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España cuenta con un pacto antitransfuguismo que aborda esta conducta en todas las esferas institucionales desde julio de 1998. Este acuerdo es ampliamente reconocido por las formaciones políticas en todo el país y en Béjar, el segundo municipio más grande de Salamanca, han ido un paso más allá. En la zona sureste de la provincia, los concejales del PP, quienes gobiernan en coalición con Vox, firmaron un contrato contra el transfuguismo al que El Confidencial ha tenido acceso, incluyendo una multa de 500.000 euros en caso de incumplimiento.
El acuerdo se estableció en la segunda semana del mes de agosto de este mismo año. Los siete concejales del PP, a excepción de los ultraconservadores, acordaron cumplir un contrato de confidencialidad que prohibía a los firmantes "realizar una moción de censura al señor alcalde durante la legislatura 2023/2027", así como "desvelar el contenido o documentación que se rebele en las reuniones del equipo de Gobierno".
El primer edil, Luis Francisco Martín, afirma a este periódico que la sanción económica, incluso para los concejales populares, fue propuesta con el fin de "dar seguridad" a la legislatura. La cifra impuesta para una posible sanción carece de explicación. En un principio, propusieron imponer la multa en 100.000 euros; posteriormente, multiplicaron por cinco la cantidad, conscientes de que "podían venir tiempos complicados". El contrato surgió durante una conversación entre la concejal Olga García y el alcalde Francisco Martín: "Lo redactó —Olga— y dijimos ‘vamos a poner una cifra alta’”. Ambos acordaron elaborar un contrato de confidencialidad para que, "si alguien hace una moción de censura", enfrentara dos situaciones: abandonar el ayuntamiento o pagar 500.000 euros, según admite Martín. No obstante, los siete concejales del PP que suscribieron el acuerdo lo hicieron de manera voluntaria, según el alcalde.
La preocupación del máximo dirigente tampoco es excesivamente evidente al recoocer en noviembre que los siete documentos firmados "ya no están" en su despacho. Actualmente, el alcalde admite desconocer la existencia de una norma que lucha contra el transfuguismo, y minimiza el contrato firmado: "No sabíamos que existía un pacto antitransfugismo".
La cuantía reflejada en el pacto es elevada y, según apuntan fuentes legales consultadas por El Confidencial, el contrato es de "dudosa legalidad". Las mismas fuentes aseguran al “99%” la ilegalidad del escrito: "No se puede renunciar a una moción de censura (...) No puedes poner en un contrato esa renuncia, igual que no puedes renunciar a tu derecho a la imagen". A pesar de haber elaborado el documento de confidencialidad, el Consistorio, por su parte, reconoce que el contrato "jurídicamente no tiene ningún valor". A día de hoy, no existen disposiciones específicas en el Código Civil que regulen directamente las mociones de censura. La capacidad de presentar mociones y las reglas asociadas, generalmente, se encuentran en la legislación electoral y en la normativa que regula el funcionamiento de los órganos gubernamentales, como la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
Las formaciones políticas se resguardaron de esta práctica en 1998 para prevenir la incorporación de políticos que decidieran cambiar de bando. Sin embargo, este acuerdo documentado no siempre es respetado. En la localidad de Pioz, provincia de Guadalajara, el PSOE ha incorporado recientemente al equipo de Gobierno a dos concejales no adscritos, "anteriormente miembros del grupo municipal de Vox", según detalla nuevaalcarria.com y denuncia el anterior alcalde de Guadalajara, Antonio Román en su cuenta de X (versión posterior de Twitter).
El Pacto Antitransfuguismo ha sido objeto de renovaciones en el año 2000 y 2006, mediante las I y II adendas en la Comisión de Seguimiento del Pacto por la Estabilidad Institucional y lucha contra el Transfuguismo Político. En el verano de 2020, experimentó una reactivación y fue respaldado por 22 formaciones políticas, incluyendo el PSOE, PP o PNV, entre otros. Además, se creó una III adenda al Pacto en noviembre de 2020, denominada Pacto por la Estabilidad Institucional y lucha contra el transfuguismo político.
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