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El pleno del Congreso —reunido de forma excepcional en el Senado por las obras en la Cámara Baja— ha avalado este jueves la tercera reforma constitucional de la historia democrática con 312 votos a favor tras aceptarse su toma en consideración el pasado martes. Entonces, Vox fue el único grupo que se borró del consenso parlamentario en una modificación quirúrgica pactada entre PSOE y PP, y optó por la abstención entre duras críticas a Feijóo por "humillarse" ante Sánchez. Pero los de Abascal han endurecido su postura y han pasado al no en la votación definitiva de este jueves porque "blanquea a Sánchez" y a su "Gobierno ilegal".
Vox hizo público un comunicado al inicio del pleno para justificar su postura. Defienden estar a favor de la eliminación del término disminuido de la Constitución, pero se rebelan contra el texto pactado entre PSOE y PP por implicar una "discriminación por sexo" cuando se hace referencia a la especial protección que el Estado debe ejercer sobre "mujeres y niñas discapacitadas". El partido ultraconservador se niega, dice, a que se traslade la imagen de que Vox "avala" de alguna forma la "consagración de la discriminación, la desigualdad y el desamparo que la nueva redacción de este artículo genera" y que, por tanto, "el voto de Vox en la votación final de esta reforma inoportuna en tiempo y forma es no".
Los de Abascal cargan especialmente contra Feijóo por pactar un asunto tan relevante como la reforma de la Constitución con Sánchez en mitad de la tensión por sus cesiones al independentismo, una actitud que tachó de "hipócrita". La portavoz de la formación, Lourdes Méndez-Monasterio, fue más allá y acusó a Sánchez y Feijóo de utilizar a las personas discapacitadas como "mercancía" para "teatralizar una supuesta normalidad institucional" en mitad, dicen, de un "golpe" al Estado. "Nunca nos convertiremos en marioneta de los enemigos de España", añadía la dirigente este jueves, reafirmándose en el no.
El acuerdo entre PSOE y PP es una "rareza", en boca del propio Feijóo, y podría ser el único gran consenso de la legislatura por el clima de máxima desconfianza entre los dos grandes partidos. Socialistas y populares acordaron acotar la apertura del melón constitucional al asunto de la discapacidad, y rechazaron las enmiendas que presentaron otros grupos para intentar aprovechar la reforma e incluir cuestiones como el "derecho a decidir" del pueblo vasco, impulsada por el PNV, o la inclusión en la carta magna del derecho civil valenciano, a propuesta de Compromís. La Mesa tumbó este miércoles todas las enmiendas.
Con la única excepción de Vox, todos los grupos han defendido la reforma y han confirmado su voto a favor porque es una razón "de sentido común", como defendió la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua. No obstante, durante la fijación de posiciones, ha habido algunas objeciones por parte de los socios del Ejecutivo por haber pactado la reforma con el PP sin abrirla al resto de grupos ni abordar otros debates sobre la posible extensión de la modificación. El portavoz del PNV, Mikel Legarda, ha censurado en la tribuna que los socialistas y populares hayan obligado a firmar un "contrato de adhesión" sin posibilidad de incluir enmiendas para incluir otros aspectos.
Junts ha separado también la negociación paralela que mantiene con el Ejecutivo, en este momento a cuenta de las enmiendas a la ley de amnistía y el aterrizaje de las competencias de inmigración, y se ha posicionado a favor del cambio constitucional pese a "no reconocer como propia" la carta magna. "A veces tienes la tentación de decir: bueno, que hagan lo que quieran con su Constitución", lanzaba la portavoz de los independentistas, Marta Madrenas, que cuestionaba, además, que, con el paso de los años, la Constitución haya permanecido "inamovible".
Por su parte, tanto PSOE como PP han celebrado estar ante "un día histórico" por el cambio constitucional y su principal consecuencia, "devolver a las personas con discapacidad la dignidad que les corresponde en la Constitución", como destacaba la vicesecretaria de Igualdad del PP, Ana Alós. El jefe del Ejecutivo, por su parte, entonó el mea culpa por haber "llegado demasiado tarde" a la eliminación del término disminuido de la carta magna. "Todos ganamos cuando somos capaces de negociar en aras del interés general", incidía.
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