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Alberto Núñez Feijóo continúa su ofensiva contra Sánchez y el separatismo y lleva al Congreso de los Diputados una iniciativa con la que trata de poner el foco en la amenaza de la "desertización del Poder Judicial en Cataluña", fruto de la hostilidad del independentismo hacia jueces y letrados por la investigación del procés, una "persecución" que, a juicio del PP, cuenta ahora con el aval del Gobierno por la inminente aprobación de la ley de amnistía o por el aval del PSOE a impulsar comisiones sobre el supuesto lawfare que se abrirán en la Cámara Baja este semestre.
A través de una proposición no de ley —sin carácter vinculante— para su debate en la Comisión de Justicia, el PP exige al Ejecutivo que active una reforma de la ley 15/2003 de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, para evitar la "desertización" de magistrados en Cataluña, y pide además que dote de "ayudas de índole económica" a letrados de la administración de la Justicia para "asegurar su permanencia" en dicha comunidad autónoma.
Los populares ven fundamental, sobre todo en el actual contexto político y social, que el Gobierno reconozca públicamente la labor que jueces, magistrados, fiscales o letrados ejercen en Cataluña, especialmente desde el 1-O.
Los populares fundamentan esta exigencia en un precedente de 1998, en el que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) activó un plan de incentivos económicos y sociales para evitar el vaciado judicial en el País Vasco, último destino de preferencia para el ejercicio de la profesión de la magistratura, que derivó en "la práctica paralización del Poder Judicial" en Euskadi, motivada por la "presión del entorno radical y terrorista".
La iniciativa, firmada por Miguel Tellado y dos de los responsables de Justicia del PP en el Congreso, María Jesús Moro y Fernando de Rosa, justifica que el proceso independentista catalán ha convertido a Cataluña en el territorio con mayor movilidad judicial, situación que vinculan de forma directa a las "amenazas de los radicales" al cuerpo de juristas desde el estallido del procés. El PP vuelve a poner de actualidad una reiterada petición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que exige activar un plus salarial para incentivar a los jueces a ejercer en dicha región. El órgano activó la alarma en 2021, tras notificarse un déficit de 64 salidas, la cifra más alta en una década.
El primer partido de la oposición culpa de ese déficit a la falta de "protección" del cuerpo de juristas por la "situación de acoso y amenazas" que "en ocasiones también sufren sus familiares". "Este tipo de agresiones revisten una marcada gravedad institucional en tanto pretenden afectar el normal desarrollo de la función de uno de los poderes del Estado", inciden los populares, que ven en las ayudas y en los incentivos económicos una forma de poner freno por parte del Gobierno central a la campaña de "desprestigio" contra estos profesionales.
Presión institucional y "rebelión" en la calle
Feijóo prometió una ofensiva total —"por tierra, mar y aire"— al Ejecutivo. La citada proposición no de ley avanza en la línea de tratar de frenar, desde la oposición, el "cuestionamiento de la independencia judicial" y el "ataque a la separación de poderes" que, a su juicio, ejercen tanto el Gobierno como el independentismo. No obstante, el PP se vio envuelto en una polémica por sus propios órdagos al Tribunal Constitucional, que Esteban González Pons definió como "el cáncer del Estado de Derecho", afirmación que tuvo que rectificar posteriormente. "Caemos en los errores del Gobierno que nosotros mismos denunciamos", se quejaban en algunos sectores del partido.
El próximo miércoles, en mitad del vendaval de la amnistía, está prevista además la primera cita 'a tres' en Bruselas entre el comisario de Justicia, Didier Reynders; el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños; y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, para iniciar las conversaciones que culminen en un posible acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En Génova se muestran "optimistas" sobre la posibilidad de lograr un trato, que condicionan a la tramitación simultánea de una ley para reformar el sistema de elección del órgano.
Al margen de la ofensiva institucional y política —el PP activará también la vía europea para tratar de obstaculizar la amnistía, que incluirá delitos de terrorismo—, Feijóo ha encontrado en la calle su principal baluarte contra Sánchez. Este domingo, el partido volvió a firmar un éxito en el centro de Madrid ante más de 45.000 personas, según los datos de la Delegación del Gobierno, un acto en el que Feijóo y Ayuso llamaron a la "rebelión" social para iniciar el "rescate democrático de España". La presidenta de la Comunidad de Madrid clamó, de hecho, contra el cuestionamiento de la independencia judicial y pronunció una defensa cerrada de García-Castellón. "Cuando los jueces investigan, lo hacen para cumplir la ley a pesar de ser perseguidos y despreciados por el Gobierno", lanzó.
El PP exhibió además un apoyo cerrado a Mariano Rajoy, presente en la Plaza de España, igual que José María Aznar, que ha vuelto al foco mediático por las nuevas informaciones sobre la operación Cataluña. Los populares exhibirán esa capacidad de concentración y mantendrán su ofensiva social con nuevas manifestaciones por toda España dentro de la llamada "ruta por la igualdad", con la que Génova busca descentralizar y "territorializar" el malestar no solo por la aprobación de la amnistía, sino sobre todo por los "privilegios" a un único territorio en detrimento del resto.
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