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El Partido Popular afila la batalla contra el Gobierno por la "humillación" de la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña pactada entre el PSOE y Junts. Para Alberto Núñez Feijóo, esta nueva "cesión" es "la más grave de la historia constitucional", por encima incluso de la amnistía, ya que impacta de forma directa en la "seguridad nacional". Tanto Génova como sus comunidades autónomas esperan con las espadas en alto a la difícil tramitación parlamentaria del texto. Si termina aprobándose, avanzan, acudirán a los tribunales. Pero también librarán la ofensiva en otras esferas para tratar de poner palos en las ruedas del Gobierno desde el principio.
Este jueves, para empezar, el líder popular pondrá sobre aviso a los líderes comunitarios. Feijóo viaja a Bruselas para asistir a la cumbre organizada por el PPE previa al Consejo Europeo con el fin de analizar la situación de Ucrania tras el órdago de Trump y Putin y debatir el plan sobre el aumento del gasto en Defensa de los países miembro. Pero la intención del jefe de la oposición, según confirman en su equipo, es advertir también a sus colegas europeos sobre el grave problema que, a su juicio, afrontará España si el Gobierno consuma la última cesión al independentismo.
En Génova creen que el asunto despertará, como mínimo, el interés de Bruselas porque impacta en "la Europa de Schengen", afecta de forma directa a la gestión de las fronteras en el seno de la Unión y, sobre todo, avanza en la hoja de ruta de la autodeterminación catalana. La UE "debe defender las fronteras que ya tiene, y no establecer fronteras nuevas, que es lo que plantea el independentismo", agregan en la dirección del PP. La proposición de ley permitirá a la Generalitat gestionar las expulsiones de inmigrantes, los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y la actuación de los Mossos en las fronteras, aunque desde el Ejecutivo puntualizan que habrá "delegación" competencial salvo cuando afecte a la seguridad nacional.
Feijóo mantendrá este jueves una reunión con el futuro canciller alemán, Friedich Merz, y con el presidente del PPE, Manfred Weber, con la intención de ahondar en los nuevos desafíos internacionales y trazar un eje "hispano-alemán" en un "contexto de preocupación" por las amenazas arancelarias de Estados Unidos y la guerra en Ucrania ante el "silencio" de Sánchez, que obvia la petición de información del primer partido de la oposición. Pero tampoco dejará de lado lo que, a juicio del PP, puede convertirse en un problema de primer nivel en España: "el desmantelamiento del control fronterizo del Estado".
El Gobierno asume que la ley pactada con Junts puede caer por su discurso "racista"
Marisol Hernández
En Génova ya planea la opción de llevar la proposición de ley a los tribunales si el Gobierno consigue la luz verde del Congreso. Denuncian, en público y en privado, el carácter "inconstitucional" de que Cataluña, como defiende Junts, vaya a tener competencias propias de un Estado, aunque evitan concretar la fórmula a la espera de que la norma se articule. De momento, prefieren poner el foco en los serios aprietos en los que se encuentra Sánchez por su debilidad parlamentaria. Los postulados del partido de Puigdemont con la inmigración y su discurso "racista" —proponen la expulsión de inmigrantes reincidentes o que el catalán sea imprescindible para que los extranjeros tengan papeles— espanta a los socios progresistas del Ejecutivo.
Podemos fue la primera formación en descolgarse de la ley. Sus cuatro votos ya son indispensables para el trámite, pero no es la única resistencia que se ha encontrado la Moncloa. Pese al aval de Yolanda Díaz al acuerdo, la norma también ha despertado recelos en sectores de Sumar. Y el PP ha maniobrado para ampliar esas grietas. Este mismo miércoles, el Grupo Popular dirigido por Miguel Tellado registró una proposición no de ley en el Congreso para instar al Gobierno a "cumplir con la legislación vigente en materia de extranjería y con el artículo 149.2 de la Constitución", que establece que el Estado tiene la "competencia exclusiva" en materia de "nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo".
