Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y de Justicia, viaja a Bruselas para mantener dos reuniones clave el jueves: una con la checa Vera Jourová, vicepresidenta de la Comisión Europea, y otra con el belga Didier Reynders, comisario de Justicia. El encuentro llega tras unas semanas de tensión por el acuerdo entre PSOE y Junts y la presión ejercida por el Partido Popular y Ciudadanos para lograr una internacionalización de la oposición a la ley de amnistía. Una de las funciones de Bolaños en esta nueva legislatura, en la que ha sido reforzado, es precisamente gestionar esta cuestión con la Comisión Europea.
Bolaños ya mantuvo un intercambio muy tenso con Reynders pocas horas antes de que el PSOE y Junts anunciaran el acuerdo a principios de noviembre. El belga, presionado por los miles de quejas de ciudadanos anónimos y organizaciones que su equipo había recibido en los días anteriores y también por la presión ejercida desde la Eurocámara por diputados como Adrián Vázquez, de Ciudadanos, envió una carta al entonces ministro de la Presidencia en funciones, así como a Pilar Llop, entonces ministra de Justicia, en la que les pedía más información sobre la ley. Bolaños reaccionó de forma rápida y cortante, una carta que sorprendió por la velocidad y por las formas. En la Moncloa estaban muy molestos con un gesto que interpretaban como una intromisión en el proceso de negociación de la investidura.
Desde entonces, Reynders ha seguido estando sometido a mucha presión, aunque captó bien el mensaje que Bolaños enviaba en esa carta: la Moncloa no iba a tolerar que la Comisión se entrometiera en el asunto. El belga pasó a tener un perfil más bajo, e incluso negó haber escrito en la carta que la ley generaba “preocupación”. La semana pasada viajó a Estrasburgo y participó en un debate en el pleno sobre la situación del Estado de derecho en España, una sesión que impulsó el Partido Popular Europeo (PPE), con el apoyo de los liberales de Renew Europe y los ultraconservadores. El comisario tuvo cuidado de no pisar ninguna mina y siguió al pie de la letra el guion previsto, insistiendo en que el asunto catalán es un tema “interno” de España que debe resolverse según el ordenamiento constitucional español y subrayando que la Comisión analizaría la ley con “independencia”.
Cuando los socialistas registraron la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, Bolaños envió el texto a la Comisión Europea y pidió una reunión con el comisario Reynders y con la vicepresidenta Jourová. El departamento del por entonces todavía ministro en funciones señaló que se había transmitido a los miembros del Ejecutivo comunitario que la amnistía es "una cuestión política de ámbito interno" y pedía "respetar el debate político y parlamentario en España frente a los intentos de algunos grupos políticos de convertir un debate interno y español en una cuestión europea", en una clara referencia a los populares.
Interlocución con Jourová y Reynders
El belga es el eslabón débil de la Comisión. Es un verso suelto, mucho más impredecible que otros miembros del colegio de comisarios. Durante la crisis del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Reynders se ha salido del guion esperado por el Gobierno en un par de ocasiones, llegando a sorprender también dentro de la propia Comisión Europea cuando viajó a España y sugirió que intentaría mediar entre el PP y el PSOE para lograr la renovación del CGPJ. Los populares han intentado en varias ocasiones que el belga sugiera que antes de renovar el órgano de gobierno de los jueces se debe modificar el procedimiento de elección de sus miembros para alinearlo con los estándares europeos, aunque Reynders ha insistido en la estrategia marcada por la Comisión: primero renovar con urgencia y después reformar.
Desde la Moncloa, intentan leer los intestinos de la Comisión Europea y se centran en Jourová. Saben que es mucho más predecible, menos política y más sensible a las opiniones de los Estados miembros. Son los verdaderos interlocutores en esta cuestión. Además, por rango, Jourová está por encima de Reynders, al ser vicepresidenta del Ejecutivo comunitario. “Estoy contento de que hayamos podido empezar un verdadero diálogo con las autoridades españolas y con el Gobierno español”, ha explicado este miércoles Reynders al ser preguntado por la reunión. El belga insiste en que habrá que tener un texto final para que los servicios jurídicos puedan analizar en profundidad el documento, pero señala que el encuentro de este jueves permitirá “preguntar una serie de cuestiones y ver en qué puntos podemos recibir más informaciones”.
Lo cierto es que la primera lectura de la ley de amnistía indica que los dos grandes problemas que podían provocar un choque entre la Comisión y el Gobierno se habían esquivado: cualquier mención al lawfare y a que se amnistiaran delitos relacionados con el presupuesto de la Unión Europea. La interlocución entre Bruselas y la Moncloa había sido continua durante semanas para evitar precisamente que se tocara cualquiera de esos dos puntos.
Presión popular
Bolaños y la Moncloa saben que la capital comunitaria es un territorio importante. En la política española, Bruselas ejerce el papel de tribunal supremo. Europa sigue jugando un papel fundamental como una especie de supervisor. Si la Comisión Europea da un toque de atención al Gobierno, se convierte en una crisis política. Por eso los populares están lanzando una ofensiva total en Bruselas. Llevan semanas moviéndose a todos los niveles en la Eurocámara, implicando al máximo al Partido Popular Europeo (PPE) y a su presidente, el alemán Manfred Weber, y tratando de trazar comparaciones con dos casos muy conocidos en la capital comunitaria: Polonia y Hungría.
En el último capítulo de estas ofensivas, Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, ha aprovechado la tribuna del Comité de las Regiones, un órgano consultivo y sin poder real, para cargar contra la ley de amnistía. Además, los populares intentan que en el dictamen no vinculante que debe aprobar el comité sobre la directiva europea de lucha contra la corrupción que lanzó la Comisión Europea en mayo se incluya la sugerencia de que se prohíban las amnistías para casos de corrupción. Aunque este nuevo capítulo no tenga ninguna repercusión real, se trata de una capa más en la estrategia de desgaste de Génova.
La realidad es que la estrategia popular cala muy poco en los despachos importantes. Por ejemplo, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, es una estrecha aliada de Sánchez y necesitará al socialista si quiere repetir al frente del Ejecutivo comunitario después de las elecciones europeas de 2024. La única crítica real al acuerdo sobre la amnistía ha llegado por parte de Josep Borrell, alto representante de la Unión para Política Exterior y de Seguridad, con un largo historial de oposición al independentismo catalán.
Pero el punto culminante de esta estrategia popular se vivirá el 13 de diciembre. Ese día, está previsto que Sánchez hable ante el hemiciclo en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Se trata del discurso que por protocolo debía haber dado al inicio de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, en julio, pero que se aplazó por la convocatoria de elecciones. Ahora, el líder socialista lo hará a modo de discurso de clausura sobre el semestre español y el PPE buscará aumentar la presión sobre el presidente del Gobierno en un debate que se prevé que sea muy duro.
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