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El presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero (PSOE), se sentará este miércoles en el banquillo acusado de un delito de prevaricación administrativa. La Fiscalía considera que el socialista nombró de manera irregular al jefe de Bomberos de la provincia. La Audiencia Provincial acogerá el juicio contra Cabañero -que se celebrará los días 5,6 y 7 de febrero- y para el que el Ministerio Público pide 11 años de inhabilitación.
Así consta en el escrito de acusación de la Fiscalía. En él, detalla que Cabañero se habría saltado la legislación a la hora de nombrar al jefe de los Servicios Especiales y de Prevención y Extinción de Incendios de Albacete (Sepei). Los hechos ocurrieron en el 2015, el mismo año en el que el presidente de la Diputación ascendió al cargo, cuando no celebró el concurso que establece el protocolo para designar el cargo, según la Fiscalía.
La justicia considera que el nombramiento pudo ir en contra del artículo 404 del Código Penal. ¿Por qué? El proceso de adjudicación del puesto no se ajustó a la legalidad. Para acceder a dicho cargo, la Diputación de Albacete cuenta con un acuerdo-marco que obliga a la celebración de un concurso. Al parecer, no se hizo. Ni siquiera a pesar de las advertencias de los grupos políticos de la oposición, ni de los sindicatos, ni de los servicios jurídicos de la propia administración.
"El acusado, por propia voluntad [...] dictó, a sabiendas de su ilegalidad, el Decreto 2802 de fecha 20 de noviembre de 2015 por el que se procedía a la atribución temporal de funciones de Jefe de Servicio del Sepe", versa el escrito. El fiscal añade que se trata de un cargo "de los más importantes y relevantes entre las potestades y funciones de la Diputación que presidía" y que el nombramiento lo hizo "de forma no solo ilegal sino también injusta".
Además, y según la Fiscalía, en un pleno de diciembre de 2015, un portavoz de la diputación del Partido Popular instó al acusado a reflexionar sobre su decisión. Tal y como explica el escrito de acusación, esta iniciativa no surtió efecto: "Pese a dicha advertencia, no se realizó por parte del acusado ninguna actuación tendente a corregir o rectificar la resolución por él acordada".
También, un miembro del sindicato CSIF remitió una carta al propio Cabañero criticando el modus operandi del nombramiento. La justicia, además, había intervenido previamente en un caso similar. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Albacete ya en 2013 anuló otro nombramiento que no había seguido el trámite administrativo perceptivo. Esta sentencia ratificada por el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha el 30 de junio de 2014.
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