El PSOE había afirmado que denunciaría a Abascal por delito de odio e incitación a la violencia.
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha acordado la apertura de diligencias contra Vox y contra su líder, Santiago Abascal, a raíz de unas declaraciones que pronunció en una entrevista con el diario Clarín en referencia a Pedro Sánchez: "Habrá un momento dado que el pueblo querrá colgarlo de los pies".
La denuncia llegó a la Fiscalía General del Estado el 13 de diciembre y fue remitida a la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, María de los Ángeles Sánchez. El documento recoge de forma íntegra las declaraciones de Abascal, en las que se presenta una analogía entre Sánchez y el dictador Benito Mussolini, cuyo cadáver acabó colgado de los pies junto al de su amante.
Las palabras que Abascal pronunció durante una visita a Argentina motivada por la victoria de Javier Milei en las elecciones constituyen, según denunció el PSOE, un delito de injurias o calumnias y otro de odio. La Fiscalía recuerda en este sentido la necesidad de comprobar si estos hechos son delitos también en Argentina. Ordena también recabar una copia de la entrevista y las noticias que surgieron a raíz de las declaraciones denunciadas, así como los tuits de Abascal sobre la entrevista y sobre las protestas en Ferraz.
Vox ha negado en todo momento la existencia de un posible delito. "El señor Abascal ha recordado la suerte de algunos dictadores y eso algunos lo llaman odio, pero no, eso no es odio, es historia", indicó el secretario general del partido, Ignacio Garriga, tras conocer la denuncia.
Sn embargo, a juicio de los socialistas, las palabras de Abascal adquieren mayor gravedad al ser contempladas en su contexto. Así lo mantiene la formación al describir las protestas que se produjeron en Ferraz en contra de la investidura de Pedro Sánchez.
El documento remitido a la Fiscalía denunció la presencia de Abascal y otros líderes de Vox en estas manifestaciones en las que se gritaban consignas como: "Pedro Sánchez, hijo de puta", "Guardia Civil, empuña tu fusil" o "no es una sede, es un puticlub". Los socialistas denuncian también que durante las concentraciones frente a su sede sonaban cánticos franquistas.
La denuncia insta a investigar varios tipos delictivos para averiguar si son imputables a Santiago Abascal. Entre ellos, los delitos de odio recogidos en el artículo 504.1 del Código Penal y los delitos de injurias y calumnias del artículo 205 del mismo libro.
Ante tales acusaciones, la Fiscalía razona que la competencia para estudiar los hechos corresponde a la Fiscalía del Tribunal Supremo, "por razón del fuero de la persona denunciada". En tanto que Santiago Abascal es diputado, es la Sala de lo Penal del alto tribunal la que, en su caso, debe dirigir la instrucción y enjuiciamiento de la causa.
Sánchez señala en el decreto que "no pueden ser descartados" los delitos de injurias, calumnias y amenazas graves y recuerda, por otro lado, que el delito de odio exige (según la jurisprudencia del Supremo) "un clima proclive, propiciador de actos de discriminación" hacia el colectivo atacado.
En la línea de lo manifestado en la denuncia, la Fiscal señala que "no cabe desconectar" las declaraciones del "contexto de grave agitación política". Menciona en este punto a Revuelta, la asociación juvenil ligada a Vox que ha protagonizado las protestas en Ferraz y ha promovido "multitud de incidentes violentos contra las sedes del partido político denunciante".
Juristas auguran poco recorrido a la denuncia
Varios juristas consultados por este periódico en el momento en que se presentó la denuncia señalaron que esta no tiene "demasiado recorrido". El delito de odio no castiga el odio, indicaron, sino la incitación a la violencia o la discriminación "contra grupos vulnerables o personas que pertenecen a ellos".
"El artículo busca proteger a colectivos vulnerables y es difícil que estos discursos contra el presidente puedan tipificarse como un delito de odio, por rechazables que parezcan", aclaró el juez Joaquim Bosch al ser preguntado por este asunto. Además, "el honor de los cargos públicos tiene una protección menor porque forman parte de un debate público y tienen una protección reforzada de su libertad de expresión".
Según recalcan varias fuentes jurídicas, es habitual que se archiven denuncias por delitos de odio contra partidos políticos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y demás organizaciones que no se consideran "colectivos especialmente vulnerables".
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