al menos 23 inmigrantes al intentar entrar en España.
Los socios de Gobierno se abstuvieron la semana pasada cuando los populares plantearon la reprobación del ministro en el Senado, pero su voto en aquel momento no era decisivo, ya que al PP le bastaba con su mayoría absoluta.
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Carlos Rocha
Ahora sí era determinante y varios de ellos han decidido no apoyar a Marlaska, al que Sánchez volvió a situar al frente de Interior tras las elecciones del 23J a pesar de las críticas a su labor al frente de ese departamento.
En el debate de esta moción, celebrado ayer miércoles, el PP tachó de "nefasta" la gestión de Marlaska y afirmó que los dos guardias civiles de Barbate fueron "ejecutados salvajemente" por los narcos porque no contaban con medios suficientes. Tanto ERC como Bildu dejaron claro que tenían motivos varios para reprobar a Marlaska, pero avanzaron que no iban a seguirle el juego al PP y a Vox y han unido su voto al del PSOE.
Sin embargo, Podemos, que también criticó al PP, ha optado por la abstención: "Debe echarse a un lado", dijo su portavoz, Noemí Santana.
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Salvo por la abstención de Coalición Canaria, no ha habido fisuras en el bloque de la investidura a la hora de rechazar una moción impulsada por UPN para instar al Gobierno a llevar a cabo los cambios legislativos oportunos para poner fin a los homenajes a ETA.
Tampoco ha salido adelante la iniciativa impulsada por Vox que instaba a tomar medidas pare garantizar la independencia de la Justicia, una moción que planteaba cesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
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