Una de las partes más complejas de la lucha contra el narcotráfico es conseguir que los acusados sean condenados por esos delitos. En Galicia existe, además, el plus de lo peliculero: en la región han llegado a aparecer narcosubmarinos varados y capos sin ficha policial en una tragicomedia que, a menudo, se encasquilla en los tribunales. Es el caso, por ejemplo, del MV Karar. En esta causa hay varios ingredientes de ciencia ficción; el primero es un alto cargamento de cocaína -3.824 kilos- que viajaba de Panamá a Galicia en plena pandemia. El segundo tiene que ver con los implicados: un capo, emparentado con otros tantos, que empezó como confidente y que acusa de "narcopolicía" al exinspector que lo investigaba. La madeja la completan un funcionario de Aduanas y su mujer con un tren de vida que no se sostenía con sus sueldos públicos.
Este miércoles 8 se retoma en la Ciudad de la Justicia de Vigo el macrojuicio por el alijo de casi cuatro toneladas de cocaína -154 fardos- a bordo del buque MV Karar el 25 de abril del 2020. Fue aprehendido a unos 640 kilómetros de la costa gallega. La droga iba a bordo de un pequeño buque de suministro con bandera de Togo -uno de los Estados más pequeños de África y del mundo- con 15 tripulantes a bordo: uno gallego (J.M.B.G) y el resto, de Nepal y Bangladesh.
Cuatro años de instrucción y varios aplazamientos forzados para una causa que se empezó a juzgar en abril del 2024 y que se estirará, al menos, hasta febrero. Hay una docena de abogados defensores y 28 imputados. El juicio se demoró tanto que los 15 tripulantes acusados llegaron a la sala en libertad provisional, realojados en albergues tras exceder el tiempo en prisión preventiva.
El capitán del buque admitió durante las primeras sesiones del juicio que sí sabían lo que transportaban. Además, uno de los mecánicos aportó más detalles. Relató que cargaron el buque frente a Colombia en plena noche y con una grúa. En el puente de mando colocaron una carta náutica con las coordenadas para la descarga en Vigo. El único gallego a bordo hacía las veces de contable y custodio de los 154 fardos que viajaban a buen recaudo en un tanque bien atornillado y cosido a bridas. En tierra, cayeron otras 13 personas por su presunto vínculo con la trama criminal por delitos contra la salud pública o blanqueo.
De confidente a capo huidizo
Uno de los nombres propios de este juicio es Juan Carlos Santorum. Para él, la Fiscalía pide una de las condenas más elevadas: 18 años y una multa de 438 millones de euros que, según fuentes del proceso, equivaldría al precio en mercado de la droga decomisada, a razón de 115.000 euros el kilo de cocaína.
La vuelta a las andadas del (presunto) narco más buscado tras ser puesto en libertad
Pablo López. Vigo
Santórum es heredero de un viejo clan arousano del mismo nombre. Ya estaba fichado y condenado -a dos años y tres meses- por vender información reservada de dos agentes corruptos a los narcos para los que trabajaba años atrás. Pasó por el penal de A Lama (Pontevedra) pero no dejó el oficio.
El principal acusado tenía en casa uniforme policial y chaleco antibalas
Técnicamente, era un empresario dedicado a la venta y reparación de lanchas motoras. En la práctica, enlace y lugarteniente de los operativos logísticos. En su casa de Vilanova de Arousa tenía un uniforme oficial de Policía Nacional y un chaleco antibalas. En este juicio, en el banquillo de los acusados, también se sienta su hermano.
Un inspector bajo sospecha
En la misma causa también fue detenido un exinspector de los GRECO (Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado) en Galicia que había estado al frente de la investigación del Karar. Hoy este agente está involucrado en una trama corrupta que investiga un juzgado de Murcia y que lo sitúa supuestamente conchabado con los proveedores suramericanos.
Durante su testimonio en el juicio del MV Karar como uno de los principales testigos del Ministerio Público, Santórum fue expulsado por llamarle "narcopolicía", "corrupto" y "trampón". "¿Qué hace un narcopolicía en una sala de juicio?", clamó en voz alta
El reparto del banquillo de los acusados lo completan un ciudadano de Colombia, un constructor gallego de embarcaciones y un agente de Vigilancia Aduanera (AEAT) y su esposa, también trabajadora pública en la red de guardería infantiles de la comunidad. Además de tráfico de drogas y pertenencia a banda criminal, el matrimonio está acusado de blanqueo y enfrentan sendas condenas a 19 años.
Su patrimonio había aumentado exponencialmente entre 2015 y 2020. De acuerdo al escrito de la Fiscalía de la Audiencia provincial de Pontevedra, ambos adquirieron fincas rústicas, un chalé en las Rías Baixas, moto y coches de alta gama además de un par de boletos premiados de la Lotería de Navidad.
Y mientras prosigue el juicio, el MV Karar ya tiene nuevo nombre: Admiral, bajo bandera de Tanzania tras salir a subasta a finales del 2023.
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