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De "la interlocutora es Yolanda Díaz" a "tendremos que hablar con el mixto". En poco más de dos semanas, el Gobierno ha tenido que resignarse a incluir una dosis más de incertidumbre a la aprobación de los presupuestos generales del Estado de 2024. Es el primer resultado del divorcio entre Podemos y Sumar y el consiguiente paso de los morados al grupo mixto, donde compartirán escaños con Coalición Canaria, BNG y UPN. En el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya son conscientes de que se enfrentarán a un nuevo quebradero de cabeza en una legislatura que ya era muy complicada de inicio, pero al mismo tiempo expresan su confianza en que las cuentas del año próximo se aprueben en el primer trimestre.
Esta confianza es resultado del camino ya recorrido en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, pues muchos de los acuerdos incluyen iniciativas con reflejo presupuestario. Y la marcha de los cinco diputados de Podemos de la coalición que lidera Yolanda Díaz no hace peligrar las cuentas, insisten desde la Moncloa, según deslizaron fuentes gubernamentales en los corrillos de la conmemoración por el día de la Constitución en el Congreso. En el equipo de María Jesús Montero, ya mostraron su optimismo poco después de conocerse el divorcio en la izquierda al recordar que las cuentas vigentes, las de 2023, lograron el apoyo de 10 fuerzas distintas.
"Lo conseguiremos", expresa una fuente del Ejecutivo cuestionada sobre la necesidad de sentarse Junts, ERC, BNG, EH Bildu, PNV, Coalición Canaria, Sumar y ahora Podemos. Y cuentan con la garantía de que los morados, según garantizó Ione Belarra a Félix Bolaños, no tienen intención de hacer caer el Gobierno. Pero sí querrán hacerse notar y contar con un margen de maniobra que, aseguran, no tenían dentro de la coalición que dirige Yolanda Díaz. Eso tendrá también su reflejo en las negociaciones, por lo que resulta lógico que las cuentas de 2024 tengan algún guiño a los morados.
Montero tiene experiencia en negociar con ellos, ya que los tres PGE que ha aprobado como ministra de Hacienda son resultado de una alianza con Unidas Podemos, con Nacho Álvarez, ya fuera del partido de Ione Belarra, como negociador morado.
No se conocen muchos más detalles sobre el proyecto de presupuestos generales del Estado que debe afrontar María Jesús Montero en las próximas semanas. Hasta este lunes, 11 de diciembre, los ministerios tienen tiempo para cargar sus peticiones de gasto. Y ese mismo día la ministra de Hacienda ha convocado un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que será el primer gran paso de los PGE de 2024. En el foro que reúne al Gobierno con las comunidades autónomas del régimen común, Montero presentará los objetivos de estabilidad para España en los próximos años, es decir, la envolvente financiera de las cuentas y su capacidad de endeudamiento.
Esto es una novedad, después de varios años de laxitud fiscal desde Bruselas. Las reglas fiscales vuelven en 2024 y con ellas los objetivos de déficit, que será del 3% del PIB. Se trata de un ajuste fiscal que obligará, por ejemplo, a revisar las medidas de lucha contra la inflación para que dejen de pesar en las arcas públicas del país. Pero en el Gobierno confían en que no será un gran problema. Habrá que escuchar la opinión de las comunidades, que también tendrán que asumir parte del apretón del cinturón después de años marcados por esa apertura fiscal y la llegada de fondos a mansalva en el contexto de la pospandemia.
Es previsible que el tono de la reunión se eleve, porque solo dos de los territorios con asiento en este foro multilateral están en manos de gobiernos socialistas (Castilla-La Mancha y Asturias). El resto está bajo control del PP o tiene a los populares dentro del Gobierno, como ocurre en Canarias. Y aprovecharán para sacar a la palestra su rechazo a las repercusiones económicas de los pactos del PSOE con ERC y Junts. Es más que probable que en el debate aparezca la propuesta de quita de deuda que los socialistas incluyeron en su acuerdo con los republicanos y que será extensible al resto de regiones, aunque todavía está por definir cómo se hará el cálculo.
Sí está ya claro que cada comunidad tendrá una negociación bilateral con Hacienda para definir esa quita de deuda, que también podrá traducirse en una transferencia para aquellas regiones que tengan deuda privada y no con el Estado. La petición de los barones populares pasa por exigir el mismo trato que tiene Cataluña, algo que beneficiaría, por ejemplo, a Andalucía si el cálculo responde a la población beneficiada. "Es un proceso muy complicado", explican desde Hacienda respecto a esa fórmula para determinar la cantidad de deuda que se perdona.
Hay una vertiente secundaria de esta reunión que tiene que ver con uno de los asuntos que serán claves en la legislatura, como es la financiación autonómica. Montero tiene esta tarea pendiente desde su llegada al Gobierno central, hace ya más de un lustro. La intención de la andaluza es volver a intentar una renovación del sistema contando con el PP. Y entre las cartas que se guarda está la posible vinculación de la quita de deuda al nuevo modelo, algo que podría provocar disensos entre las distintas comunidades gobernadas por los populares, con situaciones fiscales muy dispares.
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