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Congreso y Senado buscarán, motu proprio, detectar a potenciales víctimas de violencia de género dentro de sus propias murallas, entre sus trabajadoras. Las Mesas de las dos Cámaras del Parlamento aprobaron el 19 de diciembre un nuevo protocolo de protección al personal funcionario, laboral y eventual de las Cortes que pone el foco en estas víctimas. El órgano de gobierno del Congreso está en manos de la mayoría del PSOE y de Sumar, y en el Senado es el PP quien maneja los resortes. En un clima en el que la refriega política se deja ver incluso en las reuniones de las Mesas, los tres partidos se han puesto de acuerdo. Y han avalado que los servicios de prevención de riesgos laborales trabajen activamente para detectar casos, "como parte de la vigilancia de la salud" de los trabajadores, que ya contempla atender a indicios de casos de acoso.
Las Cortes Generales cuentan, desde marzo de 2020, con un plan de Igualdad —hoy en revisión—, y desde septiembre de 2021 con un protocolo específico para actuar ante el acoso laboral, sexual y otros tipos de violencia. Ese plan comprometió hace tres años la creación de este protocolo específico, en vigor desde el jueves, tras su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Desde la Cámara, explican que el texto recoge varias disposiciones legales "dispersas" entre distintas leyes —entre otras, en la ley de prevención de riesgos laborales—, y las ordena para ofrecer asesoramiento y dar a conocer medidas para la protección y el apoyo de las trabajadoras. Dentro de lo que ya contemplan esas normas en vigor, apuntan.
Riesgos laborales ya busca, en los contactos con los trabajadores y trabajadoras, detectar problemas derivados de situaciones de acoso y de violencia "dentro y fuera de su trabajo". Ahora, además, en esas conversaciones periódicas estarán atentos a indicios de situaciones de violencia machista, e incluirán preguntas específicas sobre violencia machista en los cuestionarios anónimos que ya trasladan al personal de las Cortes Generales, en los que ya se abordaban cuestiones sobre el acoso.
La idea es dar visibilidad al protocolo en la web, en carteles y folletos, así como en "sesiones informativas", para que las trabajadoras conozcan sus opciones y acudan al Departamento de Igualdad, Prevención y Salud Laboral, que dirige Sara Siera. Y el objetivo es que mantengan su nivel de retribuciones, puedan gozar de movilidad entre las Cámaras y no vean frenada su carrera por ser víctimas de violencia machista. Cualquier diputada puede reclamar asesoramiento, pero las medidas están orientadas a las trabajadoras.
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EFE
En las Cortes Generales trabajan 672 funcionarios, de los que 405 son mujeres: 240 trabajadoras en el Congreso, 155 en el Senado y otras 10 en los servicios comunes de las Cortes y la Junta Electoral Central. Hay otros 246 contratados como personal laboral, de los que 92 son mujeres. Y a ellos se suman 26 eventuales que trabajan para la Mesa (17 son mujeres); al menos 189 trabajadores de los grupos (aún no han actualizado la cifra con todos los nombramientos, pueden ser hasta 350), 97 de ellas mujeres. Y hay otros 27 que desempeñan funciones en apoyo de los presidentes de comisión, de los que 21 son mujeres. Sin contar con el personal adscrito que presta servicio en la Cámara (solo en seguridad son 207 entre hombres y mujeres), hay 632 trabajadoras en las Cortes.
Congreso y Senado, como recoge el plan de Igualdad, "son conscientes del carácter ejemplarizante de cuanto acontece en su seno". Y por eso se ha dado el entendimiento entre los grupos del Gobierno y el principal partido de la oposición. De hecho, el nuevo protocolo presume de que, a día de hoy, "hasta la fecha han sido pocas las administraciones que han aprobado protocolos específicos de protección de las víctimas de violencia de género existentes entre su personal".
Si lo solicita, una vez acreditada su condición de víctima, la trabajadora en cuestión tiene derecho al traslado mediante "adscripción provisional a otro puesto" de "análogas características", haya o no vacantes de necesaria cobertura. Tendrá opción de solicitar excedencia voluntaria (sin cumplir el tiempo de trabajo habitualmente necesario), reducción de jornada, adaptación de su horario o teletrabajo. Y las ausencias totales o parciales "motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género sufrida" se considerarán justificadas si puede presentar certificado o informe que las avale.
Para acreditar la condición de víctima, según el protocolo, es necesario presentar una sentencia condenatoria o una orden de protección vigente; una resolución judicial con medidas cautelares, o un informe del Ministerio Fiscal que aprecie indicios de que la solicitante padece esta violencia. También se puede presentar una acreditación administrativa.
En concreto, el plan de Igualdad en vigor desde 2020, que marca el desarrollo de este protocolo, establece tres objetivos: "Eliminar las desigualdades que puedan persistir en el ámbito del acceso al empleo público parlamentario, de su carrera profesional y de la representatividad; apoyar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y el ejercicio corresponsable de los derechos, y prestar una especial atención a la prevención de la violencia y del acoso, así como a aquellas situaciones que necesitan especial protección, como las requeridas por las víctimas de violencia de género".
Entre sus ejes, se incluye también facilitar "la utilización de lenguaje no sexista en la comunicación y en los documentos que se elaboran en las Cámaras", e impone la celebración de cursos obligatorios en materia de igualdad y violencia de género específicos para quienes trabajan en departamentos que gestionan asuntos de personal.
Según la encuesta entre trabajadores, anexada al plan de Igualdad, el 64% de mujeres y el 73% de hombres creen que en las Cortes Generales no se dan actitudes o comentarios discriminatorios o machistas. Un 54% de las mujeres y un 65% de los hombres sostienen que en el Parlamento no se dan casos de acoso moral, sexual o por razón de género. Solo el 10% de las mujeres y el 3% de los hombres sostienen haber vivido situaciones de acoso moral, sexual o por razón de sexo. Pero el 70% de las trabajadoras y el 71% de los trabajadores reconocieron que no sabrían a quién dirigirse en caso de sufrir acoso.
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