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Una veintena de ciudades no han hecho los deberes contra la contaminación. Y el tiempo apremia. Un total de 18 urbes de más de 50.000 habitantes en toda España no han elaborado aún los protocolos de bajas emisiones que exige el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y que deben presentar antes del 1 de enero. El Defensor del Pueblo ya investiga a un total de 33 localidades —también las que no han aprobado los planes pese a estar en trámite— e insta a acelerar los plazos. Los hay que, incluso, han dado marcha atrás a los avances ya logrados y están bajo la lupa.
El Gobierno aprobó en diciembre de 2022 el real decreto que regula las zonas de bajas emisiones (ZBE), unas áreas que deberán establecerse en las ciudades de más de 50.000 habitantes —y algunas de 20.000— y que restringe el paso a determinados vehículos, los más contaminantes, para reducir la polución de cara a 2030. Esta nueva norma se aplica a más de un centenar de urbes repartidas por todo el país, que tendrán hasta cuatro años para desarrollarlas. Pero antes de 2024 había que haber iniciado al menos los trámites para comenzar pliegos y obras.
La mayoría de las ciudades se concentran en grandes comunidades como Madrid, Baleares o Andalucía. En la primera, las ciudades que constan como pendientes en el conteo que ofrece el departamento de Teresa Ribera son Arganda del Rey, Coslada, Valdemoro, Aranjuez y Tres Cantos. En algunos casos, sin embargo, niegan que estén en una situación de irregularidad.
El Ayuntamiento de Tres Cantos (PP), consultado por El Confidencial, reniega del registro oficial y asegura haber elevado su crítica al propio Ministerio. Fuentes municipales explican que empezaron a trabajar para delimitar las zonas de bajas emisiones, que era uno de los requisitos exigidos por la ley para considerar que un municipio ha puesto en marcha la medida. En su caso, lo que han hecho es enviar una propuesta que se basa en conocer los hábitos de desplazamiento en su población, y así idear las mejores rutas para implementar la medida.
En general, casi todas las localidades incluidas en la lista han comenzado los trámites para tener ZBE. Solo unas pocas las pusieron ya en vigor y otras, como la ciudad madrileña, se mantienen en un extraño limbo.
El caso de Tres Cantos es especialmente singular. Cuando se aprobó la norma eran 49.600 los habitantes censados. En enero, cuando se actualizaron estos datos, ya habían alcanzado la frontera de los 50.000 y pasaron a estar incluidos en el listado oficial. En el Consistorio muestran su desconcierto. "Somos un municipio extraño. Tenemos sectores de interior y varias avenidas que rodean la ciudad, así que no hay grandes focos de contaminación aquí. Lo último grave que recuerdo fue cuando llegó aquella polvareda del Sáhara", explican, refiriéndose al episodio de hace unos años. En el equipo de Gobierno no entienden cómo es posible que, "habiendo dado tan poco margen a los municipios" para implementar sus ZBE, el Gobierno no haya tenido en cuenta los pasos dados desde Tres Cantos y los mantenga entre las ciudades pendientes de iniciar el proceso.
Municipios afectados
Hay más municipios que aparecen en el mapa del Ministerio. Barakaldo consta entre las ciudades que aún tienen que planear sus áreas de bajas emisiones, aunque no sueltan una palabra sobre el tema. Preguntados por este periódico, zanjan el asunto advirtiendo que "no dirán nada al respecto" y, aunque se les insiste en que es su obligación ofrecer esta información de interés público, insisten.
A más de 560 kilómetros de allí, en Cerdanyola del Vallés (Cataluña), tampoco dan crédito por la situación en la que se encuentran. "Se han iniciado los trámites y este mismo mes ya hemos instalado las cámaras de vigilancia", aseguran desde el Consistorio. Han formado una alianza con otras ciudades catalanas para planificar sus ZBE y tenerlas listas antes de julio de 2024. A finales de diciembre harán una campaña informativa dirigida a la ciudadanía y otra en primavera, a punto de cumplir el plazo.
Rumbo a Andalucía, Motril es otro de los ayuntamientos señalados. Esta ciudad de Granada tampoco aparece entre los consistorios que iniciaron trámites o pusieron en marcha sus ZBE, aunque en la corporación municipal indican justo lo contrario. "Hay una empresa haciéndonos un estudio para barajar zonas que instaurar como de bajas emisiones y este mes nos entregan ya los pliegos", garantizan fuentes municipales. Otro caso curioso es el de Baleares. En las islas, casi todas las ciudades que superan los 50.000 habitantes y están advertidas no han empezado aún los trámites para su puesta en marcha.
No saben cuándo estará listo el proyecto y tampoco cuándo lograrán ponerlo en marcha, pero la cuenta atrás es cada vez más estrecha. Sin embargo, la norma estatal no establece un régimen sancionador a los municipios que no impongan sus ZBE. Así que, una vez cumplido el plazo, habrá que ver qué pasará con aquellos que no las tengan en vigor.
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Un cartel que indicaba el inicio de una zona de bajas emisiones en el antiguo Madrid Central, ahora Madrid 360. Tanto en Formentera, Mallorca, Menorca, Calvià como en Ibiza están pendientes de empezar sus proyectos, siendo una de las comunidades que más zonas en esta situación acumulan para el número de áreas afectadas. En la última de estas islas, el Ayuntamiento explica a El Confidencial que ya se ha solicitado una moratoria para instaurar sus áreas de bajas emisiones, aunque aún están a la espera de obtener una respuesta. La realidad, no obstante, es que el Gobierno central ya atrasó un año la entrada en vigor de la ley estatal de cambio climático y transición ecológica, que regula precisamente estas ZBE.
El Gobierno prefiere no hacer valoraciones sobre los retrasos, pero sí recuerda que la norma estatal da un deadline: debe hacerse antes de acabar 2023. "Les hemos dado más de 18 meses", recuerdan. Y hacen más recordatorios. El Ejecutivo central, a través de su departamento, publicó en noviembre de 2021 unas directrices para establecer las ZBE que tenían como objetivo el "apoyar a las ciudades" que tenían que implementarlas.
En su elaboración participó la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que agrupa a 7.412 ayuntamientos, diputaciones provinciales, consejos insulares y cabildos insulares. La consulta pública fue en febrero de 2019, por lo que ya ha pasado tiempo. Así que, ante los imprevistos, el Ministerio de Transición Ecológica esperará a ver qué hacen las ciudades a la vez que monitorean el seguimiento.
El Ministerio alerta: "Hay que buscar soluciones acordes a la gravedad del problema"
Cuando lleguen los primeros datos conjuntos valorarán los resultados. Entonces verán cómo hacer frente a los incumplimientos que persistan. A la pregunta de si está sobre la mesa conceder a los municipios que lo soliciten una prórroga de los plazos, el Ministerio incide en que las "posibles excepciones podrán establecerse siempre que garanticen el cumplimiento de los objetivos por los que creamos las ZBE". Así, los casos que consideren "debidamente justificados" podrán librarse de algunas restricciones. De momento, se abonan a que los municipios establezcan un calendario de aplicación de medidas y reiteran que, en momentos tan críticos como este, la calidad del aire y el cambio climático requieren de "actuaciones urgentes" que sean "proporcionales a la gravedad del problema".
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