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Una red criminal dedicada a la explotación laboral de migrantes ha sido desarticulada por la Guardia Civil y la Policía Nacional tras una operación conjunta desarrollada durante año y medio. El resultado: 45 personas liberadas que vivían en condiciones infrahumanas y nueve detenidos en Zaragoza, Ávila, Cáceres y Barcelona, tres de los cuales han ingresado en prisión provisional.
La operación, bautizada como "Lhotse-Tiger", ha sacado a la luz una trama con base en la provincia de Zaragoza, donde se coordinaban los responsables de captar, trasladar y explotar a trabajadores de origen nepalí, paquistaní e indio. Estos migrantes eran engañados con falsas promesas de empleo digno y acababan trabajando en explotaciones agrícolas de Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura.
Las víctimas eran hacinadas en viviendas insalubres, sin documentación y bajo vigilancia permanente. En uno de los registros realizados en Caspe (Zaragoza), más de una veintena de personas fueron encontradas durmiendo en colchones tirados en el suelo, compartiendo un solo baño y pagando 100 euros mensuales al grupo criminal, más siete euros al día por el transporte a sus lugares de trabajo.
#OperacionesGCLiberadas 45 personas que eran explotadas laboralmente en fincas agrícolas de cinco comunidades autónomas: Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadurahttps://t.co/cxreYbMyx3 pic.twitter.com/pHiZryUJzE
— Guardia Civil (@guardiacivil) June 6, 2025
El punto de partida de la investigación fue una inspección realizada en 2024 en una empresa alimentaria de Candeleda (Ávila), donde se localizó a varias personas asiáticas viviendo en condiciones extremas. Tres personas fueron detenidas entonces: un responsable del alojamiento y dos encargados de la empresa que, supuestamente, se beneficiaban de la explotación.
Paralelamente, en Cáceres, la Guardia Civil halló a siete trabajadores nepalíes en situación irregular, viviendo casi en condiciones de mendicidad en instalaciones agrícolas. Este hallazgo reforzó la hipótesis de una red más amplia que operaba de forma coordinada en distintas provincias y comunidades autónomas.
Los detenidos captaban a los migrantes desde otros países europeos, también falsificaban documentación, gestionaban el alojamiento y mediaban con empresas agrícolas para colocar a sus víctimas. Muchos de los salarios terminaban parcialmente en manos de la red, que actuaba como intermediaria forzosa y cobraba por todos los trámites, transporte y alojamiento.
Entre los delitos imputados a los arrestados se encuentran trata de seres humanos con fines de explotación laboral, pertenencia a grupo criminal y falsedad documental.