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No hay mimbres para el acuerdo. Al menos según la lectura del PP, cuyo papel es fundamental para asentar la enquistada reforma de la ley de Extranjería, la nueva reunión a tres bandas de este jueves no servirá para sustanciar avances significativos en un pacto que Génova insiste en meter en la nevera hasta que el Gobierno no acepte sus reivindicaciones. La delegación del PP, encabezada por su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, y por la vicesecretaria Ana Alós, trasladará al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que no flexibilizará las condiciones que impusieron desde el día uno a cambio de ceder sus votos al Ejecutivo en el Congreso y desbloquear el pacto migratorio para reubicar a miles de menores migrantes.
En Génova niegan haber recibido señal alguna de parte del Gobierno que les lleve a pensar que aceptarán sus requisitos. Y se muestran pesimistas respecto a la posibilidad de acercar realmente posturas de cara a la Conferencia de Presidentes —la crisis migratoria está en el orden del día— pese al gesto de haber aceptado la invitación del Ejecutivo y regresar a la mesa de diálogo. Lo hacen, dicen, "para no dejar solo al gobierno de Canarias". Y supone un cambio importante respecto a la ruptura que escenificó el Partido Popular el pasado mes de octubre, cuando dinamitó las conversaciones por la negativa del Gobierno a buscar "el apoyo comunitario" para solucionar la crisis.
Pero, de momento, no hay nada más allá. "Sería bueno que no fíen sus expectativas a que el PP cambie de opinión", refrendan desde la dirección nacional del PP. Para los populares, la base de cualquier negociación con Torres es el documento que Feijóo suscribió en septiembre con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con propuestas como la declaración de la emergencia nacional en todo el territorio para agilizar los recursos de las comunidades autónomas; que el Estado asuma todos los gastos derivados de la acogida de menores de todas las regiones cuando estas superen el 100% de su capacidad; o el aumento del control policial en las fronteras.
Además, en el PP reiteran que cualquier avance en la negociación depende de que el Gobierno asuma de entrada dos compromisos: que acuerde con Europa el despliegue y colaboración del Frontex; y la puesta en marcha de "un mecanismo europeo de reparto de menores con otros países" de la Unión. En Génova consideran "insuficiente" la carta remitida por el ministro de Política Territorial a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que Torres no concretó las acciones concretas que requiere de la UE para aliviar la situación migratoria de España. El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, llegó a calificar la misiva de "ridícula" y "vergonzosa".
"El Gobierno está perdiendo el tiempo de manera incomprensible. Porque desde la crisis previa al verano no ha hecho ningún movimiento, y no constan acuerdos entre el Ejecutivo español y el comunitario", exhiben en Génova, lo que da cuenta del previsible tono bronco de la cita de este jueves. La negociación de la reforma de la ley de Extranjería ha sufrido grandes altibajos desde que cayese el primer intento del Ejecutivo en el Congreso el pasado mes de julio y, salvo sorpresa, no parece que pueda reconducirse en el corto plazo un gran pacto de Estado en esta materia entre los dos grandes partidos.
Fuentes cercanas a los interlocutores del PP con el Gobierno y con Clavijo admiten que la relación con Torres es cordial, y siempre han culpado del estancamiento a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por bloquear el "compromiso económico" del Ejecutivo con las comunidades autónomas y facilitar la acogida de menores que aliviaría sobremanera a Canarias, Ceuta y Melilla. La creación de un fondo de contingencia es condición sine qua non para el PP, así como la implicación de la Unión Europea en el drama humanitario.
Sobre la preocupación por la inmigración
Ignacio de la Torre
El debate migratorio ha quedado relegado en las últimas semanas bajo el aluvión mediático de la galopante batalla judicial que acecha al Gobierno. Aunque su urgencia sigue siendo apremiante. Según las cifras publicadas por el Ministerio del Interior, Canarias ha batido un nuevo récord anual de llegadas a sus costas con más de 41.000 inmigrantes, y sin haber cerrado aún el año. Es por eso, dicen en Génova, que el PP mantiene la mano tendida a Torres, "por las necesidades de Canarias, la atención a los menores y el respeto a las capacidades de acogida de nuestras comunidades". Pero también admiten que "su contexto judicial y personal no ayuda a que haya una relación de confianza".
Aunque con prudencia, los populares dan credibilidad a las declaraciones de Víctor de Aldama, principal comisionista del caso Koldo. Ante la Audiencia Nacional, el empresario señaló a distintos cargos del Gobierno y de Ferraz, entre ellos al ministro Torres, con el que supuestamente mantuvo reuniones para ofrecerle negocios —junto con otros ministros—. El responsable de Política Territorial y expresidente de Canarias, según la versión de Aldama, le pidió 50.000 euros a través de Koldo García por la gestión de las mascarillas. El empresario asegura que entregará a la Fiscalía "documentos y apuntes" para sostener sus acusaciones.
En el PP hay voces que admiten en privado que, en este contexto, no es recomendable para Feijóo visibilizar ningún tipo de acuerdo o acercamiento con un Gobierno al que dan por agotado, ni siquiera en materia migratoria, lo que también daría alas al discurso de Vox. Estos cargos tampoco ven viable "salir en la foto" con Torres por su supuesta vinculación con la trama Koldo, que el ministro ya ha desmentido. En Génova reiteran que separan lo judicial de lo urgente y que priorizarán las necesidades de Canarias, aunque sí reconocen que la presunta "corrupción" en el Ejecutivo es un factor que influye.
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