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La paz de Doñana está en el aire y se tambalea por un párrafo de un decreto ley de 600 páginas. El artículo 242 de la norma estrella de la Junta en esta legislatura, el cuarto decreto de simplificación, ha resquebrajado una entente entre Teresa Ribera y Juanma Moreno que se fraguó hace solo tres meses después de dos años de disputas. Se trata de una reforma de la ley forestal andaluza que contempla la conversión de un terreno forestal en uno agrícola. No dice nada del parque natural, donde la ministra de Transición Ecológica y el presidente de la Junta estuvieron antes de firmar el pacto que servía para el final de una batalla política que comenzó en una comarca de Huelva y llegó a Bruselas. Y tres meses después, la tregua corre peligro.
En San Telmo, niegan la mayor y atribuyen la reacción de Ribera a la "sobreactuación" del PSOE andaluz, que comenzó el lunes denunciando que el Gobierno de Juanma Moreno había colado una amnistía para los regantes que captaban agua de pozos ilegales "por la puerta de atrás". La formación que dirige Juan Espadas se quedó sin un ariete de oposición contra la Junta desde que el acuerdo se firmó y esa es la explicación que encuentran en el Gobierno para entender las dudas de Ribera, sobre todo en un contexto complicado para el PSOE tras el descalabro en las elecciones gallegas del 18-F. Pero en Madrid también hay dudas, aunque la ministra habló de un posible "malentendido" que abordó con el propio presidente de la Junta en una llamada telefónica.
Ambos tendrán ocasión de profundizar en sus diferencias en la reunión que mantendrán el jueves en la sede del Gobierno autonómico, en Sevilla, aunque el motivo del encuentro es buscar juntos una forma de paliar los efectos de la sequía en Andalucía. Moreno y Ribera habían hecho gala de su entendimiento en las últimas semanas al huir de la guerra del agua en la que han entrado otros territorios, pero esa conexión tiene una salud frágil, como ha demostrado la polémica del decreto de la Junta. En el Ministerio de Transición Ecológica, recuerdan cómo Moreno se comprometió con Ribera a enterrar la ley de regadíos de Doñana con el cambio de legislatura, aprovechando que el texto había decaído por el adelanto electoral. No fue así, el PP llevó el asunto en su programa electoral y reactivó su tramitación ante la presión de Vox, lo que desembocó en una guerra dialéctica en la que Ribera llamó "señorito" a Moreno y desde la Junta afeaban a la ministra un cierto hooliganismo ambiental.
Las palabras gruesas fueron sustituidas por el entendimiento y las fotos en la marisma del Rocío. El acuerdo encaja dentro de la estrategia de la Moncloa de tender puentes con barones territoriales del PP para desgastar el estilo de oposición más duro que está aplicando Alberto Núñez Feijóo. Y en San Telmo también se trabajan la imagen moderada y pactista de Juanma Moreno, que ha hablado de una "vía andaluza" de hacer política alejada de la crispación. La suspensión de la entente que deslizó Teresa Ribera este lunes, llegando a cancelar una reunión con ecologistas y ayuntamientos en el marco del pacto, pone en riesgo esta alianza de intereses.
La fragilidad de la relación lleva al Gobierno andaluz a no levantar la voz demasiado en la discusión, aunque aseguran que el texto de la polémica era conocido por Madrid. El artículo 242 del decreto que se aprobó el 6 de febrero y se convalida este miércoles en el Parlamento calca parte de la difunta ley de ordenación de los regadíos de la Corona Norte Forestal de Doñana. Según la Junta, se trata de una trasposición de una normativa estatal que estaba hablada con el equipo de Teresa Ribera en la pasada legislatura. Hay, aseguran, correos electrónicos donde el propio ministerio les trasladó una redacción que el Gobierno andaluz acabó calcando.
En la mañana del lunes, el consejero de la Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, habló con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para intentar apagar el fuego, sin demasiado éxito. En Transición Ecológica, niegan que conocieran el texto de la reforma y aseguran que conocieron la recuperación del polémico artículo cuando se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), el pasado viernes. "No, no se ha hablado de ello, ni nos lo han comunicado en ninguna reunión", abundan desde el entorno de Ribera, donde recuerdan que Morán tiene reuniones periódicas con los consejeros autonómicos.
La Junta está abierta a negociar con Madrid para evitar que el conflicto se reavive, pero hay un obstáculo para ello. La norma entró en vigor el sábado, tras la publicación en el BOJA y días después de su aprobación en el Consejo de Gobierno. Cabe la posibilidad de que el Ejecutivo de Juanma Moreno se abra a tramitar el texto como proyecto de ley para introducir modificaciones, pero en San Telmo lo rechazan. La vía de una posible modificación sería "una corrección de errores" o la aprobación de un nuevo decreto. La oposición de izquierdas se ha mostrado muy crítica con el Ejecutivo andaluz por aprobar esta norma como un decreto ley. Aseguran que no se da la urgencia que obliga cuando se utiliza esta vía rápida para legislar y que hay asuntos que no están relacionados con la simplificación administrativa.
El PP no tendría problemas en hacer las modificaciones que quiera, sin contar con la oposición, ya que los 58 escaños del Parlamento le dan mayoría absoluta. Pero es un camino que Juanma Moreno no quiere tomar, por el momento. Significaría darles la razón a PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, que lo acusan de gobernar a golpe de decretazo. Pero puede ser la vía para evitar un nuevo frente que manche su imagen reposada.
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