El Gobierno buscará a Junts para el reparto de menores inmigrantes a cambio de que haya 'mossos' en las fronteras

El Gobierno buscará a Junts para el reparto de menores inmigrantes a cambio de que haya 'mossos' en las fronteras

El Gobierno tiene intención de apoyarse también en Junts para sacar adelante la reforma de la ley de extranjería, dentro de un pacto global que incluye culminar la delegación integral de las competencias de inmigración a Cataluña y la aprobación de los próximos presupuestos del Estado. Tras varios intentos de sacar adelante con el PP el cambio legal para hacer obligatorio el reparto de niños inmigrantes y aliviar la presión que soportan Canarias, Ceuta y Melilla, el Ejecutivo está decidido a recurrir a los de Puigdemont para intentar salvar el bloqueo. A cambio, accedería a su pretensión de que los Mossos d'Esquadra tengan presencia en los puertos y aeropuertos catalanes.

El propio presidente canario, Fernando Clavijo, ya avanzó este lunes este plan B si finalmente no se produce ningún avance en la Conferencia de Presidentes de este viernes en Santander (Cantabria), donde se abordará este tema. El Gobierno no prevé cambios en la posición de los populares y tiene a Junts en la diana. El problema es que antes debe cerrar con los posconvergentes el traspaso de la gestión migratoria, que está comprometido.

Hace semanas que el Ejecutivo vende que está prácticamente ultimado, pero el expresident de la Generalitat ha apretado en los últimos días con su exigencia de que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza, sobre la que nadie en Moncloa sabía nada, y el aviso de su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, "de que cuando alguien entre en Cataluña, la policía que ha de ver es la catalana".

Fuentes del Gobierno confirman que en las conversaciones con Junts se está abordando este asunto y que están abiertos a que los Mossos tengan presencia en puertos y aeropuertos del Estado. Desde el Ejecutivo se matiza que la posición "no ha cambiado" y que el control de fronteras es una atribución estatal. Pero dar entrada a los cuerpos autonómicos en estos ámbitos difumina en la práctica este concepto.

Ana Belén Ramos

El Gobierno ya acordó el pasado verano con Euskadi la cesión del control del orden público a la Ertzanitza, en puertos y aeropuertos en detrimento de la Policía y la Guardia Civil. Esta concesión es la que se podría extender ahora a Cataluña. Lo que sucede es que el Ministerio del Interior oculta desde hace meses a los cuerpos policiales sus planes, pese a que existe al menos un documento elaborado por el equipo de su hombre de confianza en la Secretaría de Estado de Seguridad —el comisario José Antonio Rodríguez, que dirige el Gabinete de Coordinación y Estudios— y comporta una alteración del reparto de funciones histórico en estas infraestructuras.

Los puertos y aeropuertos tienen el carácter de frontera exterior Schengen (acceso al territorio europeo) por lo que supone entregar a los gobiernos vasco y catalán el control de la seguridad en las fronteras aéreas y marítimas. El control documental de la entrada y salida en España de ciudadanos de terceros países (fuera de territorio Schengen) lo mantiene la Policía Nacional porque es competencia exclusiva suya.

Alejandro Requeijo

Pero, como desveló El Confidencial, el plan previsto hace meses concede a Mossos y Ertzaintza, por ejemplo, la potestad de parar a un viajero recién salido del avión por el finger y hacer un control de drogas. Se les pretende ceder la seguridad de la zona restringida en un sentido amplio: prevención de la delincuencia, vigilancia, investigación de delitos, intervención en incidentes de orden público, actuación ante accidentes de tráfico, etc.

Si al final se acuerda para Cataluña, puede ayudar a desatascar la distribución por toda España de los menores inmigrantes. Inicialmente, Junts se negó a apoyar el cambio de la ley de Extranjería, para presionar en la delegación de la gestión de la inmigración, lo que convirtió en indispensable el voto afirmativo del PP. En este caso no era una cuestión sólo de aritmética, los populares gobiernan en la mayoría de autonomías, por lo que su concurso era también necesario. Pero el grupo parlamentario tumbó la primera votación sobre la reforma y a partir de ese momento se han sucedido reuniones a tres bandas, entre el Ejecutivo, el PP y Canarias, en las que no se ha logrado un acuerdo.

Los avances en las negociaciones con Junts sobre el traspaso de la inmigración han abierto un nuevo marco. Fuentes de Coalición Canaria destacan que Cataluña es probablemente una comunidad "con menores que deban ser acogidos en otras autonomías" porque ya soporta una alta presión, aunque será el Gobierno quien dará la cifra de niños que corresponden a cada región. Lo que ocurre es que, si al final se opta por esta vía, será mucho más lenta de lo que exige el drama humanitario de Canarias.

Ana Belén Ramos

El presidente Clavijo reclamaba la aprobación de un real decreto ley, pero el Ejecutivo sostiene que al tratarse de un cambio en las competencias de las comunidades en lo referido al acogimiento de menores, utilizar esta fórmula legal puede ser objeto de recurso judicial. Por eso, el Gobierno se inclina por la presentación de una proposición de ley para modificar la ley de Extranjería y obligar a las autonomías a una distribución equitativa de los niños inmigrantes, aunque su ejecución se alargue todavía más.

Este nuevo entendimiento con Junts se produciría, a pesar de que el partido de Carles Puigdemont insiste en mostrarse duro con el Ejecutivo de Sánchez y en no dejar claro su respaldo a unos nuevos presupuestos. En la Moncloa lo atribuyen todo a su interés por no mostrarse como un partido más de la mayoría parlamentaria y mantener su pulso con ERC. Pero subrayan que "antes estaban declarando la independencia y ahora están enmendando leyes".



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