Hace justo un mes que tres jueces requirieron al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional que adoptaran “con carácter urgente” medidas que pusieran fin al “hacinamiento” que sufrían 250 solicitantes de asilo ―entre los que había 19 menores― que permanecían retenidos en diferentes salas del aeropuerto de Barajas (Madrid). Lejos de resolverse, el caos en la gestión del asilo en Barajas se ha convertido en un problema para el ministro Fernando Grande-Marlaska. Lo que era una vía marginal para pedir protección en España ha pasado a ser en pocos meses un recurso que están explorando cientos de personas, de cada vez más nacionalidades. Solo del 1 de diciembre del año pasado hasta el 15 de enero de este 2024, se tramitaron en el aeródromo madrileño 847 solicitudes de protección internacional, un número inaudito. Y no hay solución a la vista.
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