El PP ha forzado la maquinaria para colocar el debate de la PNL el próximo martes, con lo que forzará a los socios de Sánchez a posicionarse ya sobre la cesión de competencias a Cataluña. La iniciativa incluye un punto que defiende "garantizar como competencias no delegables ni transferibles a las administraciones autonómicas o locales el control sobre los permisos de trabajo y residencia de los extranjeros, así como las solicitudes de asilo, la protección internacional y la gestión exclusiva de los pasos fronterizos, siendo estos pilares fundamentales de la política migratoria y de la seguridad nacional"
Pese a las evidentes dificultades por las que atravesará el PSOE para aprobar la ley, en Génova ya han comenzado a encender las alarmas por temor a que los socialistas coloquen el debate y votación de la controvertida proposición sobre la inmigración justo en la semana en que se celebra en Valencia el congreso del PPE, y que obliga tanto a Feijóo como a algunos diputados nacionales a ausentarse de la Cámara Baja para participar en la previsible renovación del mandato de Manfred Weber, lo que podría inclinar la balanza a favor de PSOE y Junts pese al rechazo de algunos de sus socios.
Fuentes de la dirección aseguran que han solicitado a la Mesa del Congreso, presidida por Francina Armengol, un "cambio" en el pleno de esa semana, petición que ha sido denegada por la oposición de algunos grupos parlamentarios, entre ellos Junts. "Nos tememos esa jugada", apuntan en la dirección popular. "El Gobierno está jugando con las ausencias de nuestros compromisarios en ese congreso para intentar aprobar leyes para las que, a lo mejor, no tiene votos".
La ofensiva territorial del PP
El PP también ha comenzado a tejer una ofensiva desde las comunidades autónomas para evitar la "locura", que es como califican la cesión de las competencias en materia de inmigración y fronteras a Cataluña. La estrategia tiene una doble trayectoria que, de un lado, consiste en la posible interposición de recursos al Tribunal Constitucional y, de otro, una reclamación para debatir el asunto en la conferencia sectorial de políticas migratorias que ha convocado el Ministerio que encabeza Elma Saiz.
La portavoz del gobierno andaluz, Carolina España, apuntaló este miércoles la primera parte de este movimiento. La también titular de Hacienda desveló que el gabinete jurídico de la Junta está ya analizando esta posibilidad, que encaja con la pretensión del PP en otras comunidades. Las regiones populares ya hicieron lo propio con la ley que creó el impuesto extraordinario a las grandes fortunas y tienen en marcha un posible recurso en el tribunal de garantías a la ley de Amnistía. "Numerosos juristas defienden esta inconstitucionalidad", zanjó España, que deslizó que el PP nacional también irá por esta vía.
La desnacionalización de Cataluña y la inmigración
Josep Martí Blanch
La otra fórmula consiste en intentar que el Gobierno debata el asunto en el foro multilateral donde la Administración central aborda con las autonomías las políticas migratorias. Loles López, titular de Igualdad y responsable de las políticas migratorias expresó este miércoles en San Telmo que su departamento ha remitido una carta al Ministerio de Migraciones para reclamar que incluya en el orden del día del próximo encuentro, previsto para el 17 de marzo, el acuerdo entre el PSOE y Junts per Catalunya. Es el mismo posicionamiento lo seguirán los gobiernos regionales de Aragón, Madrid, Castilla y León, Murcia o Extremadura, todos en manos del PP ya que es un pacto que ahonda en el "trato asimétrico" de los territorios y "afecta al resto de comunidades".
"Cómo vamos a pedir competencias, si llevamos un año pidiendo que nos consideren frontera sur", criticó López en San Telmo, donde recordó que Andalucía reclamó fondos para poder afrontar la atención a 500 inmigrantes que el Gobierno central envió desde Canarias y resultaron ser menores de edad. La competencia para la atención de los menores es autonómica y no estatal, razón por la cual Andalucía ha exigido estos fondos, de momento sin éxito. Es la misma batalla en la que se encuentran inmersas otras regiones del PP que también han sobrepasado su capacidad de acogida, donde ya abren la puerta a recurrir al TC la posible reforma de la ley de extranjería pactada entre el Gobierno y Canarias si no se habilitan nuevos recursos.
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