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El PSOE no tiene previsto aceptar las propuestas más maximalistas de ERC y Junts per Catalunya en el tramo final de la negociación de la ley de amnistía. Y, a la vez, los socialistas aseguran que "hay tiempo". El texto se aprobará este martes en el pleno del Congreso antes de ir al Senado y, si los socialistas mantienen su posición, dejarán fuera las enmiendas más ambiciosas de las formaciones independentistas. Así lo ha explicado el diputado del PSC José Zaragoza en una entrevista en La2 y Radio 4 este lunes, donde ha explicado que la posición de su partido no ha cambiado desde el pasado martes, cuando ya votaron en contra de estas modificaciones propuestas por los republicanos y los neoconvergentes en la reunión de la Comisión de Justicia.
"Nosotros lo que hacemos es negociar", ha dicho Zaragoza para rechazar un cambio de posición del PSOE en los últimos siete días. A pesar de la declaración del diputado socialista, la portavoz de la ejecutiva del PSOE, Esther Peña, ha descartado que haya una negociación como tal. "Lo que hay es tiempo, 24 horas", ha dicho, en referencia a la cuenta atrás para el comienzo del pleno, que debe refrendar la ley de amnistía. "Se llegó a un acuerdo, hay un documento. No hay nada más, estamos satisfechos", ha abundado la dirigente socialista, que ha hablado de "normalidad" en la tramitación de la ley: "Seguiremos hablando con todos los actores, como hacemos con el resto de leyes".
La duda es razonable si se tiene en cuenta que los socialistas no tenían intención de aceptar más enmiendas que las que estaban pactadas por los socios que están a favor de la ley que supondrá el perdón general de los implicados en el procés. Estas primeras ocho enmiendas fueron incorporadas al texto de la ley en los primeros pasos de la tramitación y llevaron la firma del PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y el BNG. Junts acabó apoyándolas a última hora, a pesar de que había participado en su elaboración. Y lo hizo como "gesto de buena voluntad" para poder seguir negociando e incluir más propuestas.
El PSOE y el propio Gobierno venían defendiendo hasta ese momento que las enmiendas a la amnistía serían "técnicas", y distintos portavoces de uno y otro ámbito habían defendido que con esas modificaciones pactadas sería suficiente. No obstante, el PSOE aceptó tres enmiendas más de las que habían mantenido vivas ERC y Junts. Y el objetivo de estas remodelaciones del texto inicial iba encaminado a blindar aún más al expresidente catalán Carles Puigdemont. Se trataba de una respuesta al último auto del juez Manuel García-Castellón, que dio más fuerza a la investigación por terrorismo al líder de Junts en el caso Tsunami Democràtic.
El dirigente neoconvergente está imputado como impulsor en este proceso que provocó el bloqueo del aeropuerto de El Prat en el contexto posterior a la declaración unilateral de independencia de octubre de 2017. También lo está Marta Rovira, secretaria general de ERC que sigue huida en Suiza. El matiz que añadía una de las enmiendas aceptadas era que solo quedaran excluidos de la amnistía los hechos vinculados al terrorismo "siempre y cuando de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de derechos humanos". Los partidos independentistas consideran que las dos únicas causas vinculadas al procés en las que se abordan delitos de terrorismo —Tsunami y de los CDR— en ningún caso encajarían con este requisito porque nunca provocaron de forma "manifiesta y con intención directa" la muerte de alguna persona o torturas.
"Nadie que no quiera utilizar el terrorismo en para su ventaja política puede decir que lo que pasó en Cataluña fue terrorismo", ha dicho Esther Peña, que le ha preguntado a Alberto Núñez Feijóo si considera que las protestas en Ferraz y los disturbios asociados son terrorismo. "Nosotros creemos que no; en España sabemos lo que es terrorismo: ETA, el Grapo, los GAL, Terra Lluire y el terrorismo de la extrema derecha", ha dicho en referencia al asesinato de los abogados de Atocha. "El independentismo utilizó técnicas reprobables, pero no es terrorismo", ha zanjado.
Un nuevo auto del juez García-Castellón fechado el pasado jueves provocó un nuevo desequilibrio en el independentismo al apuntar a otra vía para mantener la investigación sobre Puigdemont. Y por este cambio se entienden los intentos de los independentistas de aumentar el blindaje del expresident en la ley de amnistía. Y la única forma de hacerlo pasa por que el PSOE acepte las modificaciones que ERC y Junts mantienen vivas en el Congreso. Estas enmiendas incluyen hasta los delitos de traición, un apunte que adquiere relevancia si se tiene en cuenta que el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona ha reactivado la investigación que señala los vínculos del independentismo con Rusia y sus intentos por desestabilizar a España.
"Los tiempos de la judicatura están empíricamente alineados con los del legislativo", se quejan fuentes socialistas, a pesar de que la portavoz ha mostrado su respeto al poder judicial en su comparecencia posterior a la Ejecutiva socialista. En el PSOE han llegado a calificar de "horrible" que el poder judicial tome decisiones acompasadas con los movimientos que se dan en las Cortes Generales. "Cada vez que el legislativo mueve ficha, un juez mueve ficha", apuntan desde Ferraz, donde insisten en que es "terrible" el "mero hecho de que un juez tome decisiones al albur de legislativo".
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