Un documental sobre el asesinato de un español en Filipinas revela los excesos policiales del régimen de Duterte

'Justicia para Diego' es un documental que aborda el asesinato del gallego Diego Bello hace cinco años en Filipinas. También narra la lucha de su familia y amigos por esclarecer los motivos reales de su muerte, una causa que ha concitado la unidad de políticos de izquierda y derecha en España. Acusado falsamente de narcotráfico, la investigación desmonta la versión policial y deja al descubierto los excesos de la era del expresidente Rodrigo Duterte en su lucha contra las drogas. Asociaciones de Derechos Humanos cifran en 30.000 las muertes en el país asiático que gobernó con mano de hierro hasta 2022.

"Fue una ejecución extrajudicial de la policía filipina". Quien sostiene esta conclusión no es ni el padre ni la madre de Diego Bello. La pronuncia ante la cámara, a cara descubierta y con su uniforme de la Policía Nacional española Alberto Benavente. Era el agregado del Ministerio del Interior de la embajada de España en Filipinas cuando mataron a Diego Bello.

Este funcionario policial cuenta en el documental que las autoridades locales les entregaron un primer informe de apenas dos folios en una reunión a la que acudió con el embajador de entonces, Jorge Moragas. Se levantaron de la mesa al asumir que no les iban a dar respuesta a ninguna de las dudas razonables que desde el principio presentaba el caso. Garantiza que no existía ninguna prueba de que el fallecido fuera narcotraficante. En aquellos dos pírricos folios ni siquiera figuraban las identidades de los policías que habían intervenido en el presunto arresto que terminó de forma trágica.

La policía filipina dijo que Diego Bello era un importante narcotraficante. Su prueba era la presunta declaración de un confidente que decía haberle comprado droga. Los agentes locales alegaron que se hicieron pasar por clientes para comprarle 10 gramos de droga en la puerta de su casa. Una vez descubierto, cuando iban a arrestarle, Diego Bello sacó una pistola del calibre 45 y por eso le tirotearon en defensa propia. El documental —que se estrenará el día 7 de enero en RTVE Play— aporta distintas evidencias para tirar por tierra este relato, casi una rutina cuando mataban a alguien en una intervención.

El ex agregado de Interior en la embajada de España en Filipinas.

'Justicia para Diego' es un trabajo de investigación periodística sostenido en el análisis del sumario y testimonios de las personas que participaron en el caso o que conocían la realidad de la isla de Siargao. Allí es donde se estableció Diego Bello y donde se produjeron los hechos la noche del 8 de enero de 2020. Dirigido Jorge Valcárcel y Eduardo Mendoza, los 95 minutos de metraje van más allá de desmontar la versión oficial. 'Justicia para Diego' apunta más arriba.

"Quería comerse el mundo"

Sostiene una tesis sobre las causas de la muerte del joven español: empezó a acumular éxito con sus negocios en una isla muy disputada por fortunas locales. Sus padres, Pilar y Alberto, su hermano, Bruno, sus amigos y sus socios coinciden en presentar a Diego como "un alma libre". "Quería comerse el mundo y no sabía por dónde empezar", dice su padre. También era un emprendedor precoz.

A los 17 años ya puso sus ojos en Australia, le convencieron para que probase antes en Londres. A los pocos días de llegar a la capital inglesa, compró una licencia de taxi sin conocer siquiera las calles. Fue instructor de buceo en Honduras y Tailandia antes de recalar en 2017 en Filipinas, país del que se enamoró. Allí se hizo un hueco: primero abrió un hostel, luego creó una marca de ropa y artículos de surf, después abrió un gran restaurante con otros socios españoles llamado La Santa.

Fue mucho éxito, muy rápido en un lugar que despertó recelos. El enfoque del documental es que hubo poderes locales que no terminaban de ver con buenos ojos que el maná de Siargao lo explotasen empresarios extranjeros. 'Justicia para Diego' dibuja una trama de intereses policiales, empresariales y políticos en la Filipinas de Duterte.

Familiares y amigos de Diego Bello. (EFE/ Cabalar)

La muerte de Diego Bello habría quedado sepultada como una más de las 30.000 de no ser por la lucha de la familia y porque la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas abrió una investigación de oficio que tumbó de plano el informe de la Policía. Lo siguiente fue llevar el caso ante la Policía Judicial, que terminó imputando a tres agentes que intervinieron en el asesinato de Diego y firmaron el informe inicial.

Su madre: "Sabemos quién fue"

"Nosotros sabemos al 99'9 % el nombre de la persona que encargó el asesinato", dice en conversación con El Confidencial Pilar, la madre de Diego. Dice que es un sospechoso que ahora está sintiendo la presión y que a la familia le consta que viaja con relativa frecuencia a España. El documental apunta como inductor a un político local que tenía una casa que alquilaba a turistas justo delante del restaurante de Diego. Unos meses antes del asesinato, este político amenazó de muerte a uno de los socios del fallecido por el ruido que salía de su local.

Con todo, Pilar prefiere ir paso a paso: "Tenemos todas las fuerzas en que se celebre el juicio. La última vista fue el 3 de diciembre y se suspendió porque no se presentaron los abogados de dos de los acusados. De ellos depende cargar con toda la culpa o decir quién les dio la orden". El documental advierte de que este tipo de casos en Filipinas puede prolongarse años. "Le pasó a Diego, pero le podría haber pasado a cualquier ciudadano español que hubiese ido a Filipinas, en Siargao había muchos españoles", lamenta Pilar, especialmente afectada en estas fechas en las que se acerca el quinto aniversario.

El caso de Diego Bello es conocido en Galicia, pero no tanto en el resto de España. Eso a pesar de que el Parlamento Europeo abrazó la causa de su familia por limpiar el nombre del ciudadano español. En el documental participan el eurodiputado de Izquierda Anticapitalista Miguel Urbán y Francisco Millán Mon, del PP.

Miguel Urban, ex erurodiputado.

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha puesto el foco en la lucha contra la droga de Duterte. El expresidente se justificó así el pasado octubre: "No tengo nada que ocultar. Lo que hice lo hice por mi país y por los jóvenes. No hay excusas. No hay disculpas. Si voy al infierno, que así sea". Las cifras oficiales dejan en unos 6.000 muertos su estrategia contra la delincuencia durante sus seis años de mandato (2016-2022).

Una antigua coronel de la Policía de Filipinas, Royina Garma, declaró también en octubre que durante el mandato de Duterte se ofrecía una remuneración económica a los agentes por la muerte de presuntos narcotraficantes en el marco de la polémica guerra contra las drogas. Garma reveló en una comparecencia parlamentaria que en mayo de 2016 mantuvo una reunión con Duterte donde el mandatario le explicó su intención de implantar el "modelo Davao" a nivel nacional, en referencia a la ciudad en la que era alcalde antes de alcanzar la Presidencia. "El modelo Davao incluye tres niveles de pagos o recompensa. El primero es una recompensa si el sospechoso muere. El segundo es la financiación de operaciones planificadas y el tercero, la devolución de los gastos operativos", detalló.

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