Trabajar con vistas al mar, retornar al pueblo o echar raíces en otro país. Poder dar un largo paseo por la montaña o bañarse en una cala paradisiaca cuando el ordenador se apaga. Antes de la pandemia, optar por un cambio de aires parecía una quimera, pero la crisis sanitaria que estalló en 2020 permitió un giro en la vida de muchos profesionales. Según una encuesta de Eurofound, tres de cada diez empleados en España comenzaron a teletrabajar en ese momento. Después de casi cuatro años, algunos de estos aventureros mantienen una batalla judicial con sus empresas para conservar su reducto. Es ahora cuando los jueces están zanjando este pulso. Para ello ponen en la balanza los motivos e intereses del empresario y los del trabajador.
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Gastos por alquiler de vivienda
Una de las aristas de la vuelta a la presencialidad en el trabajo es que el retorno a la ciudad de la sede laboral puede suponer un perjuicio para aquellos que hayan firmado un contrato de alquiler en el lugar al que se mudaron en la pandemia. Sin embargo, según Fuentes-Lojo, bufete experto en derecho inmobiliario, esta es una excusa débil. En primer lugar, porque la ley permite que el inquilino desista del contrato preavisando a su casero con un mes de antelación si lleva en la vivienda seis meses. Además, si hay cláusula de penalización, “la multa máxima sería de un mes por año incumplido; nunca te pueden exigir el pago del total de las rentas”.
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