La Mesa del Congreso, controlada por mayoría por PSOE y Sumar, evitó este martes decidir sobre si permite o no la admisión a trámite de la iniciativa de...
La Mesa del Congreso, controlada por mayoría por PSOE y Sumar, evitó este martes decidir sobre si permite o no la admisión a trámite de la iniciativa de Junts que solicita al presidente Pedro Sánchez que presente una cuestión de confianza y ponga su cargo a disposición de los diputados. La decisión final se tomará ya el próximo mes de enero, cuando se celebre la próxima reunión del órgano de gobierno de la Cámara Baja, que en su encuentro de este martes se dividió, puesto que los cuatro representantes del PP (en minoría frente a los cinco de PSOE y Sumar) votaron a favor de tramitar la propuesta.
La decisión se tomó unas horas después de que los letrados del Congreso publicaran un informe jurídico en el que argumentaban, precisamente, que debía ser la Mesa la que decidiera qué hacer con la iniciativa de Junts al no existir precedentes de que un grupo hubiera pedido al presidente del Gobierno través de una proposición de ley que presentara una cuestión de confianza. Dicho informe supuso un varapalo para PSOE y Sumar, que buscaban cargarse de argumentos jurídicos para rechazar la admisión a trámite de la iniciativa, complicada para el Gobierno puesto que, si se termina votando, muy probablemente salga adelante con los votos de Junts, PP y Vox.
Al ser una proposición no de ley, la aprobación de la iniciativa no tendría efectos jurídicos y Sánchez no estaría obligado a presentar una cuestión de confianza, la figura parlamentaria que le obligaría a someter su cargo a votación en el Congreso. Pero que PP, Vox y Junts se unieran para censurar al presidente sería un duro golpe político para el Gobierno, por no hablar de que sería una evidencia más de la mala racha que pasa la relación de los independentistas catalanes con el Ejecutivo en mitad, presumiblemente, de la negociación de Presupuestos Generales del Estado para el año que viene.
Habida cuenta de esta situación, PSOE y Sumar decidieron dar una patada hacia delante y dejar para después de las fiestas navideñas la decisión sobre si permitir o no el debate de la iniciativa en el Congreso. Fuentes próximas a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, argumentan que, "puesto que hay diferentes interpretaciones jurídicas" en el informe de los letrados que dan base legal tanto a bloquear la proposición como a permitir su admisión a trámite, y además lo que se decida va a crear un precedente, el documento debe estudiarse bien. Retrasar la decisión, además, no perjudica a Junts, puesto que de todas maneras su iniciativa ya iba a debatirse en 2025.
La argumentación de los letrados
La decisión de rechazar la admisión a trámite de la iniciativa, no obstante, debería tener una sólida argumentación jurídica detrás, puesto que calificar una iniciativa es un paso meramente burocrático y no político: la Mesa no tiene que pronunciarse sobre el contenido de la propuesta, sino únicamente acerca de si tiene errores de forma o si es reglamentariamente correcta. Tanto es así que lo habitual es que la inmensa mayoría de las iniciativas se admitan, y son muy excepcionales las ocasiones en las que el Congreso bloquea el debate de alguna propuesta de los grupos parlamentarios.
Desde la semana pasada, el PSOE ha ido difundiendo en privado el que es su principal argumento para sostener que la iniciativa no se ajusta al reglamento y, por tanto, no debe admitirse a trámite: que pretende que el Congreso inste al Gobierno a que haga algo, presentar una cuestión de confianza, que es única y exclusivamente decisión del presidente. Los socialistas se apoyan en un precedente de 2013 en el que la Mesa de la Cámara, entonces controlada por el PP, rechazó una moción del PSOE que exigía al presidente Mariano Rajoy "asumir las responsabilidades políticas" por el estallido del caso Gürtel con el argumento de que "supondría una moción de censura encubierta".
No obstante, los letrados, en su informe, recuerdan que "nos encontramos ante una proposición no de ley" y, por tanto, "el resultado de la votación de esta iniciativa, si fuera admitida y sometida al Pleno, carecerá de impacto jurídico alguno en la relación de confianza existente entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo". Es decir: que la iniciativa no tiene la capacidad de obligar a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza y, por ende, no estaría llevando al Congreso a asumir competencias que no le son propias.
"Una proposición no de ley como la que ahora se analiza no estaría pretendiendo, porque no puede hacerlo, sustituir la facul... {getToc} $title={Tabla de Contenidos}