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La Audiencia Nacional ha revocado la excarcelación que el Gobierno vasco del PNV otorgó al histórico etarra José María Arregui Erostarbe, alias Fitipaldi. Es un sanguinario terrorista que lideró la banda al frente de la llamada cúpula Artapalo, desarticulada en 1992 en Bidart (Francia). Condenado por múltiples asesinatos y casi un centenar de heridos, lleva preso desde entonces y el Ejecutivo autonómico le concedió un tercer grado por razones “humanitarias y dignidad personal” al cumplir 77 años de edad. El juez ha acordado que siga entre rejas tras un escrito en el que Fitipaldi no quiso pedir perdón a sus víctimas directas ni colaborar para esclarecer atentados pendientes.
Según el auto judicial al que ha tenido acceso El Confidencial, la Consejería de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales de la que dependen las prisiones vascas acordó conceder un tercer grado a Fitipaldi en abril. No le dio tiempo a salir de la prisión de San Sebastián en la que se encuentra porque la Fiscalía recurrió y su excarcelación quedó en suspenso a la espera de los jueces. El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional le preguntó si estaba dispuesto a ayudar a arrojar luz sobre los crímenes de ETA pendientes de resolver. La respuesta del exjefe etarra jugó en su contra. “Esta pregunta está fuera de sitio en el año 2023”, le replicó al juez.
“Nadie discute —añade el escrito del terrorista— que ETA se disolvió y que las personas de mi generación que pertenecimos a la misma no tenemos intención de resucitarla (...) Las personas con las que coincidí en aquellos tiempos están todas presas o han finalizado condena de 30 años de prisión, o simplemente han fallecido. No creo que haya nada que yo pueda contar de interés, pues los hechos en los que participé están acabados”. Al juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, no le parece que esta reflexión cumpla con los requisitos que marca la ley para adelantar la excarcelación de presos terroristas.
El magistrado cifra en 16 los asesinatos terroristas en los que participó Fitipaldi, que además causaron 88 heridos. “No parece ético ni razonable el frivolizar con esto por el hecho de que la banda terrorista esté disuelta”, dice el juez. Recuerda en su resolución que existen cerca de 300 casos de atentados terroristas sin resolver, “existiendo detrás de cada uno de ellos familiares y amigos que sufren las consecuencias de estos actos y que, como mínimo, tienen derecho a conocer la verdad”. Las excusas del preso para no pedir perdón individualizado a sus víctimas tampoco sonaron convincentes en el juzgado.
La Sala de lo Penal elevó el listón a los etarras a la hora de cumplir este requisito legal. La nueva doctrina determinó que no vale un reconocimiento genérico del daño causado y exige un perdón individualizado. Preguntado a este respecto, el etarra Fitipaldi también se negó: “Nombrar a todos ellos en un escrito me parece frío, distante, acaso revictimizante, y no quiero dejar de lado a ninguno”. “Nada puedo hacer para reparar las consecuencias de algunos de mis actos”, zanja en otra parte de su escrito. Por estos motivos, el juez ha resuelto que el preso siga en la cárcel: “Debe, por tanto, potenciarse la vía tratamental, especialmente en posicionamiento ante las víctimas”.
Arregui Erostarbe seguirá, por tanto, en segundo grado penitenciario, el más común en las prisiones. El juez pidió también informes médicos que no arrojan en el interno problemas graves de salud. Fitipaldi fue detenido en 1992 y tras ocho años en cárceles francesas fue entregado a España para seguir cumpliendo condena. No saldará sus cuentas pendientes con la Justicia hasta el 28 de julio de 2025, según las cuentas de la Audiencia Nacional. Con todo, el etarra está cursando un programa de justicia restaurativa. “Le permitirá, tal vez, un reconocimiento más profundo y real del daño causado ante las víctimas de sus actos”, concluye el juez.
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Alejandro Requeijo
Esta decisión sirve para poner de relieve la disparidad de criterios entre los jueces y el Gobierno nacionalista vasco en cuanto a las exigencias a los presos de ETA para acelerar sus salidas de prisión. Desde que Euskadi asumió las competencias de Prisiones en octubre de 2021, la Consejería de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales ha otorgado decenas de terceros grados a miembros de la banda. Cumplidos los dos años desde la transferencia, son cerca de 60. Se da la circunstancia de que en al menos 10 ocasiones las autoridades nacionalistas han dado un tercer grado por segunda vez al mismo preso después de que se lo hubiese revocado la Audiencia Nacional. Fitipaldi es uno de ellos.
El juzgado, en una resolución del 27 de noviembre, acepta el recurso de la Fiscalía, aunque por la falta de arrepentimiento del etarra. El Ministerio Público alegó una cuestión formal basada en la ausencia de competencias del Gobierno vasco para otorgar un tercer grado por motivos de “ancianidad”. A su juicio, se tendría que haber limitado a proponerlo ante el juzgado. Pero el magistrado responde que “no cabe acoger este argumento” porque la clasificación del grado penitenciario en la que un preso cumple su condena no es competencia inicial del juez penitenciario, sino de la Administración.
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