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El Tribunal Supremo ha sentenciado que la devolución de menores de Ceuta a Marruecos en agosto de 2021 fue ilegal por la “absoluta inobservancia” de la Ley de Extranjería. Según sostiene la Sala de lo Contencioso-Administrativo, se vulneraron sus derechos a la integridad física y moral, poniéndoles en serio peligro de sufrir un padecimiento corporal y psíquico. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, siempre ha defendido que esta operación se llevó a cabo de manera "óptima y razonable".
La sentencia se remonta a lo ocurrido el 17 y 18 de mayo de 2021, cuando se produjo la entrada masiva e ilegal de 12.000 personas a Ceuta. De ellas, alrededor de 1.500 eran menores de edad: "Fueron alojados en varias instalaciones habilitadas al efecto y quedaron, de conformidad con la legislación española, provisionalmente bajo la guarda de la administración autonómica ceutí". "En el mes de agosto, sin que se hubiera resuelto aún la crisis diplomática, funcionarios españoles se reunieron con funcionarios marroquíes en la zona fronteriza entre ambos países, donde convinieron el retorno".
La Sala de lo Contencioso-Administrativo destaca que en ningún caso se "incoaron expedientes individualizados tendentes a determinar las circunstancias y necesidades de cada uno de los menores", sino que las autoridades españolas se limitaron a "tomar nota de los nombres" y comenzaron a enviarlos de vuelta a Marruecos en "grupos de varias decenas". Los servicios diplomáticos quedaron en segundo plano durante esta operación para que "funcionarios del Ministerio del Interior y de la Ciudad Autónoma de Ceuta" tomaran las riendas.
El propio Grande-Marlaska trató de justificar la actuación apuntando a un acuerdo firmado con Marruecos en 2007 que nunca antes se había usado. El 13 de agosto de 2021, procedieron a ponerlo en marcha y les dio tiempo a devolver a 55 menores antes de que la Justicia ordenase detener los trabajos. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó esa paralización y determinó que la expulsión se había realizado sin cumplir los protocolos legales establecidos. La Abogacía del Estado y el letrado de la Ciudad Autónoma de Ceuta recurrieron esta decisión, pero el Supremo la confirma ahora con el apoyo de la Fiscalía.
"Sin caer en alambicadas distinciones terminológicas -que, como se ha visto, resultan aquí irrelevantes- es lo cierto que la decisión acordando el retorno de un número elevado de menores no acompañados sin haber seguido ningún procedimiento constituye una expulsión colectiva de extranjeros; algo que es ilegal con arreglo al Convenio Europeo de Derechos Humanos", advierte la Sala de lo Contencioso-Administrativo. "Frente a ello no cabe oponer que el retorno se produjo materialmente por grupos de pocas decenas, ni que se llevó una relación escrita de los nombres de los menores retornados: no por ello su salida del territorio nacional dejó de ser consecuencia de una decisión de las autoridades españolas indiscriminadamente relativa a todos ellos".
Los magistrados no cuestionan "la gravedad de lo acaecido los días 17 y 18 de mayo de 2021 y "el extraordinario reto que supuso" para el Gobierno, pero consideran que la gestión que llevaron a cabo para expulsar a los menores carece de justificación alguna. "La invocación de circunstancias excepcionales por parte de los recurrentes resulta abstracta, pues no explica la absoluta pasividad de la Administración", concluye la sentencia. "De aquí que no quepa justificar una interpretación laxa de la legalidad, ni menos aún una dispensa de su cumplimiento, invocando circunstancias excepcionales".
Un posible delito de prevaricación administrativa
Al margen de la vía administrativa, el Juzgado de Instrucción Número 2 de Ceuta también investiga estos hechos por un posible delito continuado de prevaricación administrativa. Su procedimiento se dirige contra la entonces vicepresidenta del Gobierno en la ciudad autónoma, María Isabel Deu, y la delegada del Gobierno en el municipio, Salvadora Mateos.
Como desveló El Confidencial, Deu afirmó durante su declaración como imputada que se guio por lo que le iban diciendo "los servicios jurídicos del Gobierno". Su comparecencia se celebró el 7 septiembre de 2022 y señaló a distintos miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez: “Las comunicaciones que tengo de verdad frecuentemente, a diario, (...) es con la Vicepresidencia Primera del Gobierno, con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Derechos Sociales y alguna con el Ministerio de Asuntos Exteriores”.
Esta versión encaja con la de la exdelegada del Gobierno en Ceuta. El 5 de octubre de 2022, ella también declaró como imputada e hizo constantes alusiones a la participación directa de Interior. Según confesó, la petición de devolver a los menores partió del Gobierno de Ceuta, pero las gestiones las impulsó Interior tras una reunión mantenida en Madrid con Grande-Marlaska. La cita tuvo lugar el 28 de julio, semanas antes de la polémica operación retorno: “Se llevó personalmente a Madrid a hablar con el ministro, el ministerio se puso en esos momentos en contacto con Marruecos y vieron a bien llevar a cabo el convenio este”.
En el procedimiento también consta que la operación se activó tras un correo remitido por la Secretaría de Estado de Seguridad, dirigida por el número dos de Interior, Rafael Pérez. La Audiencia Nacional determinó que esa comunicación no se podía considerar una instrucción oficial, pero la delegada del Gobierno la calificó ante la jueza como “una orden”.
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