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La Generalitat valenciana sigue acumulando patrimonio negativo en su balance. La sucesión de años de desajuste entre ingresos y gastos (pérdidas) ha provocado "un grave y creciente desequilibrio patrimonial" en la Administración territorial de más de 50.200 millones de euros, según revela el último informe de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas, relativo a ejercicio de 2023 y que se publicó hace pocos más de una semana. Aquella anualidad, la caja autonómica cerró con un resultado negativo de 2.475,4 millones y ajustes financieros y corrección de errores por valor de otros 2.914 millones. La suma de ambas cifras excedió el patrimonio aportado en el ejercicio y sumó un nuevo récord en el agujero contable acumulado.
Sobre las razones del desequilibrio, el informe del organismo fiscalizador que dirige Vicent Cucarella apunta una "la insuficiencia de recursos" de la Comunidad Valenciana, que deben cubrirse mediante el recurso al endeudamiento. La deuda financiera del balance a 31 de diciembre de 2023 asciende a 61.150 millones de euros. Si fuera una empresa privada, la Generalitat que ahora preside el popular Carlos Mazón, estaría quebrada o abocada a un duro plan de ajuste, reducción del gasto y quitas a sus acreedores para encontrar el equilibrio de su balance. Si esto no ha ocurrido es por el auxilio permanente de la Administración central, que cubre vía el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) los déficits presupuestarios derivados de los problemas de insuficiencia económica.
Del total de la deuda financiera, 50.404,7 millones corresponden a las operaciones de crédito formalizadas con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y 729,9 millones de euros, a las deudas derivadas de liquidaciones negativas del sistema de financiación autonómica. La valenciana es, junto a Murcia, la región peor tratada por el modelo de redistribución de recursos para cubrir competencias descentralizadas. No es un problema de exceso de gasto, no superior a la media de conjunto de las CCAA, sino de ingresos, según el análisis de la propia Sindicatura de Cuentas.
En abril de 2022, este organismo estatutario emitió un informe sobre la deuda pública valenciana a petición de las Cortes Valencianas. Entre sus conclusiones, subrayó que, desde el inicio del Estado de las autonomías, "la Generalitat Valenciana ha sufrido un déficit presupuestario estructural, que ha provocado que sea la comunidad autónoma más endeudada respecto a su PIB". Y añade: "Este déficit no viene provocado por efectuar unos gastos superiores a la media autonómica, sino por unos ingresos inferiores a ella, entre los que destacan los procedentes del sistema de financiación autonómica.
Según la estimación realizada en dicho informe, con una financiación autonómica al nivel que correspondería "en proporción a su población ajustada y respetando las necesidades estimadas por el propio modelo vigente", la Generalitat habría podido evitar una parte muy importante de la deuda acumulada (el 78%). En este sentido, el Síndic es abiertamente partidario de aplicar una condonación de deuda para ayudar a reequilibrar el balance y el desajuste patrimonial.
"Además de avanzar en el diseño de un nuevo modelo de financiación, la Comunitat Valenciana deberá seguir exigiendo un resarcimiento de la parte de la deuda acumulada durante los últimos años a causa de la infrafinanciación, tanto del componente compartido con otras comunidades de régimen común, como del específicamente valenciano", señala.
El fiscalizador destaca tres fuentes de "endeudamiento indebido": El endeudamiento originado por "la discriminación" que sufre la Comunitat Valenciana en el sistema de financiación vigente (al menos desde 2002). El coste financiero (pago de intereses) asociado al conjunto de deuda indebida. Y el endeudamiento originado por la infrafinanciación respecto a las necesidades reconocidas por el modelo desde 2009 que "no se vieron satisfechas por el efecto de la crisis económica".
Esta última causa de endeudamiento, la derivada de la crisis económica del pinchazo inmobiliario de 2008 y el desplome de los ingresos del Estado y la menor trasferencia a las autonomías, es la que se empleó como mecanismo de cálculo en el pacto entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en noviembre de 2023. La condonación no ha llegado a producirse porque la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, todavía no ha ejecutado la quita, a la que se oponen la dirección nacional del PP de Alberto Núñez Feijóo y barones conservadores como la madrileña Isabel Díaz Ayuso. Esa posición partidaria tiene en una situación incómoda al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que trata de navegar en el debate de las quitas con un discurso más proactivo en la política regional y otro mucho más tibio cuando entra en el perímetro de la M-30.
Un ejemplo de esa presión doméstica a favor de la condonación es que el propio Síndic de Comptes cree necesario que el resarcimiento de la deuda no incluya solamente la que proviene las necesidades no satisfechas por la crisis (que afecta a todas las comunidades autónomas), así como del coste financiero asociado, sino que reclama además incluir la deuda que es "consecuencia de la discriminación en el modelo vigente y que solo padecen unas pocas comunidades autónomas, entre las que destaca la Comunitat Valenciana". Sin embargo, hasta ahora, Montero no ha especificado si su plan de quitas, que el propio Sánchez ha ofrecido a los barones del PP infrafinanciados, contempla también el cálculo de la infrafinanciación.
La medida de la reestructuración del pasivo, en cualquier caso, sería insuficiente para la Sindicatura de Cuentas, que reclama una reforma del modelo y un fondo de nivelación que palíe el déficit de ingresos mientras se resuelva el cambio de reparto. "Insistimos en la conveniencia de implantar de inmediato un mecanismo transitorio que resuelva dicha infrafinanciación durante el tiempo que transcurra hasta que se apruebe el nuevo modelo. De lo contrario, la Administración de la Generalitat seguirá viéndose sometida a la dificultad de conciliar simultáneamente la presupuestación adecuada de los gastos del estado de bienestar, el respeto a la estabilidad presupuestaria y un tratamiento ortodoxo de las previsiones de ingresos", escribe el síndico en su informe.
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