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Antonio Barrientos, exalcalde socialista de Estepona entre 2003 y 2008, mostraba una alegría contenida. Sereno, pero firme, comenzó a pasar facturas sin elevar el tono. La instrucción, el papel de la Fiscalía y sus compañeros de partido que denunciaron una supuesta trama de corrupción política y urbanística que acabó con su carrera. "¿Quién me devuelve ahora el tiempo robado?", preguntó a los periodistas que le esperaban al final de la escalera de acceso de la Ciudad de la Justicia de Málaga. Era su forma de mostrar su impotencia por el desenlace del caso Astapa. Un macroproceso que surgió dos años después de la operación Malaya y que se ha resuelto judicialmente con 31 absueltos y penas menores para otros 15 acusados.
Barrientos, para quien en un principio pedían diez años de cárcel, finalmente le han impuesto 40.000 euros de multa y cinco meses y siete días de suspensión de empleo o cargo público por la comisión de un delito continuado de cohecho pasivo. Una condena escuálida que el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga ha hecho extensible para el resto de investigados.
Este desenlace menor, que entraba dentro de los cálculos después de que la Fiscalía, en su escrito de conclusiones, redujese notablemente la petición de penas, hizo que Barrientos realizase un duro alegato contra este tipo de causas.
El caso, según afirmó, ha sido "una verdadera aberración y atrocidad. Se habló de desfalco, de organización criminal, me llagaron a pedir 78 millones de euros de responsabilidad civil…". Pero "no hay condenas por prevaricación —adoptar decisiones injustas—, ni por malversación —causar un perjuicio público de las arcas municipales—". "Y se ha demostrado que todo lo referente a los convenios urbanísticos era legal". Motivo por lo que anunció que piensa recurrir, pues recalcó que "fui un alcalde decente".
"Este juicio, después de 17 años, después de todo lo que se ha formado, tiene unas connotaciones que van más allá de lo estrictamente jurídico". Podía referirse a la investigación policial, a la presencia velada del polémico excomisario Villarejo, la actuación del Ministerio Público o a la denuncia de sus dos excompañeros de partido —David Valadez y Cristina Rodríguez— que en 2007 motivó todo. Así que fue repasando el papel de cada uno de ellos.
Sobre Rodríguez y Valadez, que tras su detención le sustituyó al frente de la Alcaldía esteponera, no se mordió la lengua. "Esas personas merecen mi desprecio más absoluto", manifestó, antes de apuntar que "nada" de lo que sostenían se ha sustanciado en la resolución. . "Decía mi abuelo que el mejor desprecio es no hacer aprecio", por lo que sus antiguos ediles "no merecen la pena darles ni un segundo más".
No escatimó dureza para asegurar que la labor de la Fiscalía durante el proceso "ha rayado la indecencia" porque, según opinó, se ha conducido con "una falta de rigor total y absoluta". Le reprochó, además, la "falta de gallardía", "valentía" y "respeto" a las defensas y el tribunal por "no haber acudido a escuchar el fallo".
Antonio Barrientos "La verdad es que tendríamos que hacérnoslo mirar porque 17 años para esto es una verdadera infamia". "Me habían condenado al paredón", pero a pesar de que la pena que se le ha impuesto es mínima, reconoció que "no puedo estar contento" porque "he sido un alcalde honesto".
La investigación quedó seriamente comprometida al hacerse públicos los tejemanejes del excomisario Villarejo
El exdirigente del PSOE, junto a decenas de personas, entre otras, políticos y empresarios del sector del ladrillo, fue detenido durante un operativo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La Fiscalía Anticorrupción ha sostenido desde el inicio de esta causa, en la que se investiga el periodo 2003—2008, que los políticos procesados se valieron de sus puestos de responsabilidad para supuestamente tomar decisiones acciones "orientadas a obtener fondos de promotores y empresarios". ¿El fin? Presuntamente para "financiar actividades públicas y privadas de los partidos políticos en coalición" y en su beneficio propio.
Durante todo el proceso judicial mantuvo la supuesta existencia de "una Caja B con aportaciones de promotores con intereses inmobiliarios" y que se nutría de donaciones o patrocinios de actividades para "eludir controles". Las presuntas irregularidades en los convenios y aprovechamientos urbanísticos para "beneficiar a ciertos empresarios" fue otra de las vías de financiación ilícita que apuntaron los investigadores.
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Imagen de la sala durante la vista en la que se leyó el fallo. (EFE)
Estas acusaciones fueron rebajándose conforme avanzó el proceso. Pero no fue hasta que trascendieron supuestos contactos previos entre los agentes y los denunciantes, se anularon escuchas telefónicas y se difundieron audios de Villarejo que hablaban de este caso, que la investigación quedó seriamente dañada.
La notable rebaja de las penas que aplicó la Fiscalía en sus conclusiones finales hacía presagiar que el caso, considerado una mini Malaya, acabaría minimizado en la sentencia. Aunque pocos esperaban que tanto. Porque a la mayoría de los 15 condenados, tras considerarse que concurrían dilaciones indebidas y extraordinarias, se les ha impuesto multas o suspensiones. Sólo en tres casos se decretó prisión, pero al ser por pocos meses, no ingresarán.
Tras este final a 17 años de proceso, habrá que esperar para saber si la Fiscalía también presenta recurso, ya que para los acusados ha sido una amarga victoria.
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