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El abogado del Fiscal General del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz, ha solicitado al Tribunal Supremo el archivo libre y definitivo de la causa abierta contra su defendido por la supuesta filtración de información relativa a una propuesta de conformidad fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, en el marco de una investigación por fraude fiscal.
Según el escrito remitido a la Sala Segunda del Alto Tribunal la investigación no ha logrado aportar pruebas incriminatorias directas contra el máximo responsable del Ministerio Público. En cambio, sí habría reunido abundante material exculpatorio.
Acusación "deformada" y estrategia políticaEl letrado de García Ortiz afirma que el procedimiento responde a una estrategia procesal cuidadosamente orquestada para distorsionar los hechos. La querella, sostiene, “suprime de forma deliberada toda circunstancia que pudiera desmentir o matizar el relato incriminatorio”, y presenta al denunciante como un “simple particular”, cuando en realidad tenía notoriedad pública por su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid.
La defensa insiste en que, debido a esa notoriedad, la información sobre las negociaciones con la Fiscalía de delitos económicos fue divulgada, siendo luego manipulada y presentada de forma sesgada en una “intensa actividad mediática e institucional” desatada el 13 de marzo de 2024. El objetivo, según el escrito, habría sido redirigir artificialmente la sospecha hacia García Ortiz.
Cronología y ausencia de participaciónEl documento detalla que los datos objeto de la controversia ya circulaban entre periodistas y terceros al menos 24 horas antes de que el Fiscal General tuviera acceso a ellos. Además, subraya que no hay constancia alguna de que participara en la difusión de los correos electrónicos o documentos reservados investigados.
Por el contrario, se apunta a que personas cercanas a González Amador, incluido Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, habrían remitido mensajes, capturas y fragmentos de correos a periodistas, lo que situaría el origen de la filtración fuera de la Fiscalía.
“Información ya era pública”La defensa insiste en la inexistencia de relevancia penal, argumentando que, según doctrina del Supremo, la información pierde su carácter secreto cuando se divulga a periodistas. Así, cualquier hipotética implicación del FGE en la difusión sería “atípica”, ya que la información era de dominio público y ampliamente difundida en medios y redes sociales.
También cuestiona la credibilidad del propio González Amador, quien habría intentado aparentar desconocimiento sobre sus negociaciones con la Fiscalía, en contradicción con su abogado. Esto, añade, “impone especial cautela” a la hora de valorar su testimonio.
En cuanto al borrado de datos del móvil de García Ortiz —muy criticado por la acusación—, su abogado lo califica de “legítimo y escrupuloso” con el derecho a la protección de datos, y niega que suponga indicio alguno de delito.
Señalan al entorno del novio de AyusoEl texto concluye que la información sobre la propuesta penal —incluida la admisión de dos delitos fiscales y uno de falsedad documental— ya era conocida por el periodista que la publicó, supuestamente a través del propio González Amador y de personas de su entorno inmediato, como Miguel Ángel Rodríguez.
Por todo ello, la defensa del Fiscal General solicita el sobreseimiento libre de la causa, destacando que no se ha acreditado su implicación en ninguna conducta delictiva y que la investigación ha demostrado que la filtración se produjo por vías ajenas a la Fiscalía.
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